Vivienda
Vivienda "reajusta" el alquiler social a más de 3.000 familias que no lo pueden pagar
La conselleria destina 2.029.842 euros a bonificaciones para reducir la renta a 2.130 familias y aplaza el pago de la deuda del alquiler a otras 1.081

Imagen de archivo de denuncias por los precios del alquiler del parque público. / Germán Caballero / LEV

Residen en una de las viviendas que conforman el parque público de la Generalitat Valenciana y aunque el precio del alquiler social al que deben hace frente está por debajo del precio de mercado no pueden asumirlo. Por ello, desde la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad han decidido pactar con estas familias vulnerables un "reajuste" del precio del alquiler y nuevos plazos para saldar la deuda que han contraído con la Administración pública e ir asumiendo los pagos del alquiler social con el objetivo de mantener el techo en el que viven. En esta situación se encuentran 3.211 familias con escasos recursos.
Entre los mecanismos que la conselleria ha puesto en marcha para ayudar a estas más de 3.000 familias destaca la aplicación de bonificaciones para reducir el alquiler a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que tienen grandes dificultades para pagar el arrendamiento. En este caso, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Vicepresidencia primera, establece la renta en función del importe del arrendamiento, ingresos y número de miembros que integran la unidad. En muchos casos, la ayuda puede alcanzar hasta el 90 % del precio del alquiler. "Durante 2025, la aplicación de estas bonificaciones ha beneficiado a 2.130 familias de la Comunitat Valenciana, de las que 1.060 corresponden a la provincia de Valencia, 724 a la de Alicante y 346 a la de Castellón. Por lo que respecta al importe total bonificado, este año ha ascendido a 2.029.842 euros, distribuidos de la siguiente manera: 1.016.821 euros en la provincia de Valencia, 631.244 euros en la de Alicante y 381.776 en la de Castellón", explican desde la conselleria.
Otro de los recursos de que dispone el Consell para hacer frente a las deudas contraídas por impago en los alquileres de viviendas públicas es la firma de actas de reconocimiento de deuda. Se trata de un recurso clave para garantizar el derecho a la vivienda de estas familias. "Con este método de prórroga de pago, el inquilino firma un documento mediante el cual reconoce voluntaria y expresamente adeudar a la Generalitat una determinada cantidad de dinero. En él se acuerda el establecimiento de un pago aplazado de la deuda contraída y determina la forma y tiempos de abono", afirman las mismas fuentes.
Los técnicos de la EVHA estudian la situación concreta de la unidad de convivencia, junto a los servicios sociales municipales que verifican la situación de vulnerabilidad, para determinar las cantidades y plazos a devolver. Un total de 1.081 familias han firmado durante 2025 estas actas de reconocimiento de deuda, de las que 528 pertenecen a la provincia de Alicante, 491 a la de Valencia y 62 a la provincia de Castellón. Asimismo, la firma de estas actas ha supuesto un aplazamiento de un total 5.451.604 euros, de los que 3.113.854 corresponden a la provincia de Alicante, 2.093.985 euros a la provincia de Valencia y 243.764 euros a la de Castellón.
Cantidades asumibles para las familias
La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha destacado que estos mecanismos tienen como objetivo "asegurar que las familias que disponen de menos recursos puedan acceder y mantener una vivienda digna, a través de cantidades asumibles para ellos".
Para dar a conocer estas medidas, la EVHA organiza campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas que incluyen reuniones en las que se explican las medidas implantadas por el Consell para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos. En estas campañas es fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales.
Asimismo, la EVHA dispone de 25 espacios de atención en varios grupos de vivienda pública. En ellos, los equipos de mediación social asisten a los residentes y les ayudan a resolver problemas relacionados con la mejora de la convivencia, el mantenimiento y la gestión en las comunidades vecinales, pero también a solicitar bonificaciones o actas de reconocimiento de deuda si tienen problemes de impagos. Estos equipos están financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.
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