El Defensor del Paciente pide una investigación a la Fiscalía sobre los equipos contra el cáncer parados

El Defensor del Paciente ha elevado a la Fiscalía Superior de Valencia el asunto de los equipos de radioterapia intraoperatoria de la Conselleria de Sanidad adquiridos en 2023 y sin usar desde entonces. Lo hizo ayer en un escrito dirigido al organismo judicial, al que ha tenido acceso Levante-EMV, en el que le solicita abrir una investigación y actuar de oficio en este asunto al considerar que el asunto pone "en peligro a las personas con necesidad de tratamientos oncológicos".

El escrito del organismo se basa en la ley 14/1986 General de Sanidad que establece "que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir atención sanitaria adecuada y oportuna" y el Defensor del paciente considera que la comunidad autónoma, en este caso la valenciana, podría estar incumpliendo la ley por la "falta de provisión de servicios sanitarios" y cree que, si han dado casos de agravamiento de las patologías o muertes como consecuencia de esta inoperatividad de las máquinas, "podrían imputarse delitos como homicidio o lesiones como delito público", amparado dentro del artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. En principio, el no uso de los equipos no supone que no se esté dando asistencia a los pacientes, pero supone eso sí un desaprovechamiento de los recursos técnicos en los departamentos del General de Castellón y el de Elx. Por todo ello, alega que podrían darse responsabilidades civiles, pero también penales.

Acción "deliberada"

"Cuando hay enfermedades como el cáncer, que si se tratan a tiempo, pueden curarse, no hacerlo es responsabilidad del Gobierno de la Comunitat Valenciana -, afirma con rotundidad Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente-. El fiscal debe actuar de oficio e investigar si se ha dejado de tratar a muchas personas con cáncer, acarreando una dejación de funciones y un abandono". Flores considera que el departamento de Marciano Gómez no incurre en un delito por desconocimiento de causa, sino que es una "acción deliberada", que califica de "miserable". Los sindicatos criticaban el lunes a Sanidad por fomentar las derivaciones a la sanidad privada y no acelerar la adaptación de los quirófanos a la nueva tecnología; es el motivo alegado por las fuentes oficiales de la Generalitat Valenciana, que señalan directamente al Botànic por "no haber preparado las instalaciones antes de realizar la compra", financiada con fondos europeos.

Choque político

La cofinanciación comunitaria es una de las razones por las que el PSPV-PSOE está estudiando toda la documentación relativa a estos tres aceleradores de electrones móviles, que permiten irradiar directamente sobre el tumor de forma directiva y menos invasiva después de una cirugía, para decidir si eleva una denuncia a la Unión Europea para proteger a los pacientes y evitar que la financiación y la credibilidad de la sanidad pública valenciana se vean comprometidas, como publicó el martes este periódico. Las mismas fuentes instaban al PP a dejar de escudarse en la "herencia recibida" por el Botànic y asumir la responsabilidad sobre las obras, las autorizaciones y la puesta en marcha de estos equipos.

De los tres adquiridos por Sanidad en 2022, que se entregaron a finales del 2023, solo uno está en funcionamiento, el ubicado en el hospital Clínico de València. Su puesta en marcha fue anunciada por la Generalitat a principios de julio de este mismo año. La propia Conselleria reconoció a este periódico que, aunque se está ultimando la puesta en marcha de los equipos parados -en Castellón falta finalizar la tramitación del Consejo de Seguridad Nuclear que ya ha emitido la primera homologación y, en Elx, podría ponerse en marcha a finales de año, según unas fuentes o en 2026, según otras - aún no están usándose.

A la espera de la Fiscalía

El Defensor del Paciente espera que la Fiscalía abra al menos diligencias para esclarecer las consecuencias de la falta de aprovechamiento de los recursos técnicos en el tratamiento oncológico. "Normalmente, suele responder pronto -, concluye Flores-, aunque no siempre lo hace del modo que nos gustaría". Así ocurrió en marzo de 2024, cuando el Defensor del Paciente trasladó un supuesto retraso en la realización de mamografías a 150.000 mujeres que dio a conocer el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, aunque fue archivada solo 24 horas después al no "apreciar indicio alguno de delito en los hechos comunicados".

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