Los bomberos y la Diputación acuerdan aumentar los efectivos mínimos en los parques principales
El pacto incluye una reducida ampliación de plantilla, aunque en la escala de mandos, una mínima subida salarial y un sexto turno a partir de 2026

Protesta de los bomberos en la diputación. / Miguel Angel Montesinos

Se convirtió en la huelga de celo más larga de la historia, y en uno de los conflictos laborales más enquistados. La Diputación de València da por zanjado el desacuerdo con los bomberos del Consorcio Provincial por sus condiciones laborales después de meses de propuestas cruzadas no aceptadas y manifestaciones. El acuerdo, que han firmado desde la dirección del Consorcio con representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, contempla una de las reivindicaciones: aumentar los efectivos mínimos presentes en los parques principales.
En concreto, según fuentes sindicales, habrá dos personas más por cada uno de los parques principales. También se ha llegado a un compromiso de ampliación de plantilla, aunque se centrará en la escala de mandos, con una treintena de cabos más, y habrá un sexto turno a partir de 2026. Eso sí, el incremento retributivo pactado es mínimo: ronda una subida de alrededor de 100 euros al mes el primer año. Desde la Diputación ni siquiera lo mencionan.
Entrará en vigor en 2026
Desde la Diputación celebran que la Mesa General de Negociación del Consorcio haya aprobado este viernes el Acuerdo sobre Condiciones Comunes de Trabajo del personal empleado público para el periodo 2026-2029. “Un documento que actualiza y moderniza el marco laboral del Consorcio y que permitirá normalizar de manera definitiva la relación entre la entidad dependiente de la Diputación de València y los representantes sindicales”, destacan.
El documento aprobado sustituye al acuerdo de 2022 y regula la organización de la jornada, los turnos operativos, el sistema de permisos y licencias, las condiciones económicas, la formación y la carrera profesional de los bomberos. El nuevo marco se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Dotaciones mínimas y jornada
Fuentes de la Diputación y sindicales coinciden en señalar como una de las novedades más destacadas la ampliación de las dotaciones mínimas de guardia en los parques principales mediante la incorporación de una salida adicional de dos efectivos. Para el presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, "supondrá una notable mejora, tanto para la ciudadanía porque las movilizaciones de emergencia serán más completas, como para los propios bomberos porque actuarán con mayor seguridad". El anterior acuerdo de mínimos es anterior al año 1992.
También se define una jornada general equivalente a 1.632,5 horas anuales para el personal operativo, la implantación del sexto turno a partir de 2026, la posibilidad voluntaria de acogerse a una jornada especial ampliada desde 2027, la regulación detallada de la organización de guardias y de los cambios asumidos con carácter administrativo, así como el establecimiento de un sistema de permisos que integra los días de asuntos propios en el propio cuadrante.
El tema de los salarios, pendiente
De los sueldos, la Diputación solo indica que el acuerdo también incluye “un régimen económico actualizado conforme a la normativa presupuestaria”, un paquete de prestaciones sociales para el personal y la garantía de 48 horas anuales de formación dentro del cómputo horario, a partir de 2026. El acuerdo incorpora, además, el compromiso de revisar y actualizar el Reglamento de Carrera Profesional antes del último trimestre de 2026, y es ahí donde los trabajadores confían en que se puedan revisar las tablas salariales.
Desde UGT celebran que se atienden “aspectos tanto económicos como operativos y de inversión que llevarán al camino de de mejora del cuerpo”. Asimismo, reconocen que ha sido una negociación compleja en la que se ha tratado de conseguir la máxima de mejora de las condiciones.
"El tiempo ha dado la razón a todos los que apostábamos por el diálogo como el mejor camino para avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal de bomberos", ha asegurado Mascarell, que ha agradecido “a los sindicatos que han tenido claro que lo que había que hacer es sentarse a hablar desde el respeto y la responsabilidad". “El servicio público de emergencias requiere una respuesta permanente, y contar con un acuerdo claro sobre turnos, disponibilidad, formación y gestión del personal es fundamental para mantener la máxima operatividad los 365 días del año”.

Los bomberos del consorcio de Valencia protestan contra Mompó, en la Ciudad de la Justicia. / Germán Caballero
Dos sindicatos en contra
Pero han votado en contra Intersindical y CGT. Desde el primero de estos sindicatos aseguran que la falta de personal no se ha solucionado. Cuando acabe el proceso selectivo ya en marcha y las promociones internas seguirán faltando 120 efectivos. En la dana, denuncian, faltaban 200. “Hasta ahora los mecanismos han sido no cubrir la plantilla por una cosa o por otra, las ofertas públicas de empleo se tardan en publicar y siempre hay déficit”, denuncian.
Sobre los salarios, explican que el incremento en 2026 será de unos 100 euros al mes brutos, pero que desde 2027 habrá una ampliación de jornada encubierta. Así consideran la ficha de mayor dedicación, que es la que aumenta en 48 horas su jornada en 2028. “Lo que hay que hacer es contratar más personal, no aumentar las horas entre los que somos”. Y denuncian que hay vehículos pendientes de comprar desde mayo.
Historia de un incendio laboral
En pleno verano, los bomberos del Consorcio Provincial iniciaron su huelga de horas extra, o, como la llaman, “huelga de celo”, es decir, se limitaba a hacer sus horarios, pero ni una hora más, para que se hiciera visible la falta de personal, que incluso obligó a cerrar parques. La huelga tenía por objetivo conseguir que la Diputación de València cumpla un preacuerdo que se llegó a alcanzar -y posteriormente se rompió- para ampliar de forma estructural la plantilla del consorcio y mejorar las condiciones laborales. La dirección del Consorcio y la Diputación, por su parte, aseguraban que la marcha atrás era una cuestión económica: la regla de gasto no permitía a la corporación acometer ese desembolso.
Los sindicatos señalaban que un estudio de la Universitat de València indicaba que la plantilla debía situarse entre 767 y 775 bomberos y bomberas para equipararse a la media nacional.
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