El Consell pide por carta al Gobierno un plan sin la "imposición climática" de la UE
La vicepresidenta Sara Aagesen afea al PP que base su propuesta en el "negacionismo climático" a horas de la investidura de Pérez Llorca

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso. / Eduardo Parra / Europa Press

El rechazo del Consell a las políticas energéticas de la Unión Europea las verbalizó Carlos Mazón en marzo, en una declaración institucional en las Corts ante el acuerdo de presupuestos con Vox, y se ha materializado en una carta del propio Ejecutivo autonómico al Gobierno central en la que le reclama diseñar un "plan de soberanía energética" que, entre otros asuntos, "quede exento de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales". No lo menciona, pero el texto va en todo momento enfocado a las actuaciones surgidas desde Bruselas.
Así lo ha desvelado este miércoles la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la sesión de control en el Congreso donde ha compartido con la cámara el texto firmado por la Conselleria de Turismo, Industria e Innovación que encabeza Marian Cano. En él se basa en un acuerdo de las Corts entre PP y Vox en el que, entre otros asuntos, se reclama al Consell instar al Gobierno central a llevar a cabo un "plan de soberanía energética" que quede al margen de "toda imposición climática" de la UE vista "la nefasta aplicación del Pacto verde y la Agenda 2030".
La petición surge de una Proposición No de Ley aprobada en comisión parlamentaria por ambas formaciones el pasado 30 de octubre, unos días antes de que dimitiera Mazón. Precisamente el rechazo al Pacto verde de la UE, impulsado en Bruselas por el PP europeo (que gobiernan las principales instituciones comunitarias), los socialistas y los liberales, es una de las exigencias que ha fijado Vox para apoyar la elección de Juanfran Pérez Llorca como nuevo 'president' de la Generalitat este jueves. La carta está fechada en el 24 de noviembre, tres días antes de esa votación.

El síndic de Vox, José María Llano, interviene en un pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts
No obstante, antes de que esta posibilidad estuviera encima de la mesa, el PP ya había aceptado esta línea argumental de los voxistas. En esta resolución, el Consell pide al Gobierno central además de "garantizar que la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales", que se alargue la vida útil de la central nuclear de Cofrente así como que se pueda crear otras nuevas plantas "en cantidad suficiente para garantizar la soberanía energética".
"Negacionismo climático"
Junto a ello, añade la exigencia al ministerio de que se reconozca "públicamente la creciente inestabilidad del sistema eléctrico español como una consecuencia directa de las políticas de cierre de centrales de generación firme debido a la nefasta aplicación del Pacto verde y la Agenda 2030 sin alternativa de apoyo suficiente" y que promueva, "en el seno de la Unión Europea, la supresión del mercado de emisiones y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta por su carácter especulativo ya que lastra la economía y provoca la pérdida de industria".
Tras leer el contenido de las peticiones al ministerio, Aagesen ha afeado al PP que haya asumido el discurso de Vox en materia energética y de lucha contra el cambio climático. "¿En serio? ¿Su propuesta de política energética se basa en el negacionismo climático y el antieuropeísmo?", se ha preguntado con ironía la vicepresidenta refiriéndose directamente a los 'populares' a lo que ha añadido: "España ni se lo merece ni se lo puede permitir".
Cabe recordar que dentro de este rechazo de las políticas comunitarias en materia de cambio climático Vox ha fijado en las últimas semanas como uno de sus objetivos las zonas de bajas emisiones (ZBE) en las ciudades. De hecho, la semana pasada, la formación presentó una proposición no de ley de tramitación de urgencia para revertir las zonas de bajas emisiones (ZBE), algo que han tumbado en el Ayuntamiento de València por ven como una "imposición ideológica de Bruselas", asumido por socialistas y populares, que responden a una "agenda climática radical".
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