La sindicatura de Comptes siembra dudas sobre el festival de Mazón "Som de la terreta"

La Generalitat Valenciana tramitó durante 2024 una cantidad récord de expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto. Según el informe de la Sindicatura de Comptes que anualmente fiscaliza las cuentas de la Generalitat, se tramitaron 596 expedientes por un total de 2.219,6 millones. Esta cantidad supone un 27 % más que el año anterior, pero sobre todo supone una cantidad de millones récord en la historia de la Generalitat.

Cabe recordar que este tipo de contratos son importes que se pagan a los proveedores pese a no haber contrato en vigor y, por tanto, estar fuera del circuito de la vigilancia y el cumplimiento de la legalidad. Es algo que ocurre sobre todo con contratos de la Conselleria de Sanidad (88,5 % del total), pero también un 7,2 % a la Conselleria de Servicios Sociales y un 2,7 % a la Conselleria de Hacienda. "Los informes anteriores de esta Sindicatura han puesto de manifiesto reiteradamente las incidencias en el cumplimiento de la legalidad y en la contabilización de estos expedientes", advierte el informe de la institución que dirige Vicent Cucarella.

Al margen de esto, el informe de auditoría específico que analiza el cumplimiento de la legalidad en la contratación pone el foco en una muestra de contratos menores y no menores. Entre estos últimos, destaca la cantidad de observaciones que el síndic emite sobre el contrato de patrocinio publicitario que Mazón aprobó, por urgencia y a dedo (procedimiento negociado y sin publicidad) a una empresa para organizar el festival musical "Som de la Terreta", que se celebró en diferentes ciudades coincidiendo con el Nou d'Octubre por 3,38 millones. Aquel generoso apoyo provocó denuncias de la oposición en Antifraude y Anticorrupción.

Atendiendo a las objeciones de la Sindicatura, se diría que todo se hizo mal. No consta documentación justificativa "adecuada y suficiente" de que se haya valorado la equivalencia de las prestaciones contratadas. "Debería existir una valoración técnica de un experto independiente".

El informe también afea que se adjudique a dedo, un negociado sin publicidad. Parece que en el proceso la Generalitat justificó que "no existe ningún otro evento cultural capaz de igualar su relevancia y que pueda tener tanta repercusión mediática", pero no se aportó ninguna prueba que así lo acreditara. Se trata de aspectos "críticos de los contratos de patrocinio".

Añade el organismo de control de la Generalitat que no se justifica en el presupuesto de licitación que se haya determinado "adecuadamente a los precios de mercado". Ni se justifica la urgencia, ni se comprobó la solvencia profesional de la empresa, pese a ser una mercantil de nueva creación la que se llevó el contrato de patrocinio publicitario de este festival impulsado por Mazón.

Retorno muy inferior al esperado

No se queda ahí la Sindicatura de Comptes. El contrato incluía una cláusula estableciendo que la Generalitat pagaría tras la celebración del evento y previa presentación de una memoria con las actividades detalladas con folletos y fotografías. La cuestión importante es que la administración solo estaba obligada a pagar el precio total del contrato de patrocinio si se acreditaba que "el valor del retorno publicitario obtenido alcanza al menos" el importe del presupuesto de adjudicación. Es decir, 3,38 millones.

Se adjudicó a una empresa una auditoría contratada por la Generalitat concluyó que la cifra de impacto en medios que provocó el festival alcanzaba los 3,9 millones, "ligeramente superior al presupuesto de adjudicación del contrato, pero muy inferior a los 8,3 millones de euros estimados por el órgano de contratación". En última instancia, la Sindicatura recuerda que la oferta de la adjudicataria contenía el compromiso de donar toda la recaudación a ONG locales. "No consta que la administración haya verificado este aspecto", concluye.

En el apartado de recomendaciones, la Sindicatura sugiere a Presidencia de la Generalitat que, como responsable en materia de transparencia, debería establecer mecanismos adecuados que permitan el cumplimiento efectivo del artículo 20 de la Ley 1/2022 (como la denominación de las empresas licitadoras o la titularidad real del adjudicatario) por parte de la Administración de la Generalitat".

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