El funcionario de más alto rango en el Cecopi, Jorge Suárez declara sobre el Es Alert: "Fueron debates demasiado largos"

Uno de los funcionarios clave en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, el subdirector general de Emergencias de la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias), Jorge Suárez, declara ya como testigo en la causa de la dana, por segunda vez, para responder a las cuestiones de catorce abogados: doce de las acusaciones y las dos defensas, que quedaron pendientes en su primera comparecencia el 4 de diciembre.

Suárez es miembro del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) el cerebro de la emergencia del 29 de octubre de 2024. Y es, junto al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, Jose Miguel Basset, uno de los dos técnicos a quien todos los responsables políticos han derivado la responsabilidad sobre las decisiones que se adoptaron, o no se adoptaron, durante la fatídica jornada que provocó la muerte de 230 personas. La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, responsabilizó a Suárez y Basset del retraso en el envío del Es Alert, el mensaje a los móviles que llegó a las 20.11 horas del 29 de octubre y que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo".

En respuesta a los abogados de las acusaciones Jorge Suárez ha admitido que los debates en el Cecopi de esa tarde "fueron debates demasiado largos". Y máxime cuando en su anterior declaración Suárez confirmó que el Cecopi sólo tomó dos decisiones en toda la tarde: el envío del mensaje de alerta a la población (hubo dos: a las 20.11 y a las 20.57 horas) y la movilización de la UME (unidad militar de emergencias) a las zonas afectadas por la catástrofe. "Evidentemente, a posteriori, no se tomaron las decisiones [adecuadas]. El sistema nacional no estaba preparado para lo que ocurrió. Fueron debates demasiado largos", ha confirmado según fuentes conocedoras de su declaración.

Suárez no ha querido entrar en el debate sobre si el Cecopi se podría haber convocado antes de las 17 horas (como en la dana de la Vega Baja de 2019 en la que se hizo una reunión preventiva 48 horas antes y se movilizó a la UME el día anterior). Sí ha matizado la declaración de Salomé Pradas sobre la activación de la situación 2 del Plan de Emergencia (en la que pasa a ser mando único de la emergencia la entonces consellera). "La situación 2 va en paralelo en el momento en que nos piden la UME". Aunque en la jornada del 29-O fue "simultáneo" a las necesidades que surgieron en Utiel, donde los primeros avisos por el desbordamiento del río Magro comenzaron alrededor de las 13 horas". Y es lo que marca el paso del nivel 1 al nivel 2 de emergencias: "la necesidad de activar recursos externos, que hasta ese momento no había necesidad. La situación 2 se hubiera activado por los recursos externos aunque no hubiera habido que activar la UME", ha confirmado Suárez, según fuentes conocedoras de su declaración.

La orden de pasar a situación 2 del Plan de inundaciones debe darla "la dirección del plan" que era Salomé Pradas, la entonces consellera de Justicia e Interior. Aunque Suárez ha confirmado que "la orden me llegó por delegación a través de Alberto Martín Moratilla [entonces director general de Emergencias] que se lo había dicho Pradas", y que está citado como testigo, aunque aún sin fecha asignada.

Una vez iniciado el Cecopi, a Suárez se le ha preguntado por el papel de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, que no era miembro nato del cerebro de la emergencia, pero se incorporó alrededor de las 17.45 horas. "¿Fue activo? ¿Participaba en la toma de decisiones?", se le ha preguntado a Suárez. Una actitud que ha confirmado al recordarlo "activo en la parte de avisar a los alcaldes" y en las correciones al mensaje es Alert sobre "el uso del término de un municipio" y sobre el acento en el topónimo de València. Suárez recordaba a Mompó sobre todo "activo en las sesiones" e "interactuar con Pradas por el tema de los alcaldes" de los municipios afectados por el río Magro (y por los que se paró el cecopi para avisarlos del envío del es Alert). Era una actuación bilateral".

En respuesta a otro abogado, Jorge Suárez ha confirmado que fue a las 19.30 horas del 29-O "cuando vemos que el problema ya no es sólo Forata, sino la generalización de problemas en otros puntos como Paiporta, Picanya, Chiva… Pero no se asoció a la rambla del Poyo, eran municipios, pero no los empaquetábamos conectando con el cauce". Y ha confirmado que "el problema fue que se centró en Utiel-Requena, el Poyo con la información que teníamos no había problemas... Y lo de Forata [el riesgo de desbordamiento de la presa] fue un secuestro de medios para dar respuesta, nos centró todo ahí y fagocitó los medios ahí. Es evidente que había información pero en ese momento no nos llegó la información analizada que la situación en el Poyo era lo que iba a pasar, eso en el Cecopi no se sabía".

Primer día ante la jueza de la dana

Jorge Suárez confirmó el primer día que declaró ante la jueza de la dana que el Es Alert se planteó a las 17.15 horas en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) pero no se envió hasta las 20.11 horas (y un segundo a las 20.57 horas). Una demora de casi tres horas que Suárez explicó por los debates que suscitó la frase "permanezcan en sus casas", que recordaba a los políticos el confinamiento de la pandemia, la petición de informar por videoconferencia a los alcaldes del río Magro por el peligro en la presa de Forata, así como por palabras demasiado catalanas en el mensaje en valenciano que se iba a enviar.

Según la declaración de Jorge Suárez, la consellera y mando único de la emergencia pidió consultar con un jurídico la petición de incluir en el mensaje Es Alert la frase "permanezcan en sus casas". Y en este detalle nada baladí es cuando entra en escena Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia el 29 de octubre, a quien Salomé Pradas recurrió cuando no localizaba a Carlos Mazón, a partir de las 19 horas del 29 de octubre. García es quien habría desaconsejado a Pradas el confinamiento de la población por el previsible desbordamiento de la presa Forata por ser un “lío jurídico”, como contó Levante-EMV.

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