Compromís y PSPV exigen el "cese inmediato" del director general de Diversidad por su imputación tras una denuncia de Lambda

La guerra abierta que mantienen Lambda y el Consell, y más en concreto, el director general de Diversidad, Stephane Soriano, en los dos años y medio de legislatura ha provocado la imputación del alto cargo de la vicepresidencia de Susana Camarero, algo que ha adelantado este miércoles eldiario.es, y la consiguiente exigencia de dimisión por parte de la izquierda. Tanto PSPV como Compromís han reclamado la destitución de Soriano, peticiones que han chocado con la conselleria que encabeza Camarero, que ha defendido a su dirigente tachando de "denuncia política" la situación.

El colectivo Lambda denunció a Soriano el pasado mes de junio por tres delitos de revelación de secretos por las declaraciones realizadas en mayo en tres medios de comunicación sobre información de expedientes administrativos que no eran aún conocidos por la propia entidad y que hacían referencia al convenio con la asociación, en los que resultaba perjudicada. Frente a esa denuncia, según la información de la causa a la que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía ha reclamado el sobreseimiento provisional al considerar que no existe delito.

"Si el director general hubiese hablado del contenido de dicha resolución una vez firme, esta denuncia no se habría puesto por tratarse de información pública, pero hizo públicos datos que no lo eran ni venían acompañados de resolución firme, y que fueron emitidas desde una posición institucional con capacidad de generar efecto público inmediato y duradero en nuestra contra y que, además, se han demostrado falsos o inexactos", remarcaba en su día el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.

La denuncia y consiguiente imputación ha impulsado a la izquierda a exigir su destitución. "Desde Compromís exigimos el cese inmediato", ha señalado el diputado valencianista, Francesc Roig, quien señala que Soriano está "imputado por atacar al movimiento LGTBI vulnerando la ley". "Llevamos años denunciando sus prácticas mafiosas que solo buscan acallar las voces críticas contra sus políticas de recortes de derechos. No podemos aceptar de ninguna de las maneras ni los recortes en los derechos de las personas LGTBI que impulsan PP y Vox, ni la persecución ilegal a las entidades que critican estos retrocesos", ha añadido.

El PSPV, a través de su secretaria de LGBTI, Marta Amat, denuncia que la situación es "inaceptable" porque "no solo se están recortando derechos, sino que además se está amedrentando a las asociaciones que lo denuncian". En este sentido, Amat señala que la imputación de Soriano "es solo una muestra más de las malas prácticas en materia de defensa del colectivo LGTBI que está llevando a cabo la Generalitat" y subraya que "no puede ser que la persona encargada de garantizar la protección de derechos fundamentales esté siendo investigada por supuestamente vulnerarlos". "Este episodio supone un golpe directo a la confianza del colectivo, Susana Camarero debe tomar cartas en el asunto", apostilla la representante del PSPV.

"Denuncia política"

Frente a las críticas, fuentes de la Vicepresidencia Primera que lidera Camarero recuerda que la denuncia de Lambda llegó tras una denuncia en junio de 2025 "por unos hechos ocurridos un año antes", vinculándolos "como reacción ante la fiscalización por parte de la Dirección General del uso de dinero público que estaba realizando". Así, fuentes de la conselleria tachan la demanda de "denuncia política".

Fuentes de la conselleria, con las competencias en Igualdad, aseguran que pese a la supuesta revelación de secretos que denuncia Lambda, "la realidad es que en el marco de alguna entrevista, puso en valor el trabajo realizado por los técnicos de la administración respecto al deber de control y fiscalización del uso de dinero público que en ese momento estaban realizando a través de la solicitud de documentación justificativa del uso de distintas subvenciones y conciertos, no solo a Lambda sino a todas las entidades".

Asimismo, estas mismas fuentes inciden que, entre otras cuestiones, la directriz de la conselleria es que se requiere justificación sobre un gasto de indemnización por despido de cerca de 20.000 euros que no era objeto del convenio y que la propia Lambda reconoce en su escrito haber incluido como gasto y retirado posteriormente al ser requerida y no poder justificar el gasto en el marco del convenio. Por ello, aseguran que "sorprende la reacción de una entidad que gestiona servicios públicos y recibe subvenciones de la administración, que, ante el control de la mismas, actúa contra el director general en lugar de actuar con transparencia sobre el uso del dinero público".

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