El Consell ahonda en la desregulación con un decreto que modifica o elimina 96 normas autonómicas
El pleno aprueba la segunda parte del plan Simplifica, que toca 750 artículos de leyes, reduce procesos o controles y obliga a que cada nueva norma comporte la eliminación o simplificación de otra

GRAFCVA1390. VALENCIA, 26/12/2025.- El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y el vicepresidente para la Recuperación y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martinez Mus (de pie), a su llegada a la rueda de prensa ofrecida tras la sesión plenaria semanal. EFE/Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

El pleno del Consell, el último de 2025, ha aprobado este viernes el decreto ley de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, o traducido, que está llamado a convertirse en la segunda ley de simplificación administrativa de esta legislatura. Era uno de los proyectos estrella de Carlos Mazón y que ahora tiene continuidad con el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, que ha mantenido a su arquitecto, Cayetano García, en su gobierno pese a que formaba parte del núcleo duro del expresident.
El propio Llorca anunció en el debate de investidura la inminente aprobación de esta ley, con la que se da una vuelta de tuerca a la desregulación normativa ya iniciada con Mazón. Como sucedió ya con el primer proyecto, vuelve a ser una iniciativa compleja y densa por su alcance transversal, ya que modifica o suprime 96 normas autonómicas (38 leyes y 43 decretos) de lo más variado: desde urbanismo a fiscalidad, pasando por servicios sociales, sanidad, educación, función pública o medio ambiente. Sumado al anterior decreto, en total se retocan o derogan 149 normas y 1.300 artículos.
Además, el decreto incorpora una obligación a la Generalitat, que se compromete a que cada vez que se apruebe una nueva norma, se derogue o simplifique otra. El objetivo, según ha explicado el portavoz Miguel Barrachina, es combatir la "inflación" legislativa que "asfixia a muchos".
El también conseller de Agricultura ha adelantado que la norma "afecta a todas las áreas" de la administración valenciana y ha aportado algunos ejemplos. Así, ha asegurado que reduce "a la mitad" los plazos para conceder licencias de obra de viviendas, "agiliza" los tiempos para obtener la dependencia o autoriza las renovaciones automáticas de documentos como el certificado de familia numerosa, entre otras novedades.
El borrador, al que ha tenido acceso Levante-EMV, justifica en el preámbulo su necesidad en base a la "sobrecarga normativa acumulada" en la administración valenciana y que según la Generalitat "lastra la eficacia de la acción administrativa, frena el dinamismo empresarial y compromete la calidad de los servicios públicos".
En ese sentido, la parte expositiva añade que esa "complejidad normativa" sumada a la "lentitud de algunos procedimientos administrativos, especialmente en urbanismo, energía, vivienda y servicios sociales, ralentizan la implantación de iniciativas privadas y dificultan la ejecución de políticas públicas clave".
Por todo ello, remarca que la "simplificación es indispensable para dinamizar el mercado, reforzar la confianza de los operadores y garantizar un acceso efectivo a los derechos" y fija como objetivo del decreto ley el dar "respuesta a una doble necesidad: combatir la hiperregulación y modernizar el funcionamiento administrativo".
Decreto abierto a enmiendas
Una vez validado por el Consell, el texto debe afrontar ahora la tramitación parlamentaria en las Corts. Como sucedió con la primera norma de simplificación, la Generalitat la plantea como decreto ley, lo que implica una entrada en vigor inmediata y reduce trámites parlamentarios.
Sin embargo, todo apunta a que termine convirtiéndose en proyecto de ley, como ya sucedió el año pasado con la primera versión por orden de Vox, que obligó a ese proceso extra para incorporar enmiendas. Este paso adicional trajo algunos cambios de calado, uno de los más relevantes la reducción de la distancia mínima a la costa para poder construir determinadas edificaciones como hoteles, que el Consell quería reducir a 100 metros y que finalmente quedó fijada en 200 por orden de Vox.
El propio portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha admitido la densidad del documento y ha considerado que precisamente por eso "entra dentro de lo normal" que finalmente esta norma "pueda ser debatida en las Corts como proyecto de ley", aunque ha dicho no saber nada de las intenciones de Vox al respecto.
Barrachina cree que "sería razonable" el cambio de fórmula dada esa extensión y alcance, ya que las aportaciones de los grupos a un texto tan amplio son "necesarias".
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