Sanidad no da por extinguido el contrato con Sanitas por el Hospital de Manises hasta que no pague las liquidaciones pendientes

Un centro hospitalario en un limbo bastante particular. Desde mayo del año pasado, el Hospital de Manises ha pasado a ser gestionado por la sanidad pública desde que finalizara la concesión de su explotación, que estaba en manos de una empresa del Grupo Sanitas. Pero, sobre el papel, administrativa o económicamente, la Conselleria de Sanidad no puede dar por extinguida esa concesión. Y no puede hacerlo porque la empresa que gestiona el hospital, Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA, debe todavía las liquidaciones pendientes de 2023 y los meses de concesión de 2024 a la Conselleria de Sanidad, que no cuantifica de qué cifra se trata. Las liquidaciones de los años 2011 a 2022, que la justicia obligó a pagar y que desde Conselleria aseguran que ya están abonadas, ascendían a 246 millones de euros.

Pero esos flecos que todavía quedan por pagar impiden que se pueda dar por cerrado el capítulo de la gestión privada del hospital. Así lo han manifestado por escrito desde Sanidad en su respuesta a una queja de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública ante el Síndic de Greuges. La Plataforma denunció ante el Síndic el estado en que quedaron las instalaciones tras el paso de la concesionaria: camas rotas, enchufes sueltos y al aire, equipos médicos pegados con celo, mesas y cajones totalmente destrozados. Por eso, reclamaron que la empresa Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA fuera sancionada y no se le devolviera la fianza de 7,3 millones de euros depositada a favor de la Generalitat.

“Obligaciones contractuales pendientes”

Desde el Síndic de Greuges, pues, pidieron a Sanidad que respondiera por escrito a la queja. Hubo un silencio largo ante la resolución del Síndic, denuncian desde la Plataforma. Finalmente, la Sindicatura denunció que Sanidad no había “realizado las actuaciones necesarias" de respuesta, apuntó que “toda la ciudadanía, incluidos los miembros del parlamento valenciano, podrá conocer la desatención de las actuaciones” y destacó la “falta de colaboración” de la Conselleria.

Después de este último pronunciamiento, la Conselleria respondió por escrito el 6 de noviembre. En ese escrito, explicaban desde el departamento de Sanidad que “la devolución de la fianza no se hará efectiva hasta la extinción del contrato, proceso que no puede entenderse plenamente finalizado por persistir obligaciones contractuales pendientes”. Es decir, que no se puede, todavía y en el plano administrativo, dar por extinguida la concesión con la compañía del Grupo Sanitas. Esas “obligaciones contractuales” que están pendientes y que lo impiden son, como se detalla en la respuesta, “la falta de ajustes de facturación de las anualidades 2023 y 2024 y la ausencia del acta de recepción definitiva”.

Pendientes del acta de recepción definitiva

En el documento se incide en esa situación anómala. “Aun cuando la reversión de la concesión administrativa del Departamento de Salud de Manises se ha materializado, subsisten obligaciones pendientes de cierre que requieren un análisis detallado por parte de la Conselleria, tanto de la situación actual del Departamento como del grado de cumplimiento de las inversiones a las que la concesionaria estaba obligada”, inciden desde Sanidad. 

Sobre la reclamación original de la Plataforma -que no se devolviera la fianza -, Sanidad considera que todavía no se puede abordar ese escenario. Los potenciales incumplimientos, por ejemplo sobre el cuidado de las infraestructuras, equipamiento y mobiliario, se fijarán en el acta de recepción definitiva, el documento que cierra oficialmente la concesión. “En caso de que la restitución no se hubiera efectuado en las condiciones exigidas contractualmente, tales incumplimientos se harán constar en dicha acta y se compensarán en la liquidación económica final, esto es, la correspondiente a la anualidad 2024”, detallan desde Sanidad. Pero, concluyen, “mientras existan extremos económicos, materiales o técnicos pendientes de depuración y cierre mediante las correspondientes liquidaciones y la formalización del acta de recepción definitiva, no procede la devolución de la fianza”.

246 millones de euros ya abonados

Se trata, en general, de cantidades elevadas. La propia fianza asciende a 7,3 millones de euros depositados por la concesionaria a favor de la Generalitat. Pero, además, eran 246 millones los que Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA debía a la Conselleria de Sanidad por las liquidaciones de los años 2011 a 2022. 

La empresa había pedido como medidas cautelares que se suspendiera ese pago. Afirmaba que podía llevar a la disolución de la sociedad. Al menos, hasta que se resolviera el recurso judicial que habían presentado por la vía contencioso-administrativa. Pero un auto del Tribunal Superior de Justicia les conminó a pagar y recordaba que han obtenido beneficios de 148 millones de euros entre 2009 y 2024 y que han repartido dividendos de 100 millones. Según Sanidad, ya se han abonado esos 246 millones, y lo que queda por pagar es lo correspondiente a 2023 y los meses de explotación de 2024, que no cuantifican. "No hay cifra aún porque se está trabajando en ello", han indicado fuentes de la Conselleria.

Grupo Sanitas: a la espera de que se responda a sus alegaciones

Por su parte, desde Grupo Sanitas recuerdan que la empresa concesionaria presentó recurso contencioso- administrativo ante el TSJ, para impugnar las liquidaciones, al entender que las mismas no se ajustan a lo previsto en el contrato de concesión, los pliegos y los acuerdos de la Comisión Mixta. Sobre las liquidaciones impagadas de 2023 y 2024, aseguran que siguen a la espera de que se inicien los correspondientes procedimientos de liquidación de dichos años y se responda a las alegaciones presentadas al acta de recepción.

"La compañía se ha mostrado siempre dispuesta a realizar las liquidaciones correspondientes en cada uno de los ejercicios durante los años de la concesión y así se lo ha hecho saber en reiteradas ocasiones a la Administración", han destacado fuentes del grupo empresarial, que afirman que la compañía "se limita a exigir el estricto cumplimiento del contrato, pliegos y los acuerdos adoptados en Comisión Mixta". Esos criterios para efectuar las liquidaciones del contrato, apuntan, los estableció en su día el TSJ, y según ellos, "reconocidos por sentencia firme, se realizó el pago de las liquidaciones 2009-2010". "En todo caso, la compañía, como ya ha mencionado, no está de acuerdo con el criterio empleado por la Generalitat para realizar las liquidaciones y estamos a la espera de pronunciamiento judicial a este respecto", han concluido. Añaden, además, que en el periodo de la concesión se ha invertido un total de 138,1 millones de euros, "tal como indicaba el pliego".

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