El Consell cuelga el cartel de 'wanted' contra el jabalí: 6 millones de recompensa para cazarlo y controlar su sobrepoblación

El Consell ha aprobado el decreto ley de medidas extraordinarias y preventivas para combatir la peste porcina africana y la sobrepoblación de jabalíes en 542 municipios, lo que supone el conjunto de la Comunitat Valenciana. La semana pasada, el Consell ratificó el informe previo de medidas como paso necesario para la aprobación del decreto ley, dotado con un presupuesto de 6 millones de euros. De este importe 2.000.000 euros son para ayudas al fomento de la caza de jabalí y su retirada efectiva del medio natural y 4.000.000 para financiar el servicio de control poblacional complementario y la puesta en marcha de la Unidad Logística.

El objetivo es reducir la población de jabalíes, considerados un vector de riesgo en la transmisión de la enfermedad, lo que hace necesario intensificar las actuaciones de control en amplias zonas del territorio. La peste porcina africana no afecta a las personas, pero podría tener graves consecuencias económicas y productivas para el sector ganadero.

En este sentido, la Ley 13/2004 establece que los titulares de espacios cinegéticos (principalmente sociedades y clubes de cazadores, entidades privadas y ayuntamientos que gestionan más del 80 % del territorio valenciano susceptible de albergar poblaciones de jabalí) son los responsables de la gestión de las especies en sus acotados. Asimismo, el deber de cumplimiento de los planes técnicos de ordenación cinegética recae sobre estos titulares, quienes ostentan la capacidad jurídica y operativa para organizar la actividad cinegética.

Recursos para el 20% no municipal

Por otra parte, el 20 % restante del territorio no se encuentra bajo la gestión de ningún titular. Dado que la necesidad de actuar en estas áreas es tan prioritaria como en el resto del territorio, la Generalitat debe destinar recursos específicos que permitan controlar la población de jabalí mediante los medios adecuados y apoyar la gestión realizada por los titulares de los espacios cinegéticos y por los adjudicatarios de zonas de caza controlada, facilitando la retirada de los jabalís capturados, puesto que, en un eventual brote de peste porcina africana, estos podrían contribuir a su dispersión.

Para ello, el decreto ley prevé un servicio de control de fauna y una unidad logística para la recogida y destrucción de cadáveres, coordinación de todas las actuaciones y su monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalí.

Mediante el decreto, se articulan ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural. Devengarán el derecho al cobro los ejemplares que sean abatidos entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de septiembre de 2026 y justificados por la Unidad Logística en el mismo periodo. En concreto, se actuará en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia.

Encargo a Vaersa

El decreto también incorpora un encargo de emergencia a la empresa pública Vaersa, que habilitará, a partir de enero, un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria. Este refuerzo permitirá actuar en zonas de seguridad y terrenos no acordes garantizando una actuación integral y eficiente.

De este modo, mediante una coordinación estrecha entre departamentos y en colaboración con los equipos técnicos especializados, la Generalitat ha analizado diversos escenarios de caza deportiva y control de jabalí, seleccionando aquel que abarca un mayor número de municipios y explotaciones porcinas, centrándose en las zonas de mayor vulnerabilidad.

El plan establece como zonas prioritarias los corredores viarios de riesgo la A-7, AP-7, N-232, A-3, A-23, CV-35 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva. Además, la iniciativa permitirá avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información más sólida y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana.

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