Llorca pasa a Sánchez una 'factura' de agravios de 24.000 millones

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, llevó ayer al Palacio de la Moncloa un listado de peticiones, propuestas y agravios de cien puntos y 42 páginas. Se las entregó a Pedro Sánchez en persona, en su primera reunión a los quince días de tomar posesión tras la salida de Carlos Mazón, lo que en el Palau se considera como el inicio de un deshielo institucional tras un bloqueo de más de un año.

Muchas de las cien medidas forman parte de las peticiones históricas de la sociedad civil valenciana; otras estaban ya en los documentos que el anterior president Carlos Mazón envió al Gobierno, y algunas, las primeras, están directamente relacionadas con la recuperación tras la dana.

Y aunque el documento no incluye una memoria económica, el conjunto de propuestas, la factura total que el nuevo president le pasa al Gobierno, sí arroja una cifra: más de 24.000 millones de euros, aunque en algunos casos son proyectos ya en ejecución o comprometidos por el propio Ejecutivo.

Es una cantidad aproximada, obtenida de la suma de aquellas peticiones que sí están cuantificadas, como los 2.500 que el Consell ha destinado tras la dana y para lo que pide una transferencia a fondo perdido. O los 2.900 millones de fondos europeos disponibles para la dana y de cuya gestión quiere participar el Consell, tal como solicita al Gobierno; o los 2.490 millones en obras hidráulicas reclamadas al Miteco para los próximos cinco años.

El documento también incluye millonarias inversiones en materia de infraestructuras de comunicación, como 300 millones de un nuevo convenio con el Ministerio de Transportes; o más de 5.000 millones ligados de una u otra manera al corredor mediterráneo (incluido el túnel pasante o el plan de cercanías), y otros 1.600 del proyecto del tren de la costa, otra reivindicación de décadas.

El total de 24.000 millones incluye también depuradoras en Alicante por valor de 300 millones, o la exigencia de la "ampliación urgente" de los aeropuertos valencianos, de los que el Gobierno ya ha comprometido 1.154 millones para l'Altet.

Una parte importante de la factura que Llorca le pasa al Gobierno, con todo, tiene que ver con la infrafinanciación (1.782 millones para un fondo de nivelación hasta el nuevo modelo). En enero estará el borrador del nuevo modelo, según recordaba ayer el Gobierno y tal como anunció la ministra de Hacienda hace unas semanas.

También recuerda Llorca en su carta la deuda histórica ligada al gasto sanitario de los pacientes de otras comunidades (1.039 millones), los 4.000 millones en Dependencia o 241,9 millones al año por las universidades, entre otras reclamaciones.

Cien medidas

El documento, de 42 páginas, enumera las 100 demandas concretas que, a su juicio, el Estado mantiene pendientes con la Comunitat Valenciana. Las primeras peticiones se centran en la recuperación. La Generalitat reclama la creación inmediata de una comisión mixta Estado-Generalitat para coordinar la reconstrucción, que Sánchez se ha comprometido a poner en marcha.

Barrancos y presas

También se exigen las infraestructuras hidráulicas clave que siguen pendientes, como las mejoras en los barrancos del Pozalet y la Saleta; las obras de encauzamiento y drenaje de la cuenca del Poyo; el encauzamiento de los tramos peligrosos del Turia, o las presas de Vilamarxant o Cheste.

Llorca también ha pedido la exención de la tributación de las ayudas, fondos europeos para la reconstrucción o que se construyan 250 viviendas industrializadas en zona dana. En clave reconstrucción también se pide una empresa mixta para ejecutar infraestructuras hidráulicas.

Del Corredor Mediterráneo al agua

En clave económica, pide medidas para incentivar la economía y el empleo, como apoyo a la inversión en la industria aeroespacial o un nuevo plan Moves para la compra de vehículos eléctricos. También se pide un reconocimiento del liderazgo valenciano en el sector del chip, con una comisión bilateral.

Se suman otras reivindicaciones pendientes, como la ampliación de los aeropuertos, el tren de la costa o el soterramiento de las vías en Alfafar-Sedaví y Benetússer.

En materia de agua, obviamente el documento de Llorca recoge las exigencias habituales del PPCV, como las obras hídricas pendientes, el trasvase Tajo-Segura o la creación de la agencia estatal del agua.

Guiños al lobby turístico, nuclear y cerámico

En materia empresarial hay varios guiños a los lobbies. Llorca hace suya la defensa de la energía nuclear de Mazón y pide prorrogar Cofrentes. También ayudas específicas al sector cerámico. Y, como gesto al sector hotelero, actualizar el precio del programa Imserso.

El tercer bloque de demandas aborda la cuestión social (“Mejorar la vida para las personas”) y señala como conflicto de fondo la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. En materia social, se reclama un plan estatal de vivienda donde el Gobierno realice el mismo esfuerzo que las autonomías, y celeridad en el proyecto concreto del Cuartel de Ingenieros de València, así como cesión de viviendas de la Sareb.

Devolución de menores migrantes

Llorca incorpora a su relato ante Moncloa algunos de los compromisos adquiridos con Vox. Uno de ellos es financiación para la aplicación de la ley de extranjería, además de más agilidad en las citas en las oficinas de extranjería. En esta materia, se pide la derogación del decreto de reparto de menores migrantes, por la falta de recursos y de planificación. “Pensamos que donde mejor está un menor es junto a su familia y por eso instamos al Gobierno a colaborar en la búsqueda de fórmulas legales para que vuelvan con sus padres”, señala el texto.

El documento ("100 acciones para avanzar juntos") toca por último la cuestión identitaria. Se pide, por ejemplo, que la prueba de acceso universitaria permita a los alumnos hacer solo una prueba: o castellano y literatura o valenciano y literatura, tanto aquí como en el resto de territorios con lengua cooficial.

Derecho civil y webs estatales en valenciano

También se reclama al Gobierno que “reivindique y reconozca” la identidad valenciana, “especialmente el nombre del territorio como Comunitat Valenciana” y “el nombre de nuestra lengua como valenciano”. También exige que las web oficiales incluyan el valenciano como versión, junto a euskera, gallego y catalán. Por último, reclama la devolución de la Dama de Elx, la devolución a Orihuela del "Llibre dels repartiments” o impulsar el derecho civil valenciano.

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