La Audiencia de València exime a 4 condenados no funcionarios del caso Blasco de pagar por las ayudas defraudadas ante la "falta de datos del Consell"

La sección quinta de la Audiencia de València ha eximido definitivamente al empresario Augusto Tauroni y otros tres condenados más de pagar responsabilidad civil por el desvío de las ayudas a la cooperación, en la ejecución de sentencia de la condena firme en las piezas 2 y 3 del Caso Blasco, según un auto dictado el 26 de noviembre y notificado ayer a las partes. Una decisión en la que reitera los argumentos de otro auto anterior dictado el 8 de octubre de 2025 y que ratifica: la falta de valoración de la Generalitat del dinero defraudado evita reclamar parte de esas cantidades desviadas a los condenados "no funcionarios". El Tribunal de Cuentas será el que decida sobre estos últimos, entre los que está el siete veces conseller, Rafael Blasco, y algunos de sus más estrechos colaboradores.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat presentaron sendos recursos de súplica contra el auto del 8 de octubre. El Ministerio Público solicitaba dejar sin efecto el citado auto del 8 de octubre porque al decidir no condenar a pagar una cuantía en concepto de responsabilidad civil a los cuatro condenados no funcionarios genera "un agravio comparativo entre las personas condenadas en el presente procedimiento", además de "vulnerar la legislación penal en materia de responsabilidad penal”.

Agravio comparativo

La Abogacía de la Generalitat defendía que la cantidad que se debía devolver como responsabilidad civil por el total de las subvenciones abonadas y no justificadas era de 5.667.930,54 euros, a la que restaban "subvenciones que llegaron a su destino y gastos indirectos que no precisan justificación", aunque también abogaban porque el Tribunal de Cuentas dictara sentencia para "evitar contradicciones".

La Generalitat también apela al informe de un perito, que declaró en el juicio de las piezas 2 y 3 del caso Blasco por el desvío de las ayudas a la cooperación, que dio una cifra de 3.221.287,92 euros desviados, aunque aunque aseguró que esta cantidad «no implicaba cuantificación». El abogado del empresario Augusto Tauroni, José Vicente Gómez Tejedor, solicitó que se rechazaran estos recursos de súplica, por la falta de concreción en las cuantías a reclamar. El letrado Gómez Tejedor ya consiguió ser absuelto por el Tribunal de Cuentas en la pieza 1 del caso Blasco y que la Generalitat tuviera que pagarle 121.295 euros por los gastos en costas.  

Dudas e imprecisiones

Las dudas e imprecisiones sobre la responsabilidad civil en las piezas 2 y 3 del caso Blasco ya se criticaban en el auto del 8 de octubre, que ahora se ratifica. Los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València señalaban en su fallo de hace dos meses: «Resulta incomprensible que transcurrido tanto tiempo, casi 10 años desde que emitiera tal informe, no le haya sido posible a la Generalitat Valenciana presentar un informe actualizado y claro, del que salga como resultado el importe de la cuantificación de los daños y perjuicios que el obrar de los condenados le haya podido causar a su presupuesto y a su propia fiabilidad como recaudadora y gestora de fondos públicos». Por tanto, concluían los magistrados de la Audiencia de València que no pueden establecer el importe de la responsabilidad civil de los condenados «al carecer de la preceptiva aportación de datos».

Argumentos que reiteran los tres magistrados de la sección quinta, Soniria Chirinos Rivera (ponente), Alberto Blasco Costa y Javier Almonacid Lamelas, en el auto notificado ayer a las partes. "La Sala carece de las competencias de contable. Ni pretende asumir un rol que no le toca. Ya en sentencia se le exigió [a la Generalitat Valenciana] que se concretaran las cantidades. Fue decisión de la GV la de pretender condicionar la decisión a adoptar, en la pieza de ejecución, a la elaboración del informe del Tribunal de Cuentas, “para evitar discrepancias”. Para los magistrados, "seguimos en la misma indeterminación o falta de concreción que existió desde el principio" de la vista oral del juicio.

El auto vuelve a arremeter contra la administración autonómica. "No parece que sea tan difícil para la Administración, con todo el tiempo que ha tenido, presentar un sencillo cuadro en el que se expliquen los conceptos, se razonen las cantidades y se explique por qué si tan exacto era el informe de legalidad del perito que declaró en la vista oral, no se centraron en él, sin necesidad de esperar a una instancia que a la Sala no vincula". Y añaden que "estamos en la misma situación en la que nos encontrábamos 5 años atrás", tal como aseguraron en el auto del 8 de octubre recurrido. "Nada ha cambiado. Ni siquiera se ha intentado un nuevo informe pericial. Es más, las alegaciones formuladas por los recurrentes pretenden que aceptemos un informe pericial que data del año 2016 que en su momento no sirvió y que ahora nada aporta".

Una falta de concreción que para los magistrados de la sección quinta determina que "no se haya ha podido fijar por vía de ejecución penal el monto de las cantidades a las que en concepto de reparación de daños y perjuicios deben responder los condenados, sin perjuicio de las acciones civiles que la Generalitat decida plantear contra ellos".

La responsabilidad civil se derivó

El juicio por las piezas 2 y 3 del Caso Blasco se celebró entre abril y julio de 2019 y la sentencia se conoció el 24 de abril de 2020. Se saldó con la condena a penas mínimas, porque los hechos eran similares a la pieza 1 del Caso Blasco (que sí llevó a la cárcel al exconseller Rafael Blasco o al empresario Tauroni, entre otros). Pero el tribunal no fijó la responsabilidad civil en la sentencia porque la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por el Botànic, no realizó ningún informe pericial sobre las ayudas repartidas y los proyectos ejecutados para determinar a cuánto ascendió el fraude realmente. De hecho fue el principal caballo de batalla del segundo juicio del Caso Blasco que condenó el desvío de las ayudas a la cooperación a Perú, África y Haití.

La Generalitat Valenciana y la Coordinadora valenciana de ONGD solicitaron a la sección quinta que aclarara a cuánto ascendía el dinero desviado para que los condenados devolvieran el dinero desviado. Las cifras variaban desde los 8 hasta los 5 millones. La Abogacía de la Generalitat llegó a reclamar a l tribunal durante el juicio: «Haga una cuantificación porque si se deriva al Tribunal de Cuentas se nos escapa un montón de gente».

Baile de cifras

La cifra total se discutía porque los acusados defendían que algunos trabajos sí se hicieron. Y un interventor que declaró como perito dio una cifra de 3.221.287,92 euros desviados, aunque aunque aseguró que «no implicaba cuantificación». Así que la Audiencia de València derivó al Tribunal de Cuentas la valoración del desfalco.

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