Más de un millar de personas urgen a impulsar un plan de choque para garantizar el acceso digno a la vivienda

Más de un millar de personas —según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana—, han recorrido las calles del centro de València este 20 de diciembre para exigir a las administraciones que "asuman sus responsabilidades" para hacer frente a la "gravísima situación que impide el acceso a la vivienda". La manifestación se ha celebrado esta tarde con carácter de “urgencia”, han reivindicado desde la plataforma convocante de la protesta, formada por decenas de movimientos sociales, organizaciones vecinales y sindicatos, ya que este 31 de diciembre finaliza el Escudo Social, que protege a miles de familias de ser desahuciadas en España.

Así, bajo el lema "Por el derecho a la vivienda ¡Ahora!", han exigido la “prórroga y mejora” de este Escudo Social, ya que, de lo contrario, a partir del 1 de enero de 2026 se iniciaría "la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado", así como la puesta en marcha de un plan de choque con medidas "necesarias, concretas y consensuadas" con los movimientos sociales y vecinales. “Además, se acaban ya los contratos que se firmaron en la pandemia, lo que en el País Valenciano supondrá una subida de los precios de más de 200 euros por contrato”, advierte la portavoz María Alandes.

"Absolutamente dramática"

"Absolutamente dramática". Así describen la realidad actual de la vivienda las entidades organizadoras en su manifiesto, en el que alertan de que "los desahucios se mantienen; los precios de alquiler son cada vez más inaccesible; las viviendas y el territorio se utilizan como un bien de mercado sometido a la especulación; se expulsa a la gente de sus barrios, mientras estos se llenan de apartamentos turísticos; el acoso inmobiliario es cada vez más intenso y seguimos sin un parque público de vivienda suficiente".

Todo ello se traduce en una "inseguridad habitacional" que genera "miedo, estrés, problemas de salud y precariedad". “Estoy harta de que la gente especule con la vivienda y que esté perdiendo mi ciudad por ello. En mi barrio, Benimaclet, están desapareciendo comercios como hornos, ferreterías, mercerías, por locales que solo fomentan la gentrificación”, comparte Glòria, una vecina de València de 38 años.

En el texto, además, han recordado que la crisis de la vivienda es "un problema transversal" que afecta a toda la ciudadanía, "sin excepción": "A la familia que ya no llega a fin de mes, a quien paga una hipoteca desproporcionada; al joven que no puede emanciparse; a las personas mayores expulsadas de los barrios de toda la vida por la constante subida de los alquileres; y a las personas migrantes a través del racismo inmobiliario". Ante eso, la reivindicación es clara: "La vivienda no debe ser un privilegio al alcance de unos pocos, sino la base de una vida digna para todos y todas".

Por ello, instan a las administraciones que se dejen de discursos y pasen a la acción. Uno de los puntos fundamentales es la aplicación de la Ley de Vivienda, declarando las zonas tensionadas, como la ciudad de València, lo que permitiría limitar los precios del alquiler, que están “desorbitados” y que “han crecido en los últimos años más de un 100 %”, dijo Ana García, secretaria general de CCOO-PV.

“Es una herramienta que permite poner en marcha medidas para abaratar los precios del alquiler, como ya se ha aplicado en otras ciudades de España. Exigimos al gobierno valenciano que comience a aplicarse”, ha afirmado Tino Calero, secretario general de la UGT-PV. En la misma línea, desde las organizaciones piden aplicar “un plan sistemático y de inspección” de los “miles de apartamentos turísticos ilegales en zonas residenciales”.

Una de las cuestiones que más preocupa es que haya “gente sin casa y casas sin gente”, tal como defendían las consignas que han lanzado las personas asistentes a la manifestación. Por eso, además de ese Escudo Social, que Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana, ha reclamado que sea “perdurable y efectivo” y no se tenga que prorrogar año a año, instan a poner fin a los “desahucios sin alternativa habitacional". En este sentido, reclaman medidas urgentes como impulsar “un plan sobre los pisos vacíos, con mayores cargas impositivas a través del IBI”; y que las viviendas vacías de los grandes tenedores se cedan temporalmente a la administración.

Un parque público de vivienda suficiente también es clave, una cuestión en la que las administraciones estatal y autonómicas deben poner “todos los recursos a su alcance”. Así, reivindican una gestión transparente de las viviendas en alquiler asequible y un “plan para movilizar los solares, suelo público, o con los registros municipales de solares”.

Durante la manifestación, también se ha denunciado el "racismo inmobiliario". "Se aceptan condiciones totalmente racistas, lo que hace que las personas migrantes no sean el perfil adecuado como inquilino o inquilina. Sin vivienda no tienes posibilidad de acceder al empadronamiento, y sin padrón no puedes acceder a otros derechos como es la sanidad o la educación. Exigimos que se haga una inspección y se limiten estas prácticas abusivas y racistas en el mercado inmobiliario", ha afirmado Katy Trujillo, portavoz de la plataforma València pels Drets de les Persones Immigrades.