Con 64 años y una pensión de 564 euros: "Llevo más de 10 años en lista de espera para un piso social"

Por más que haga números las cuentas no le salen. Se llama Desamparados Durán, tiene una discapacidad del 66% por un diagnóstico de salud mental y de ahí recibe una pensión no contributiva de 564,70 euros al mes que son sus únicos ingresos. Tras la pandemia, la desahuciaron de un piso y desde entonces vive en habitaciones de alquiler del área metropolitana. Ahora, por una habitación en Almàssera paga 250 euros (más gastos de luz y agua). Sí o sí, debe abonar todos los meses un pago de 86 euros al mes por la Ley de Segunda Oportunidad, para concluir una deuda generada hace años con la Seguridad Social por impago de la cuota de autónomos. Así, apenas le queda 100 euros para pasar el mes, medicación y comida incluida. "Hay veces que no tengo ni dinero para coger el autobús", asegura la mujer. A su diagnóstico de salud mental se suma un accidente de tráfico que la ha dejado con secuelas de movilidad y un dolor de estómago, que aún está por tratar. Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almàssera la han atendido y le están tramitando una serie de ayudas, pero las que gestionan ellas de forma directa (las ayudas municipales) solo se pueden entregar cuando la mujer lleve seis meses residiendo en esta localidad. Y, de momento, lleva dos. Sin embargo, asegura que debe salir del piso en el que está viviendo más pronto que tarde.

Por ello, acudió, con cita previa (que gestionaron en Servicios Sociales) a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) para saber cómo iba su petición de vivienda social. Forma parte de la lista de espera desde hace más de una década. La primera vez que solicitó un piso social fue en 2014 y desde entonces, va y pregunta cada cierto tiempo "porque necesito un piso". De hecho, la mujer renueva su solicitud cada dos años. Desamparados reconoce que ella acude a la EVHA convencida de que su espera ya ha durado suficiente y de que ha llegado su turno. Y la mujer no se cree la respuesta que siempre le dan: "Me dicen que no hay vivienda social, pero eso no puede ser. Alguna tiene que haber y alguna tiene que haber para mí que soy mayor, estoy enferma, no puedo trabajar, tengo problemas de movilidad y una pensión muy pequeña. Si lo mío no es una urgencia ¿qué es?", asegura, y explica que acude a los medios de comunicación porque ya no sabe a qué puerta llamar.

Sin embargo, las listas de espera en la EVHA no han parado de crecer en los últimos años en una autonomía que carece de parque público disponible. De hecho, la Comunitat Valenciana ha perdido vivienda pública durante décadas. En 1998 había 30.935 pisos sociales. Ahora hay 14.000. Durante años, la Generalitat Valenciana vendió vivienda pública bajo la premisa de que todo aquel que pudiera fuera propietario en la era del ladrillo. Ahora el plan del Consell consiste en volver a construir. Y en esas están, mientras las solicitudes para tener un piso social en alquiler superaban las 50.000 en 2024 (aunque desde la conselleria recalcan que una familia puede presentar varias solicitudes en distintos pueblos) y las familias superan las 13.000. Una de ellas es Desamparados, que recalca que "ya ha esperado bastante" porque "lo mío es una urgencia real".

Miedo a "morir sola en una habitación"

La vida de Desamparados dio un giro de 180 grados cuando la mujer se acercaba a los 50 años y sufrió un brote que la dejó un tiempo ingresada en la unidad de psiquiatría del hospital. "Ahí empezaron todos mis problemas porque al no poder trabajar se cortan los ingresos y todo se va al traste. Trabajaba en una multinacional, luego monté una tienda de ropa, pero como estaba enferma, pues lo tuve que dejar, pero mi gestor no me dio de baja y generé una deuda con la Seguridad Social que aún estoy pagando y me limita pedir otras ayudas y poder salir adelante", asegura. La mujer pide un piso social "pequeño, que pueda pagar" porque teme "morir sola en una habitación".

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