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El PSPV reta a Llorca a "devolver" el puesto en la Mesa de las Corts tras admitir el Constitucional su denuncia

Los socialistas reclaman aprovechar los cambios del nuevo Consell para recuperar el cargo que ostentaba la formación hasta la dimisión de Bravo

José Muñoz, síndic del PSPV, interviene en la sesión de investidura de Llorca.

José Muñoz, síndic del PSPV, interviene en la sesión de investidura de Llorca. / Fernando Bustamante

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

"La Sección Cuarta ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional". Es la notificación del Tribunal Constitucional para aceptar la denuncia del PSPV sobre su puesto en la Mesa de las Corts, el órgano de dirección de la cámara que tenía Gabriela Bravo hasta su salida de la política y tras un pacto de PP y Vox acabó recayendo en la dirigente 'popular' Magdalena González de la Red.

Nueve meses después de aquella votación y su posterior demanda por parte de los socialistas al ser el único grupo parlamentario fuera de esta institución pese a ser el segundo partido con más escaños, el tema ha regresado a la actualidad. La investidura de Juanfran Pérez Llorca ha reabierto una reclamación por parte de la formación que lidera Diana Morant que no solo tiene la vía judicial como elemento de presión sino que utiliza también los posibles cambios en el Consell y el intento de exhibir nuevo talante conciliador por parte del nuevo 'president'.

Así lo ha expresado este lunes el síndic del PSPV, José Muñoz, quien ha reclamado a Llorca que devuelva a la formación lo que, ha asegurado, les "corresponde" por "higiene democrática". "Si quiere ser creíble, que devuelva lo que corresponde al PSPV por los votos que tiene, si no lo hace ahora lo acabará haciendo con una sentencia del Constitucional", ha indicado Muñoz que ha recordado el "precedente" en la Asamblea de Madrid con Más Madrid que también quedó fuera de la Mesa de ese parlamento pese a corresponderle estar presente por votos.

Para ello, los socialistas han puesto sus ojos en una de las informaciones que ha publicado este periódico respecto a las quinielas sobre la posible configuración del nuevo Consell. Para este suena la citada González de la Red, persona de absoluta confianza de Llorca. Su marcha al Ejecutivo autonómico dejaría el cargo de vicepresidenta segunda de las Corts vacante, como ocurrió en febrero con la salida de Bravo, lo que obligaría a someterlo a votación de las Corts.

Los diputados de las Corts votan la elección de la nueva vicepresidenta segunda de las Corts.

Los diputados de las Corts votan la elección de la nueva vicepresidenta segunda de las Corts. / Fernando Bustamante

En aquel entonces, el PSPV aseguró que les correspondía a ellos elegir a la sustituta de la exconsellera para lo que propusieron a María José Salvador, sin embargo, el PP exigió como condición para no plantear una candidata alternativa pactar la renovación de los órganos estatutarios. No ocurrió y los 'populares' presentaron a González de la Red que fue elegida con los votos de PP y Vox frente a los apoyos, insuficientes, de socialistas y Compromís a Salvador.

Mayoría en la cámara

Esta elección dejó la composición de la Mesa con tres representantes del PP, una de Vox (la presidenta) y una secretaría para Compromís abriendo además una situación inédita de que el principal grupo de la oposición no estuviera en este órgano. Esta abrumadora mayoría de la derecha en la Mesa es la que posibilitaría que los 'populares' aceptaran "devolver" este puesto al PSPV sin que ello supusiera un problema en la gestión de la cámara.

Más bien, esta acción podría ser considerado un gesto por parte de Llorca en ese intento de exhibir la suya como una nueva etapa diferenciada de la de Mazón. Mientras tanto la denuncia prosigue su camino en el Constitucional aunque los plazos que suele manejar este tribunal complican que cualquier sentencia, en caso de ser afirmativa, acabe pudiendo tener efectos prácticos en esta legislatura, a la que le quedan unos 15 meses (a nivel parlamentario).

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