De la vivienda y las listas de espera a los barracones de la dana: Los retos "urgentes" del nuevo Consell

Con una coincidencia en jurar el cargo (y no prometer) y una mezcla casi equitativa entre el uso de valenciano y castellano, el nuevo Consell y sus máximos responsables han echado a andar esta semana. En el horizonte se ve un camino de, como máximo, 17 meses, poco más de 500 días hasta entrar en campaña electoral y, por lo tanto, en funciones, para poder desarrollar los deberes, objetivos y retos que algunos de ellos asumen de nuevas, con esa dificultad de subirse a un tren en marcha que tiene en el humo que desprende la muestra de que cualquier cosa que se haga tiene una herencia previa.

Es el caso de Mª Carmen Ortí Ferre, nueva consellera de Educación, Cultura y Universitat, áreas que se mantienen unidas, que sucede a José Antonio Rovira. El ahora conseller de Hacienda lega a Ortí Ferrer, hasta ahora directora de la Universitat Popular de València y, antes, subdirectora general de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados, varios focos activos (como la huelga de docentes) y una tensa relación con los sindicatos. Tiene pendiente el nuevo currículum de Primaria y en Bachillerato, donde cambian los contenidos sobre todo en la asignatura de Historia, donde se profundizará más en el terrorismo de ETA y la memoria de las víctimas.

Otro de los objetivos es la reconstrucción educativa tras la dana, especialmente la de los ocho centros en barracones (algunos, como al IES Alameda de Utiel, ni siquiera los tienen). Rovira aseguró que para principios de 2026 los proyectos estarían en licitación. El decreto de convivencia en las aulas, que pone el foco en evitar agresiones al profesorado, la nueva orden de las bolsas de interinos, o la norma que regula el posibilidad de cambiar la jornada de los docentes son cambios que Rovira dejó en el tintero y ella deberá ejecutar. También el nuevo protocolo de emergencias en centros educativos ante alertas meteorológicas, inédito más de un año después.

En Cultura, Ortí Ferre, hereda proyectos impulsados personalmente por Mazón como el Museo Sorolla en la antigua sede del Palacio de las Comunicaciones, donde está pendiente de firma el contrato con la Hispanic Society para la cesión de parte de la colección pictórica de la entidad a la Generalitat. La patata caliente de la política lingüística queda fuera del ámbito competencial de Ortí, ya que Llorca la ha incluido en la conselleria de nueva creación de Presidencia, con José Díez al frente.

Infrafinanciación y quita de la deuda

El reto para el nuevo conseller de Hacienda, uno de los supervivientes (junto con Susana Camarero, Marciano Gómez y Miguel Barrachina) del primer consell de Mazón, es el mismo que el que vienen pasándose relevo tras relevo en la última década: la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. Es un objetivo que no puede llevar a cabo Rovira, ya que depende del Gobierno central y su aprobación ha de recibir el visto bueno del Congreso, pero sí que deberá ejercer de voz de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por donde deberá pasar la propuesta que María Jesús Montero se ha comprometido a plantear en el próximo trimestre.

También en la relación con el Ejecutivo central y con Montero estará la negociación de la quita de la deuda, que sí que cuenta con concreción y todavía está pendiente de reuniones bilaterales con las autonomías, algo que se preveía para la primera mitad de 2025. Más directamente le corresponderá la elaboración de los presupuestos para 2026 y gestionar la prórroga de los de 2025, implementar las rebajas fiscales prometidas por Juanfran Pérez Llorca y exigidas por Vox y llevar a cabo la también comprometida segunda ley de Simplificación administrativa dentro de las competencias en esta materia que asume de nuevas con, eso sí, el 'fichaje' del secretario autonómico responsable de esto en Presidencia, Cayetano García.

Listas de espera y renta de inclusión

Por su parte, Elena Albalat asume la nueva conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia con los mismos retos que tenía Susana Camarero cuando fue nombrada en ese mismo cargo hace poco más de dos años: una lista de espera de la Dependencia que es el gran talón de Aquiles del sistema, la práctica totalidad de residencias concertadas (de mayores, de salud mental y de discapacidad) con los contratos caducados y una nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que llevaba mucho camino avanzado hasta que entraron en juego las enmiendas de Vox (que pretenden limitar el acceso a las personas migrantes) y los grupos de la oposición presentaron una enmienda a la totalidad que pone en jaque el trabajo realizado. Sobre la mesa también tendrá las competencias en inmigración, que no son excesivamente grandes en el caso autonómico, pero sí sensibles ante la presión de Vox.

Las responsabilidades que asume Albalat las pierde Susana Camarero que se queda con Juventud, Empleo y Vivienda, competencias en la que Llorca ha puesto el foco situándolas como el "eje central" de su acción de gobierno en la toma de posesión.

El conseller para la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus, que continúa, tiene pendiente reconstruir los lazos rotos por Mazón con las asociaciones de víctimas. Martínez Mus ha mantenido varias reuniones con las agrupaciones de perfil más técnico, no puramente de víctimas de la dana, y con los damnificados, pero queda pendiente un encuentro con las otras dos asociaciones mayoritarias, las que lideran Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. Quizá en esto también ayude el nuevo comisionado del Consell para la dana, Raul Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente. En el departamento de Mus queda mucho trabajo por hacer, con la hoja de ruta del Plan Endavant, del que según un reciente balance del Consell se habrían ejecutado 166 de las 343 medidas previstas. El proyecto estrella del Martínez Mus que está por llegar es un extenso parque inundable en la zona arrasada por la dana. Según se dijo, el plazo que se maneja es de cuatro años.

Suscríbete para seguir leyendo