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El callejón sin salida del canal de denuncias antiacoso del PSOE

Diana Morant, Rebeca Torró y Pilar Bernabé han pedido que se revisen los fallos del sistema y los protocolos que impiden incluso saber el número de denuncias registradas

Congreso del PSPV

Congreso del PSPV / Eduardo Ripoll

Hortensia García/Diego Aitor San José

València

El canal de comunicación (sistema CADE) que la dirección nacional del PSOE implantó en mayo pasado para la denuncia de situaciones irregulares en el partido, donde también se incluye la de acoso laboral y sexual, ha resultado ser un callejón sin salida para quienes han acudido a esta vía confiando en su eficacia como opción previa, menos traumática y onerosa, en su caso a la judicial. Lo han reconocido en los últimos días y semanas, en pleno "metoo" del socialismo por la proliferación de casos de acoso machista, varias dirigentes valencianas del partido, que tiene en el feminismo una de sus señas de identidad, como la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y la delegada del Gobierno en la Comunitat además de secretaria de Igualdad de los socialistas, Pilar Bernabé.

El sistema de denuncia tiene mucho margen de mejora. De hecho, han reconocido que el canal se implementó "deprisa y corriendo". Además, la pretensión de que funcionase de manera “independiente” al partido y a la dirección para garantizar la protección y privacidad de las o los denunciantes ha acabado volviéndose en contra. El problema es que al ser una vía de denuncia tan proteccionista "nadie sabe muy bien qué pasa". No se informa a los y las responsables de Igualdad ni de Organización de lo que se está investigando. Ni siquiera, aseguran, saben cuantas denuncias hay registradas.

La denuncia presentada el pasado verano por varias trabajadoras por presunto acoso sexual al exasesor y responsable de la secretaría de Organización de Moncloa Francisco Salazar, que ha tardado más de cinco meses en ser atendida, es la prueba palmaria de la escasa operatividad del órgano antiacoso socialista. El principal fallo es la trazabilidad de las denuncias que se presentan de forma anónima. Sin saber quien está detrás es más difícil comprobar los hechos. La denuncia contra el que era uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez tuvo la complicación añadida de que el acusado se dio de baja del partido, situándose en un limbo interno que no dio pie a ninguna investigación hasta que eldiario.es aireó la situación. El partido no se ha puesto en contacto con las denunciantes y al denundiado se le requirió en reiteradas ocasiones para saber su versión, algo que excusó incidiendo en que viajaba mucho.

La actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, salió a dar explicaciones la semana pasada, entonando el "mea culpa", pero sin aportar novedad alguna las conclusiones de la investigación del caso Salazar. Mientras, han surgido nuevas denuncias por acoso sexual en distintas ciudades como la presentada contra el alcalde de Almussafes, Toni González, por una trabajadora de una empresa municipal y militante socialista.

Plazos, sanciones y mejoras en estudio

La mayoría de partidos políticos tiene aprobado protocolos contra el acoso sexual o laboral. El del PSOE fue aprobado por la Comisión Ejecutiva Federal el 26 de mayo de 2025. El protocolo antiacoso se complementa con al canal de denuncias interno de los socialista contra el acoso sexual. Este canal de denuncia está alojado en su página web, donde hay un enlace que permite presentar denuncias.

El primer item que aparece en el formulario de alta de comunicación contra el acoso permit elegir entre anónima o, por contra, identificarse con nombre y apellidos. En caso de ser anónima hay que explicar la relación “con la empresa”, la fecha y la descripción de los hechos, dar una dirección de correo electrónico, explicar si se había comunicado antes la situación y quienes son las personas involucradas, donde sucedieron los hecho y adjuntar documentos, como wasaps o imágenes.

Las comunicaciones que se presenten a través de este canal, explica la propia web de Ferraz, se deberán tratar "de forma diligente, con confidencialidad, privacidad y seguridad, garantizándose que, en ningún caso, se tomarán represalias". El protocolo fija incluso plazos de siete días para responder a la comunicación. Las denuncias de acoso se analizarán por el Órgano contra el Acoso, un "especializado e independiente compuesto por especialistas en la materia", que serán nombrados por la Comisión Ejecutiva Federal entre personas con acreditada formación y experiencia.

El protocolo contra el acoso establece con detalle el procedimiento a aplicar, fija sanciones y deja la puerta abierta a llevar los casos a la fiscalía. La realidad sin embargo es otra. Las fuentes de Ferraz consultadas no han aclarado quien forma parte del órgano, tampoco amparándose en el anonimato cuántas denuncias se han presentado en estos meses. Si aseguran que se está estudiando como mejorar los protocolos.

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