El Consell abre la puerta a levantar grandes proyectos en suelo protegido

El profuso decreto ley contra la hiperregulación aprobado el viernes por el Consell, la segunda parte del plan Simplifica de Carlos Mazón a la que Juanfran Pérez Llorca da continuidad, modifica o elimina cerca de 750 artículos incluidos en un centenar de normas autonómicas. Es por tanto un decreto muy transversal que afecta a muchísimos ámbitos de la administración, pero que se detiene especialmente en algunos de ellos, como el urbanismo.

En ese sentido, incluye cambios de calado en los Proyectos de Interés Urbanístico (PIA), una figura de reciente creación orientada a facilitar la llegada de grandes proyectos a la autonomía y a los que la Generalitat, con la nueva vuelta de tuerca a la desregulación, dará más facilidades a los promotores para su instalación. Los PIA son herederos de las actuaciones territoriales estratégicas (ATE) creadas en 2012 que fracasaron todas. Y que fueron sustituidas por los proyectos territoriales estratégicos (PTE) que si salieron adelante como la gigafactoría de Sagunt, la sede de PLD Space en Elx o el proyecto de Edwards Lifesciences en Moncada, porque no precisaban reclasificar terrenos ni cambiar el planeamiento municipal.

El decreto relaja las condiciones de los PIA a través de modificaciones en la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Una de las más importantes es la eliminación de la restricción que impedía que estas iniciativas privadas de gran impacto se implantaran en terrenos cuyo suelo está clasificado como no urbanizable protegido —terrenos de dominio público o hidráulico o espacios forestales y ecológicos sujetos a medidas de regeneración o conservación, entre otros— o forma parte de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, la red autonómica que integra las zonas de mayor valor medioambiental, cultural o visual y que hasta ahora obligaba a las nuevas actividades que se implanten a «adecuarse» a sus requerimientos.

Con la nueva redacción, estos proyectos podrán establecerse «en cualquier parte del territorio» valenciano «con independencia de cuál sea la zonificación, clasificación, estado de urbanización o uso previsto del suelo por el planteamiento urbanístico y territorial anterior a su aprobación».

La Generalitat impondrá su criterio a los municipios

En caso de que el terreno escogido sea suelo no urbanizable protegido o esté en la Infraestructura Verde, «el Consell decidirá la implantación del proyecto, tras considerar las alegaciones presentadas por los ayuntamientos afectados, así como por el órgano sectorial autonómico competente».

Con este último fragmento la Generalitat se arroga la capacidad de tener la última palabra en caso de que el ayuntamiento de la localidad donde se va a implantar el PIA se opusiera al mismo, pudiendo ejecutar el proyecto pese a una hipotética oposición municipal.

Asimismo, y pese a que el segundo macrodecreto de simplificación busca, según el Consell, combatir la «inflación normativa» y se compromete a derogar o aligerar una ley por cada una nueva que se apruebe, en lo referente a la Lotup incluye artículos adicionales que expanden su alcance y, de nuevo, flexibilizan algunos requisitos previos.

Evaluación ambiental reducida "a la mitad"

Uno de ellos afecta a los instrumentos de evaluación ambiental, que en muchos casos se presentan como lastre de los intereses empresariales por la ralentización que supone para el sector privado obtener todas las licencias correspondientes.

Así, el nuevo decreto contra la hiperregulación contempla una reducción generalizada de los tiempos respecto a la establecida en la ley de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. En concreto, establece que «todos los plazos establecidos en dicha regulación se reducen a la mitad» cuando el proyecto deba ser autorizado mediante una licencia ambiental o una Evaluación de Impacto Ambiental. Se excluyen las iniciativas que requieran una Autorización Ambiental Integrada, requerida para actividades contaminantes y que no registra cambios.

Menos obligaciones laborales

La relajación de las condiciones a los grandes proyectos no llega únicamente por la vía ambiental, sino que también alcanza el ámbito laboral. En ese sentido, se modifican las características mínimas exigidas a estas iniciativas, de nuevo haciéndolas más accesibles al sector privado.

De esta forma, mientras hasta ahora se exigía a los promotores de estas iniciativas la generación de, como mínimo, 200 puestos de trabajo «con contrato indefinido y a jornada completa», con el nuevo decreto de simplificación se elimina la concreción y sólo se requiere la creación de una «cantidad relevante» de empleos «en función del volumen y las características de la actividad».

En cualquier caso, este segundo plan de simplificación que valida el Consell en lo que va de legislatura tiene todavía que afrontar un periplo parlamentario en el que puede sufrir modificaciones.

Aunque el texto se ha aprobado como decreto ley, lo que implica su inmediata entrada en vigor y acorta los trámites en las Corts, es probable que termine convalidándose como proyecto de ley, una fórmula que implica mayores controles y que sobre todo, permite a los partidos presentar enmiendas. Así sucedió ya con el primer decreto por exigencia de Vox y, tal como admitió el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, este viernes, «entra dentro de lo normal» que vuelva a repetirse la historia.

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