Un experto ante la ausencia de las obras antirriadas en el Poyo: "A las 17 horas la gente ya estaba sentenciada a muerte"

Ingenieros, arquitectos y juristas, algunos ya conocidos por su intervención en otras comisiones, han pasado este lunes por la comisión de investigación de la dana de las Corts, la primera de la era Juanfran Pérez Llorca, de marcado carácter técnico. El arquitecto y urbanista Alejandro Escribano, autor del Plan General de València, ha protagonizado uno de los momentos más intensos de la comparecencia al emocionarse al recordar que perdió a una sobrina en las inundaciones de la dana del 29 de octubre. "Si la vía verde del barranco del Poyo hubiera estado hecho mi sobrina se habría podido salvar".

La inundación del 29 de octubre de 2024 fue "absolutamente excepcional, superó con mucho los 500 años del periodo de retorno" y se situó en los mil o mil quinientos años, con unos caudales de "2.500 a 3.000 metros cúbicos por segundo". Si la Vía Verde estuviera hecha habría derivado al mar 700, que unidos a los 800 que caben, hubiera permitido absorber 1.500". "No habría cabido toda el agua, pero la diferencia entre dos y un metro de agua es la diferencia entre vivir o morir", ha afirmado Escribano, quien ha dicho que es partidario de usar la naturaleza y recurrir a medidas de minimización de riesgos como los parques inundables, pero eso no resuelve el sacar al mar el agua que hace falta.

Profesionalizar el Cecopi

Escribano ha considerado que lo primero que hay que hacer es profesionalizar la respuesta ante las emergencias y ha puesto como ejemplo que en el incendio de Notre Dame la catedral parisina no se habría salvado si al frente de la emergencia no hubiera habido profesionales, por lo que el Cecopi debería tener también al frente a profesionales. «Los políticos no deben estar al frente de cuestiones en las que haya vidas humanas por medio», afirma Escribano.

También ha respondido el experto en urbanismo al freno que pudo suponer la ley de la Huerta valenciana a la construcción de las infraestructuras hidráulicas frente a inundaciones en la cuenca del Poyo, cuyos primeros proyectos se remontan a 2010. La ley de l'Horta "es un obstáculo objetivo" a la ejecución de cualquier infraestructura hidráulica porque supone una fragmentación del territorio y las zonas de cultivo. La ley de l'Horta está redactada de tal manera que "pone condiciones imposibles de cumplir porque las infraestructuras siempre suponen fragmentación del territorio algo prohibido en el PATH.

"Lo que pasó es que el plan de la huerta olvidó voluntariamente que había infraestructuras hidráulicas y pensaron que era mejor otros mecanismos como mecanismos de ribera o parques inundables, pero yo creo que no hace falta ser un experto pero cuando se trata de sacar 500/600 litros por m2 al mar no se puede solo con eso. Yo uso en mis proyectos los parques inundables pero no es suficiente".

Todas las infraestructuras a la vez

En la comisión de este lunes han intervenido el ingeniero de Caminos, canales y puertos Teodoro Velázquez Rodríguez, quien ha recalcado que las infraestructuras verdes no son suficientes para evitar las muertes si no van a acompañadas de la infraestructuras estructurales, grandes obras de ingeniería, presas como la de Vilamarxant y Cheste, y encauzamientos, como el del Poyo, en especial en el BajoTuria, zona de alto riesgo de avenidas. Son imprenscidibles las medidas estructurales, no solo infraestructuras verdes. Y, a su juicio, tienen que hacerse todas juntas. No vale resolverlas por separado". "Hay que resolverlas en conjunto". Ejecutar solo infraestructuras verdes frente a inundaciones no es la solución. "En la zona de riesgo extremo son insuficientes", ha recalcado.

Sin las infraestructuras antirriadas y en ausencia de un sistema de alerta temprana las víctimas del 29-O "ya estaban sentenciadas a muerte a las 17 horas", ha apuntado Teodoro Velázquez, quien ha apuntado que el mismo día de la dana con el dato que había en la Confederación Hidrográfica del Júcar "ya se había podido haber dado la alerta a las 9 de la mañana". "Sabían por los mapas de peligrosidad que se podía producir una avenida rápida en 12 horas que suponía 128 kilómetros cuadrados de inundación y cuatro metros de altura de agua". Era un riesgo previsible"

"Riesgo previsible"

Por su parte, el catedrático de derecho civil de la Universitat de València Francisco Javier Orduña Moreno, que ya compareció en el Senado, ha vuelto a señalar al Gobierno como responsable de la gestión de la dana, una "emergencia nacional" que ha comparado a nivel competencial con el apagón, donde el Gobierno debía haber tomado las riendas, aunque también ha reconocido que nadie lo pidio, ni la delegación del Gobierno ni la conselleria de Emergencias. "La dana o un tsunami no entiende de competencias". "Hay que revisar un marco normativo", ha destacado el catedrático. También ha apuntado el magistrado que las "agencias estatales y varios ministerios que se han visto implicados deberían intervenir aquí y sería necesario que se examinase su actuación".

Orduña, que ha defendido su independencia y "ausencia de sesgo político" ha apuntado que la dana dejó en evidencia que el Cecopi debe actualizarse. Se ha referido en este punto al protocolo "manifiestamente mejorable" del órgano de gestión de las emergencias y a la falta de medios tecnológicos preparados posiblemente para un incendio pero no para otros supuestos de riadas y terremotos. "El protocolo ya tenía que estar hecho porque en una situación como la de la dana no hay tiempo de respuesta".

En la comisión ha habido algunas ausencias como la del catedrático de Ingeniería Hidráulica Ignacio Escuder y la del presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel Ángel Carrillo. Ha comparecido el director del Centro de Investigación y Proyectos, Innovación y Sostenibilidad, Miguel Ángel Artacho, quien ha expuesto los riesgos que los desechos de la dana suponen para el medio ambiente.

Barrachina tendrá que explicar la gestión de Buseo

A cola de la comisión se ha incluido a petición de Vox un punto para ampliar el plan de trabajo y llamar a declarar al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Como informó Levante-EMV El síndic de la formación en las Corts, José María Llanos, presentó a la comisión de investigación sobre la dana un escrito en el que solicitaba, entre otras, la comparecencia del conseller de Agricultura, además de portavoz del Consell, Miguel Barrachina, para dar explicaciones sobre la gestión de la presa de Buseo, que resultó gravemente dañada por la dana y que es la única presa de gestión autonómica.

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