La millonaria factura de la dana, la catástrofe más cara de la historia de España

La factura de todas las catástrofes del año 2024 es abultadísima. El coste supera los 11.330 millones de euros, y los costes asegurados derivados de los desastres naturales ascendieron a 6.335 millones. Pero la mayor parte de los costes los generó, sin duda, la dana del pasado 29 de octubre. La riada fue el evento más costoso jamás registrado en España para las aseguradoras, según el Barómetro de Catástrofes 2024 presentado por la Asociación Clúster de Catástrofes. Los daños per cápita de la barrancada en la Comunitat Valenciana ascendieron a 990 euros, que no son nada en comparación con la pérdida de vidas humanas, pero que dan una idea de la magnitud, también económica, del desastre.

La estimación que realiza este informe bebe de datos del Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, UNESPA, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja, y Tragsa, además de otras fuentes estadísticas públicas. Gran parte de los daños económicos, dos tercios, estaban asegurados, como indican las cantidades generales, pero otros no. Las familias y empresas que no tenían seguro perdieron casi 3.290 millones de euros. 

De lo que sí estaba asegurado, el Consorcio de Compensación de Seguros asumió la mayor parte del impacto, con 4.954 millones de euros en indemnizaciones relacionadas con la dana. A esa cantidad se suma la gestionada por las aseguradoras privadas y sus equipos periciales, además de las compensaciones de Agroseguro (53 millones) y UNESPA (192 millones).

Casi el 5% del PIB

Si se toma de referencia toda España, el año anterior, 2023, el coste de los daños por habitante de las catástrofes del año pasado fue de 28 euros por persona. A mucha distancia, como es obvio, del año de la dana, cuando el coste alcanzó los 117 euros por habitante del país. Una cifra que se dispara en la Comunitat Valenciana, donde los daños per cápita alcanzaron los 990 euros. De hecho, en la Comunitat Valenciana, el impacto equivale a más del 4,56% del PIB autonómico.

“Todos estos datos permiten afirmar que 2024 ha sido para España el año más catastrófico en todos los registros, no solo en el periodo observado por nuestros barómetros sino en los registros históricos de los riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros desde 1954”, aseguró durante la presentación del informe Pedro Tomey, Presidente del Observatorio de Catástrofes de la Asociación Cluster Catástrofes.

1.840 millones en daños en infraestructuras críticas

Las inundaciones tuvieron un impacto bestial en las infraestructuras críticas como los suministros de luz o agua. El daño fue superior a 1.840 millones de euros, según el informe del Barómetro de Catástrofes 2024.

Y, como es lógico, las infraestructuras hidráulicas fueron las más afectadas, en 1.300 millones de euros, seguidas del transporte ferroviario, en 205 millones, y del transporte por carretera, en 183 millones. Pero no solo afectó a las redes de comunicación y transporte. Las localidades de la zona cero se tiñeron de negro en la noche del 29-O. Un total de 180.000 usuarios se quedaron sin suministro durante varios días, y como consecuencia Iberdrola y Red Eléctrica tuvieron que invertir más de 110 millones de euros en reparación y modernización, mientras que los costes de emergencia y puesta en marcha ascendieron a casi 7 millones de euros.

Más de medio millón sin teléfono

El día 1 de noviembre, cuando ya habían pasado tres días, todavía quedaban alrededor de 20.000 personas sin suministro de luz. Pero, además de a oscuras, hubo personas incomunicadas durante largos días de incertidumbre, porque se cortaron más de medio millón de líneas fijas y móviles. El restablecimiento del servicio y la reparación de 245 estaciones base costó 34 millones de euros, mientras que las compañías compensaron a los usuarios con 22 millones adicionales.

No es una cuestión de mera incomodidad para los vecinos afectados. Según el informe, la interrupción de estos servicios “agrava significativamente las consecuencias y los impactos de los desastres”, y limita la capacidad de respuesta y la recuperación. Además, asegura el informe, la interrelación que existe entre las infraestructuras “facilita que las interrupciones se propaguen en efecto cascada a otras infraestructuras, aumentando significativamente el daño causado y el impacto económico global del desastre”.

El empleo creció tras la catástrofe

En general, en 2024, las empresas españolas dejaron de facturar 3.010 millones de euros a causa de los siniestros naturales, que se “comieron” 1.370 millones de euros de sus beneficios. En la Comunitat Valenciana, epicentro de la dana, el impacto equivale a más del 4,56% del PIB autonómico.  

Sin embargo, el empleo no se ha resentido de la misma forma. A medio plazo, de hecho, no ha mostrado una caída, sino al contrario, un incremento intenso aunque desigual. En concreto, los municipios más afectados por la dana registraron un crecimiento del 6,1% interanual en agosto de 2025, mientras que las zonas no afectadas mantuvieron ritmos similares a los de años previos.

Eso sí, esa reactivación del empleo va por sectores. En los municipios de la “zona cero” de la dana, el dinamismo se concentró en sectores vinculados a la reconstrucción -construcción, ingeniería civil, servicios técnicos, talleres y gestión de residuos, etc.-, que crecieron por encima del 7% interanual, frente al estancamiento del resto.

Pérdidas de 40 millones para las personas con discapacidad

No todas las personas han sufrido el mismo grado de impacto, sino que la catástrofe se cebó con las más vulnerables. Entre ellas, la dana de octubre de 2024 afectó directamente a 1.650 personas con discapacidad, de las que 53 fallecieron bien por efecto directo de la emergencia (10 víctimas), por su dependencia de los servicios de teleasistencia (37 víctimas) o por estar ubicadas en la residencia de mayores de Paiporta (6 víctimas), según refleja el Barómetro.

Sobre la situación de las personas más vulnerables, el informe recoge datos de la Fundación ONCE y de CERMI CV, como que más de un centenar de los fallecidos tenía 70 años o más, o que las estimaciones más conservadoras elevan a 40 millones de euros el impacto directo e indirecto de la dana sobre el colectivo de personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. Muchos perdieron la vida pero otros muchos quedaron confinados en sus casas como en jaulas. Más de 10.000 ascensores quedaron fuera de servicio a causa del desastre, lo que agravó la situación de aislamiento de este colectivo: unas 5.000 personas con algún tipo de discapacidad se encerraron en casa forzosamente, con lo que no pudieron acudir a citas médicas, recibir terapias o, simplemente, socializar. Pero los daños económicos no solo se limitaron a sus viviendas, vehículos adaptados o elementos de movilidad.

Planes de emergencia discriminatorios

Por ejemplo, en el ámbito laboral, más de 300 agentes vendedores de la ONCE sufrieron incidencias y aproximadamente 200 de ellos tuvieron que dejar sus tareas temporalmente. Esto supuso una pérdida de unos 300.000 euros en salarios.

Además, la crisis provocada por la dana afectó a 32 centros residenciales, con lo que 1.315 personas se quedaron sin acceso a terapias, tratamientos y actividades esenciales para su día a día. “Ello puede conducir a regresiones en los avances logrados y dificultar la recuperación futura”, alerta el informe. Los daños en infraestructuras viarias y de transporte público también limitaron el acceso a servicios esenciales, “lo que resulta especialmente crítico para colectivos con alta dependencia de la silla de ruedas”.

“La catástrofe ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de apoyo existentes”, aseguran desde el Clúster de Catástrofes. “La insuficiencia en la planificación de la evacuación y el rescate fue un fallo estructural, ya que los planes de emergencia genéricos demostraron ser insuficientes y, de facto, discriminatorios”, concluyen.

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