La factura del Consell por conflictos urbanísticos como las torres de Benidorm supera los 300 millones

El informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat es una especie de galería de los horrores. Cada página esconde un pufo, un drama o un mal presagio en forma de fuga de millones de las arcas públicas, ya sea por irregularidades, falta de recursos financieros o una mala gestión de los fondos públicos. Y uno de esos horrores es el dinero que puede costar a la Generalitat esa suma de problemas de gestión con eventualidades como una dana.

Según el informe de la Sindicatura de Cuentas hecho público esta semana, la Generalitat ha provisionado fondos, por lo que pueda pasar, por importe de 1.052 millones de euros. Dentro de este apartado, destacan los 301,9 millones reservados para posibles responsabilidades con cargo a la administración autonómica derivados de reclamaciones y procedimientos judiciales en curso. A la Sindicatura le falta información suficiente de la Abogacía de la Generalitat (a la que da un tirón de orejas) para "estimar razonablemente" las responsabilidades, ya que no se valora el riesgo como "posible, probable o remoto", que es lo que quiere saber el auditor. Sin embargo, el propio auditor alerta de que en la cuenta general ha detectado procedimientos judiciales "que pueden generar obligaciones significativas a pagar por la Generalitat por suponer importes elevados o extenderse a colectivos numerosos".

Eso sí, el informe de la Sindicatura ofrece ejemplos concretos, como el de unas torres residenciales en Benidorm condenadas por el TSJCV a la bola de demolición desde hace años y que costará a la Generalitat 70,8 millones solo en indemnizaciones, y ocho millones más de coste de derribo. Según la Conselleria de Medio Ambiente "estos costes están infravalorados". La sentencia obliga a derribar, aunque se puede volver a edificar alejándose de la línea de costa.

Dentro de estos 301,9 millones que conforman las estimaciones de las consellerias por las obligaciones que pudieran derivarse de las reclamaciones o juicios en curso, el grueso se corresponden con "litigios derivados fundamentalmente de planes de ordenación municipales". Son casi 207 millones de euros.

Impuestos y prestaciones sociales

Al margen de esto, el informe constata provisiones a corto plazo para devolución de ingresos por valor de 72,9 millones. Son sobre todo estimaciones de la Agencia Tributaria Valenciana sobre la devolución de ingresos indebidos por casi 60 millones, principalmente del impuesto de Patrimonio.

En el ámbito de la atención a la Dependencia, se han provisto fondos por valor de 43 millones para la cobertura de las prestaciones. Esa cantidad se distribuye entre 13.000 expedientes de solicitud que estaban pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2024, y que sumaban 30,4 millones. Pero además hay 12,7 millones contemplados por solicitudes de responsabilidad patrimonial por el fallecimiento del titular de la prestación antes de que se resolviera el expediente, y que suman más de 4.950 expedientes. Son grandes cifras, aunque se han reducido algo respecto al año anterior. Se han dado casos de familias que esperan hasta siete años sin que lleguen las ayudas.

También se contempla la posible devolución de 3,8 millones que la Conselleria de Hacienda cree que puede tener de devolver en concepto de subvenciones de la pandemia.

La renta valenciana de inclusión es otro de los ámbitos donde los retrasos obligan a reservar fondos. En concreto, a 31 de diciembre de 2024 se contabilizaban 1.312 expedientes pendientes de aprobación que sumaban unos 9,2 millones de euros.

Por otro lado, el informe de la sindicatura informa también sobre las reclamaciones de las empresas concesionarias del servicio público de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por un importe de 78,2 millones. Eso sí, la administración indica que todos los procedimientos han sido desestimados, si bien las antiguas empresas adjudicatarias han interpuesto nuevos recursos.

Daños de la dana

Al margen de estas cuestiones, el impacto de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 tiene también su reflejo contable en las cuentas de la Generalitat Valenciana. Según constata el auditor, en el año analizado se ha dotado una provisión por daños en infraestructuras y bienes derivados de la dana por importe de 604,2 millones de euros a largo plazo. De ellos, como es lógico, el grueso está vinculado con la Conselleria titular de las competencias de medio ambiente, infraestructuras y territorio, a tenor de los inmensos daños que se produjeron en la red de carreteras o ferroviaria dependiente de la Generalitat. Son 240,6 millones los que provisiona. La Conselleria de Educación también 'apartó' una partida de 146,2 millones, así como 92,9 millones de la de sanidad o los 77,2 de Agricultura.

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