Educación
La Conselleria de Educación autoriza la expulsión por insultar al profesor
La discriminación entre alumnos por racismo y homofobia también será considerada una falta grave en el nuevo decreto de convivencia escolar
Clase en un IES valenciano, en una imagen de archivo. / Germán Caballero
Las ofensas, injurias o agresiones al profesorado podrán ser castigadas con la expulsión del centro, en incluso con un cambio de instituto si son especialmente graves. Así reza el nuevo decreto de convivencia escolar de la Comunitat Valenciana que ha sido publicado este miércoles y que entrará en vigor en los centros después de Reyes. La norma no solo busca castigar, sino devolver al docente un aura de autoridad que se había desdibujado en la última década.
El texto pone también en la diana el acoso y el ciberacoso, con especial dureza ante el racismo, la homofobia o la discriminación por discapacidad. A partir de enero, estas actitudes tendrán "tolerancia cero" y, por primera vez, se registrarán con nombre y apellido en la base de datos de la Conselleria, permitiendo un rastreo real de los perfiles violentos en el sistema educativo, según explicó la consellera María del Carmen Ortí.
El sistema educativo valenciano se prepara para un giro de guion tras las vacaciones de Navidad. El Decreto 193/2025, publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), no es solo un documento administrativo; es una declaración de intenciones. El texto llega para responder a una demanda histórica de los docentes: recuperar el respeto perdido y dotar a las direcciones de los centros de herramientas ágiles para frenar la violencia y el odio en las aulas tras años en subida.
Escolares a la entrada de las aulas en Catarroja / Miguel Ángel Montesinos
El profesorado, "autoridad pública" con todas las letras
El núcleo duro del decreto es el refuerzo de la autoridad del docente. A partir de ahora, el profesorado no solo es el transmisor de conocimientos, sino que cuenta con la condición de autoridad pública ¿Qué significa esto en la práctica? Que su palabra tiene presunción de veracidad. Ante un conflicto, el testimonio del docente será la prueba de carga principal, simplificando enormemente la burocracia a la hora de imponer sanciones por faltas graves.
Cualquier ofensa, ya sea física o verbal, se tipifica como falta grave. Las consecuencias son claras: desde la expulsión del centro por un periodo determinado hasta la medida más drástica, el traslado forzoso a otro instituto. Este último recurso se reserva para situaciones donde la convivencia se vuelve insostenible, buscando proteger tanto al profesor agredido como al resto del grupo.
La lupa sobre el odio: racismo y LGTBIfobia en el registro
Por primera vez, el sistema informático de la Conselleria (ITACA) permitirá "poner nombre" a los incidentes de odio. Hasta la fecha, muchos casos de discriminación quedaban diluidos en categorías genéricas. Con el nuevo decreto, el racismo, la homofobia y la discriminación por discapacidad tendrán una casilla propia.
Dos escolares se dirigen al colegio en el primer día de clase, en una imagen de archivo. / KAI FÖRSTERLING
Esta "menor tolerancia" se traduce en protocolos de actuación inmediata. El decreto prohíbe explícitamente la mediación en casos de violencia de género o agresiones sexuales, entendiendo que entre víctima y agresor no puede haber un plano de igualdad para negociar. El objetivo es claro: identificar el acoso de raíz y que el registro sirva para diseñar políticas de prevención más eficaces.
El fin de los expedientes eternos
Uno de los mayores problemas de la normativa anterior era la lentitud. Un alumno que agredía a un profesor podía permanecer en la misma clase durante semanas mientras el expediente seguía su curso administrativo. El Decreto 193/2025 introduce el trámite de urgencia, que permite reducir todos los plazos a la mitad.
Además, la dirección del centro podrá adoptar medidas cautelares inmediatas. Si un alumno comete una falta grave, puede ser apartado de la convivencia escolar de forma preventiva mientras se resuelve el expediente. Es una medida que busca la "paz social" en los centros, enviando un mensaje de que las acciones graves tienen consecuencias instantáneas.
Móviles y bienestar
El decreto no olvida los retos del siglo XXI. Se formaliza la restricción del uso de móviles, permitiendo que los centros confisquen los dispositivos si se utilizan para grabar o acosar a compañeros y docentes. Asimismo, se refuerza la figura del coordinador de bienestar, que será el encargado de velar por que estos protocolos no se queden en papel mojado, sino que se apliquen con una visión pedagógica.
El inicio del segundo trimestre marcará el inicio de esta nueva etapa en la convivencia escolar, con un profesorado más blindado ante posibles ofensas o agresiones y una regulación sobre dos de los problemas que más pesan en las aulas valencianas: el bullying y el uso de móviles y tablets.
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