València contra el racismo: "Migrar no es un delito, es una respuesta a la injusticia"

Existen problemas que se perpetúan en el tiempo para el colectivo migrante y entre ellos destacan los obstáculos para el empadronamiento especial, el racismo inmobiliario y una iniciativa popular que persigue una regularización extraordiaria que no se tramita. Por ello, la manifestación del 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas MIgrantes el lema de la manifestación no dejaba lugar a dudas: Vivienda, Padrón y Regularización. Y así, colectivos sociales y vecinos de la ciudad salieron a la calle para protestar, además, contra las directivas europeas "que criminalizan los flujos migrantes" y contra los discursos discriminatorios para gritar, alto y claro, "no al racismo en València".

"Recordamos al Gobierno de España, y a todos los gobiernos europeos, que las migraciones no nacen del azar. Son consecuencia del desequilibrio profundo que sostiene este mundo: de las guerras económicas, del expolio de recursos, del saqueo del Norte global sobre los pueblos del Sur que aún resisten. Migrar no es un delito, es una respuesta a la injusticia", afirmaron desde València pels Drets de les Persones Immigrades, espacio formado por más de cuarenta organizaciones y colectivos de la ciudad, en la lectura del manifiesto tras concluir la marcha que partió de la plaza de Toros rumbo al CIE de Zapadores.

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Desde el colectivo migrante se revuelven contra el discurso de odio del que son protagonistas. "No hay evidencias de que las personas migrantes sean responsables del deterioro de la seguridad. En cambio, sí las hay de que son quienes más sufren la precariedad, la exclusión y la violencia institucional. La política del miedo fractura la convivencia y debilita la justicia social. Rechazamos los discursos de odio que criminalizan a la población migrante, especialmente a los menores no acompañados. Recordamos que la infancia, sin excepción, tiene derechos fundamentales que deben garantizarse de forma efectiva", apuntaron en la protesta.

Respecto al racismo inmobiliario, destacaron una "violencia cotidiana que niega el acceso a una vivienda o impone condiciones abusivas por el color de la piel o el origen" y exigieron la "paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, la activación de un plan urgente sobre los pisos vacíos y la creación de un parque público de vivienda social y accesible. Tener un hogar no puede ser un privilegio condicionado por el nombre o el pasaporte".

El empadronamiento es más que un trámite: es la llave de acceso a los derechos básicos y una forma de reconocimiento administrativo. Sin empadronamiento no hay sanidad, educación ni protección social. "Por eso defendemos el empadronamiento universal, sin trabas ni requisitos arbitrarios. Queremos ciudades que acojan, no que expulsen. Queremos una València que sea realmente una ciudad de acogida, donde ninguna persona quede fuera de los registros que garantizan derechos y dignidad", afirmaron.

Predicar con el ejemplo

La última reivindicación hizo referencia a la aprobación inmediata de la ILP Regularización Ya. "Hoy, alrededor de 700.000 personas siguen viviendo en situación administrativa irregular, atrapadas en un limbo que vulnera derechos básicos. La última reforma de la Ley de Extranjería no ha resuelto este problema: fue una respuesta insuficiente, pactada sin incorporar plenamente las demandas del movimiento migrante. Regularizar no es una concesión: es un acto de justicia social y un paso necesario hacia una sociedad que no excluya ni oculte a las personas que la sostienen", explicaron.

Y para ser ejemplo de lo que reivindican, en los parlamentos hubo mención expresa a Palestina, Sudan y la República Democrática del Congo porque "nos recuerda que los genocidios, la ocupación y las políticas coloniales siguen expulsando comunidades enteras y convirtiendo a millones de personas en refugiadas"

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