El grado de discapacidad supera los 61.000 expedientes en lista de espera y tarda un año y medio

Cuando una persona ve mermadas sus capacidades tras una enfermedad, un accidente o cualquier situación que conlleve una discapacidad (sobrevenida o por nacimiento) debe solicitar el certificado que así lo acredite. Se denomina certificado de discapacidad, lo tramita y expide la Conselleria de Servicios Sociales (desde los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante) y refleja un porcentaje que, si es mayor del 33%, implica la puerta de entrada a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, la Administración tarda un año y medio en tramitar los expedientes, de media, según estima el Síndic de Greuges, Ángel Luna, que decidió abrir una investigación al respecto tras detectar un notable incremento de quejas ciudadanas relacionadas con este problema desde 2024. Y es que sin esa valoración oficial del grado de discapacidad las personas se quedan en un limbo que las deja sin las ayudas, becas, terapias, prestaciones, beneficios fiscales, puntos de acceso... que necesitan.

La valoración oficial del grado de discapacidad es un paso imprescindible que se demora demasiado. Sin embargo, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha cerrado su investigación de oficio sobre las graves demoras en la valoración de la discapacidad con el compromiso de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar algunas de las recomendaciones propuestas para atajar el problema, y que implican un plan de choque.

El defensor propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes. Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque sin concretar plazos de cumplimiento. La Administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión; y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

La Conselleria espera que estas medidas ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que supera los 61.000 en toda la Comunitat, según la información que ha proporcionado a esta institución. Una cifra que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes.

La incertidumbre se mantiene

Por contra, la Administración ha rechazado la recomendación de informar de manera individual a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, alegando que supondría una carga administrativa extra no prevista en la ley. También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera razonables y necesarias para garantizar una buena administración y reducir la incertidumbre de las personas afectadas.

Luna ha lamentado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad sea de un año y medio y ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas. 

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