La Diputación asume el control e inspección de todas las depuradoras públicas de Alicante tras un convenio con la Generalitat

La Diputación de Alicante asumirá las competencias de control e inspección de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración de la provincia tras el convenio de colaboración autorizado por el Consell entre la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y la institución provincial. El acuerdo delega en la Diputación el seguimiento de la explotación de estas instalaciones, mientras que la Epsar se compromete a sufragar los gastos derivados de la prestación del servicio, previa justificación.

El convenio se apoya en la normativa de régimen local que permite a la Generalitat delegar funciones en las diputaciones y fija el alcance, condiciones y duración de la delegación, con vigencia inicial de cinco años. En ese periodo, la financiación prevista por la Epsar alcanza los 12,1 millones de euros, con límites máximos por anualidades: hasta 2,1 millones en 2026; 2,1 millones en 2027; 2,2 millones en 2028; 2,3 millones en 2029; y 3,2 millones en 2030. Dentro del primer trimestre de cada año, la Diputación deberá presentar el balance de gastos de la anualidad anterior para justificar la financiación, que se abonará en función de lo efectivamente acreditado hasta el tope fijado.

Desde el equipo de gobierno de Toni Pérez explican que, con este convenio, la institución completará el control de calidad del cien por cien de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración de la provincia. Hasta ahora, el ente provincial realizaba el control en 140 instalaciones y con la delegación se incorporan alrededor de 90 más, hasta cubrir el conjunto de infraestructuras bajo control público. En la práctica, el objetivo es reforzar la supervisión sobre instalaciones que están explotadas por empresas concesionarias, de modo que el control analítico y el seguimiento de la monitorización de la calidad del agua queden centralizados en la administración provincial en coordinación con la Generalitat.

Eficiencia

La Generalitat, por su parte, justifica la delegación en criterios de eficiencia. La Epsar ha realizado un análisis de costes del servicio y sostiene que la prestación delegada a la Diputación supone un coste inferior al que tendría su ejecución directa por parte de la entidad, con un ahorro que, según la administración autonómica, influye en la sostenibilidad económica del sistema. El convenio también establece los mecanismos de control de eficiencia que se reserva la Generalitat, además de la posibilidad de prorrogarlo hasta cuatro años adicionales o extinguirlo con un preaviso mínimo de seis meses.

Con este paso, la Diputación gana peso en una materia especialmente sensible en una provincia con elevada presión urbana y turística, donde la calidad del saneamiento y la depuración condiciona tanto la salud pública como el estado de ríos, barrancos y litoral. El control delegado incluye, entre otras actuaciones, analíticas periódicas y seguimiento de parámetros, con el objetivo de detectar incidencias con mayor rapidez y mejorar la trazabilidad de la información.

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