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Análisis

Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?

La riada del 29 de octubre de 2024 ha generado varias incógnitas sobre los sistemas de previsión. Los mapas de peligrosidad han demostrado ser un instrumento muy efectivo para la gestión del riesgo de inundación, pero hay que ser conscientes de que por muy bien que se delimiten las zonas el riesgo cero no existe.

Comparación entre zonas inundables según la cartografía de peligrosidad y las zonas inundadas el 29-O.

Comparación entre zonas inundables según la cartografía de peligrosidad y las zonas inundadas el 29-O. / UV

Ana Mª Camarasa Belmonte

Catedrática de Geografía Física de la Universitat de València

Disponer de una cartografía de riesgos fiable es fundamental para la toma de decisiones de responsables públicos y actores privados. Ramblas y barrancos son cursos fluviales mediterráneos de circulación intermitente que, en momentos de crecida, pueden generar graves inundaciones. Sin embargo, el riesgo que entrañan ha sido históricamente muy infravalorado, pese a que gran parte de nuestro territorio está drenado por este tipo de sistemas. A ello ha contribuido la falta de conocimiento sobre su funcionamiento hidrológico y geomorfológico, que a su vez es fruto de: el escaso interés económico de unos cursos de agua que permanecen secos la mayor parte del año; una falta endémica de datos hidrológicos en que sustentar los estudios y una deficiente percepción del riesgo por parte de la población.

Esta situación comienza a cambiar de la mano de la Directiva Marco Europea sobre inundaciones (2007/60/CE) que, con una mención explícita a «los cursos intermitentes del Mediterráneo», admite la especificidad de su hidrología; otorga carta de naturaleza a las ramblas y reconoce la importancia de las «inundaciones súbitas» en la generación del riesgo.

Gestión del riesgo

Entre los diferentes instrumentos que se desarrollan en España para la gestión del riesgo destacan los mapas de peligrosidad que delimitan las zonas susceptibles de ser anegadas, el calado de agua que puede alcanzarse y la frecuencia (en términos de período de retorno) con que el fenómeno tiene probabilidad de volver a producirse. En función del nivel de peligrosidad se ordena la ocupación del suelo a través del planeamiento territorial.

La Comunitat Valenciana ha sido una de las pioneras en la elaboración de este tipo de mapas. De hecho, cuenta con dos cartografías oficiales: (1) la del Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), elaborada por la Generalitat Valenciana, y (2) la del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), promovida por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Ambas cartografías, si bien coinciden en lo esencial, también presentan discrepancias, básicamente derivadas de las diferentes metodologías con que se elaboraron. Con objeto de unificarlas, en aras de facilitar la gestión de las emergencias, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta frente a las Emergencias encargó al grupo de investigación Riumed de la Universitat de València la elaboración del MIPICOVA (Mapa Integrado de Peligro de Inundación de la Comunidad Valenciana).

En general, el MIPICOVA ofrece mejor información que las capas originales, porque presenta complementariedad entre las mismas y resuelve ciertas incongruencias de discontinuidad espacial, muy patentes en las cartografías de partida. Llegados a este punto, en el que podría considerarse que la Comunitat Valenciana dispone de una de las cartografías de peligrosidad más fiables y contrastadas del país para la gestión de emergencias, el evento del 29 de octubre de 2024 ha puesto en jaque al sistema de previsión.

De inmediato surge una pregunta: ¿cómo de efectivo es el mapa de zonas inundables para predecir las zonas inundadas? o, dicho de otro modo, ¿se produjeron los desbordamientos donde se les esperaba?, ¿en qué porcentaje del territorio la inundación real coincidió con el área inundable según la cartografía de peligro?

Para contestar estas preguntas, investigadores del Departamento de Geografía de la UVEG han llevado a cabo una comparación entre las zonas inundables según las cartografías oficiales y las realmente inundadas durante la dana de 2024, en el sistema de Poyo-Poçalet-Saleta y en el río Magro https://doi.org/10.4995/ia.2025.24007. Según este estudio la coincidencia entre la máxima superficie inundable marcada en el Mipicova (32,618. 6 ha.) y el área realmente afectada (37,972,05 h) es del 85,9 %.

Este alto porcentaje es mayor en los sectores de cuenca alta y disminuye hacia la desembocadura. Tomando como ejemplo el sistema Poyo-Poçalet-La Saleta, las diferencias más considerables se producen aguas abajo de la Venta del Poyo, donde el territorio está muy antropizado y además acumula las aportaciones de los afluentes al cauce principal.

También queda patente la gran importancia que tiene la geomorfología en la detección de zonas inundables, ya que el 12 % de la coincidencia se produce en las áreas clasificadas de «peligrosidad geomorfológica», esto es, aquellas cuya delimitación va más allá de lo que marcan los modelos hidrológicos e hidráulicos y tiene en cuenta las formas del territorio, que ha ido modelando el propio río en episodios anteriores.

Un fenómeno extremo

A pesar de esta alta coincidencia, existe un 14,1 % de discrepancia, donde la inundación real superó todas las previsiones. Esto se debió, en gran medida a la extraordinaria magnitud del fenómeno (cuyo período de recurrencia superó en mucho los 500 años contemplados en los mapas oficiales), pero también a elementos territoriales que magnificaron y modificaron los espacios inundables, como el intenso sellado del suelo, la presencia de infraestructuras viarias transversales a la dirección del flujo del agua o la proliferación de construcciones bajo rasante.

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Según el estudio, los mapas de peligrosidad se han demostrado un instrumento muy efectivo para la gestión del riesgo de inundación. Por normativa, deben de ser revisados cada seis años y, en nuestro territorio, la actualización está prevista para 2026. Llegados a este punto, se impone una reflexión sosegada sobre algunas cuestiones clave.

En primer lugar, cabría replantearse el uso de los períodos de retorno como indicador de la magnitud del episodio, ya que el cambio climático está evidenciando un incremento en la intensidad y frecuencia de los eventos extremos. Al menos para estos casos, la delimitación del área inundable debería incluir la totalidad de la zona realmente inundada por el máximo evento registrado.

Por otra parte, la peligrosidad geomorfológica debería ganar espacio en el mapa, dado el gran protagonismo que ha tenido esta categoría en el porcentaje de coincidencia entre zonas inundables e inundadas. En este sentido, aunque sólo fuera a efectos de gestión de la emergencia, habría que recuperar el nivel 8 de Patricova (que incluía grandes sistemas de glacis, abanicos pleistocenos y otras áreas susceptibles de ser afectadas), que nunca llegó a ver la luz.

Seguimiento en tiempo real

Por último, la cartografía debería de perder rigidez y dejar de ser un instrumento estático para adquirir dinamismo, apoyándose en la participación ciudadana y en el seguimiento de la emergencia en tiempo real.

En cualquier caso, debemos de ser conscientes de que, por muy bien que delimitemos la zona inundable: (1) el riesgo cero no existe y (2) para que la cartografía sea eficaz debe ser aplicada con rigurosidad y valentía, tanto durante la fase de la emergencia, como (y, sobre todo) en la fase previa que atañe a la planificación y ocupación del territorio. De lo contrario, los mapas de peligrosidad perderán utilidad y eficacia, para quedar reducidos a la mera constatación de una ordenación contra-natura, tal y como está pasando en muchas de las zonas inundables de nuestras ramblas y barrancos.

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