La causa de la dana estrecha el cerco sobre Mazón y desmonta su guerra de relatos

El año 2025 comenzó con las querellas y demandas contra el presidente de la Generalitat Carlos Mazón descartada y la investigación de la gestión de la dana despejada al córner del juzgado de instrucción que correspondiera para centralizar la investigación. Así lo acordaron en diciembre de 2024 la Fiscalía Superior y la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Pero 2025 se cierra con la causa de la dana estrechando el cerco sobre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y desmontando la guerra de relatos que intentó, y sigue intentado, imponer.

El audio ocultado que contradecía a Pradas

Una batalla en la que las tornas comenzaron a cambiar a partir de septiembre de 2025. La delegación en la Comunitat Valenciana de RTVE hizo público el audio de un vídeo grabado por la televisión autonómica À Punt, inédito para la instrucción de la dana. El vídeo permitió tirar del hilo y que la Conselleria de Emergencias entregara las imágenes del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de las decisiones del 29-O) captadas por una productora contratada por Emergencias el 29 de octubre de 2024 que se sumaron a las aportadas por À Punt. Ocultas durante diez meses estas imágenes y audios revelaron que la investigada Salomé Pradas no tuvo una actitud tan pasiva como defendió en su declaración del 11 de abril.

«La consellera daba instrucciones de extremos que también había que incluir en el mensaje» Es Alert. En otro vídeo, Pradas «dijo que antes de enviar el siguiente mensaje, ella tenía que verlo». La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, valoró con estas palabras la relevancia de estas imágenes en uno de sus autos. «Dicho vídeo desmiente radicalmente la teoría no solo de que un funcionario le informara a las 20.00 horas de que existía el sistema Es Alert, declaración pública que Pradas explicó en À Punt, sino también la teoría de que el mensaje era una cuestión exclusiva de los técnicos», aseguró la magistrada en un uno de los autos posteriores a la recepción de los vídeos. En el mudo de À Punt adelantado por RTVE se escuchaba a Salomé Pradas dar indicaciones para el mensaje Es Alert y asegurar: «Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo [presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)]? ¿Lo llamamos? A Miguel Polo. A mí no me apetece llamarlo».

Tras la declaración del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, se supo que el retraso en el envío del Es Alert se debió al debate sobre el confinamiento de la población afectada por la dana y el cambio de las palabras demasiado catalanas del mensaje.

La Audiencia de València abrió en octubre el foco de la instrucción

El otro punto de inflexión en la causa fue la decisión de la sección segunda de la Audiencia de València de corregir a la jueza y el fiscal de la dana y acordar la citación de la periodista Maribel Vilaplana. La también consultora de comunicación comió con Carlos Mazón en El Ventorro desde las 15 horas del 29 de octubre de 2024, en una sobremesa que se alargó casi cinco horas hasta poco antes de las 19.47 horas. Un horario que se pudo acotar gracias a dos exclusivas de Levante-EMV que han permitido incorporar datos relevantes a la investigación.

"Citación pertinente y apta"

La sección segunda de la Audiencia de València aceptó el recurso del abogado Ximo Esteve, que ejerce la acusación particular de una víctima de la dana de Algemesí, y consideró que la citación de la periodista Maribel Vilaplana era «aparentemente pertinente y apta, a priori, para poder aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, objeto de la investigación penal en curso».

Acción u omisión de Carlos Mazón

Los seis magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València acordaron por unanimidad abrir la puerta a la jueza de la dana para que pudiera recabar indicios para investigar lo que hizo Carlos Mazón, pero también lo que no hizo el día de la dana. «Analizar o investigar lo hecho -por acción u omisión impropia- por el president de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024, en el espacio del procedimiento penal, exigiría que existieran indicios de que tuvo alguna participación eficiente en la toma de decisiones -o en la omisión de las mismas- en el seno del Cecopi por quien detentaba el mando único [señalaron en referencia a Salomé Pradas]». Por ello añadían los magistrados, cabía poner también el foco «en particular, en aquellas [decisiones] cuya adopción u omisión pudieran vincularse causalmente, en los términos exigidos por la imprudencia penal, con la causación de las muertes y las lesiones investigadas».

Así que la carta abierta que publicó Maribel Vilaplana el 5 de septiembre y su declaración en sede judicial el 3 de noviembre, el mismo día que anunció su dimisión Carlos Mazón, permitieron acotar los horarios del presidente de la Generalitat la tarde del 29 de octubre de 2024 sobre los que ha dado hasta ocho versiones distintas. Vilaplana confirmó que durante la larga sobremesa que compartió con Mazón estuvo conectado, atendió llamadas y la acompañó al aparcamiento de la Glorieta donde ella tenía aparcado su coche.

Éste último detalle, revelado por Levante-EMV en la edición del 26 de octubre, permitió a la jueza de la dana tirar del hilo y averiguar un dato objetivo: a las 19.47 horas del 29 de octubre Vilaplana abonó el aparcamiento de su vehículo en la Plaza de Tetuán. Una hora que prolonga la sobremesa que ambos compartieron desde las 15 horas hasta poco antes de las 20 horas. Un detalle que es relevante porque Mazón y su equipo de comunicación defendieron durante meses que el jefe del Consell estuvo en el Palau de la Generalitat desde las 18 horas del 29 de octubre haciendo llamadas y siguiendo los detalles de la emergencia.

Levante-EMV también publicó que Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau. Una información que la jueza de la dana considera «una hipótesis plausible» al compararla con la hora en la que Vilaplana pagó el aparcamiento . Tras acercar a Mazón hasta una calle cercana al Palau de la Generalitat, el presidente de la Generalitat entró solo en el edificio, donde un asesor externo le puso al tanto de la magnitud de lo que sucedía por los efectos de la dana: «President, hay muchos muertos», según fuentes del PP, como contó Levante-EMV .

Aunque el jefe del Consell ya era consciente de las primeras víctimas desde las 16.28 horas del 29 de octubre, en plena sobremesa en El Ventorro. Así lo desvelaron los mensajes que la exconsellera Salomé Pradas aportó a la causa de la dana, tras admitir que los conservaba en la entrevista que concedió al programa Salvados de la Sexta.

Unos mensajes que Pradas, mando único de la emergencia desde las 15 horas del 29 de octubre de 2024, intercambió con Carlos Mazón. Y también con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, durante el 29-O.

Los mensajes revelaron cómo Cuenca (entonces secretario autonómico) daba órdenes a la consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia en ese momento. «Salo (...) de confinar nada, por favor. Calma». E insistía: «Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma», aseguró Cuenca, al desconocer que el plan de inundaciones sí prevé el confinamiento en caso de emergencia. Y es lo que le respondió Pradas. «Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley de emergencias». El secretario autonómico aún insistió en despejar la idea del confinamiento. «Llévate aço del cap per favor. Tranquila che (sic)», aseguró mezclando castellano y valenciano.

Unas expresiones que se contradecían con la primera declaración de Cuenca ante la jueza de la dana y que provocaron una segunda declaración en el juzgado en la que el jefe de gabinete protegió a Mazón, negó ser un machista por cómo se dirigía a la exconsellera y alegó que los mensajes con Pradas estaban «descontextualizados». Para aclarar estas contradicciones y, sobre todo, saber si Cuenca ordenó a Pradas que no molestara a Mazón, la jueza de la dana aceptó la petición de la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, bajo la dirección letrada del abogado Manolo Mata, y acordó celebrar un careo entre José Manuel Cuenca y Salomé Pradas, previsto para el próximo 12 de enero.

Aunque 2026 comenzará con la declaración por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intercambio llamadas y mensajes con Carlos Mazón entre las 19.59 horas y las 23.29 horas del 29 de octubre. Feijóo está citado para que aclare la información «en tiempo real» que le proporcionó Mazón, después matizada en los escritos remitidos al juzgado de Catarroja.

El año 2025 comenzó sin juzgado asignado para investigar la dana

Parece que haya pasado una eternidad, pero en enero de 2025 aún no se sabía cuál de los 21 juzgados de diez partidos judiciales que abrieron diligencias el mismo día 29 o a partir del 30 de octubre de 2024 por la desaparición de personas o la aparición de los primeros cuerpos llevaría la instrución de la causa de la dana.

Una duda que se resolvió a finales de enero, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, ahora denominado Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, decidió asumir de común acuerdo con la Fiscalía Provincial la investigación por las víctimas mortales de la dana como presuntos homicidios imprudentes. Aunque la titular del juzgado, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, ya investigaba los 76 fallecidos en su partido judicial desde el 30 de octubre de 2024. De esta manera, de los tres primeros meses de languidez judicial sin un juzgado que centralizara las diligencias, las diligencias previas 692/2024 cogieron velocidad de crucero cuando este juzgado «desconocido» que a partir del 11 de febrero comenzó a popularizar el nombre de la jueza de Catarroja que ha alcanzado protagonismo autonómico y estatal por la agilidad de sus decisiones y la empatía a las víctimas que trasladan sus autos judiciales. Una causa de la dana que ha alcanzado los catorce meses de instrucción, prorrogados seis meses hasta el 30 de abril de 2026 y que marca un ritmo trepidante en la actualidad judicial valenciana.

La jueza de la dana está liberada para dirigir esta instrucción de las tareas cotidianas del juzgado (excepto las guardias, que son semanales en los juzgados de instrucción locales). De los 76 fallecidos que investigaba en su partido judicial de Catarroja, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra pasó a investigar los 223 fallecimientos y tres desaparecidos que se contabilizaban al inicio de 2025 y que al cerrar el año ya han alcanzado la cifra de 230 víctimas mortales. Una cifra que incluye a la bebé Scarlett, que no llegó a nacer y murió junto a su madre Janine, embarazada de ocho meses, y que ha podido ser inscrita como nonata en el Registro Civil, gracias al tesón de su abuela María y la ayuda de sus abogados Joan Bertomeu Castelló y Andreu Moreno Tarín, que también ejercen la acusación popular de la Associació Mai Més València. La cifra de 230 fallecidos tambien incluye ya a las tres personas que permanecían desaparecidas al inicio de 2025: a Javier, el hombre desaparecido en Pedralba y cuyo cuerpo se encontró en el cauce del Turia, y a los otros dos se les ha reconocido oficialmente como víctimas aunque sus cuerpos aún no han sido encontrados. Además de las 230 víctimas, la jueza de Catarroja tiene otros nueve fallecimientos, posteriores al día de la dana, en estudio, a petición de las familias de los fallecidos.

En sus primeros autos con la causa ya centralizada en el juzgado de Catarroja, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra mostraba la especial sensibilidad con la que afrontaba la instrucción. En el auto del 11 de febrero en la magistrada entonces decana de los juzgados de Catarroja describió los acontecimientos vividos el 29 de octubre de 2024 como un «episodio dantesco, un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad, [que] ha producido respecto a los familiares de los fallecidos un importante daño psicológico». 

La jueza instructora hablaba con conocimiento de causa. La semana de la dana su juzgado estaba de guardia. Su primer auto sobre las trágicas consecuencias de la barrancada fue del 30 de octubre de 2024. «En este Juzgado se ha recibido la noticia de la existencia de un gran número de fallecidos, en su gran mayoría no identificados, a consecuencia de las graves inundaciones ocurridas en el partido judicial de Catarroja». Así que el 30 de octubre de 2024 fue cuando la magistrada Nuria Ruiz Tobarra decidió abrir las diligencias previas 692/2024 para «acordar el levantamiento de los cadáveres» e iniciar su identificación. Hasta 76 víctimas se localizaron en los municipios de l’Horta Sud que conforman el partido judicial de Catarroja. El 5 de diciembre Nuria Ruiz Tobarra ya había abierto 68 piezas separadas por otras tantas víctimas de l’Horta Sud y atendido a muchos de los familiares directos de los fallecidos. Actuaciones que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja practicó sin sede judicial, ya que el edificio de los juzgados de Catarroja también se vio afectado por el desbordamiento del barranco del Poyo (o de Torrent o Massanassa). El 12 de noviembre se les habilitó un espacio en la Ciudad de la Justicia de València y la actividad ordinaria la recuperaron el 2 de diciembre. Allí permanecieron hasta julio de 2025.

Otra de sus primeras decisiones al asumir toda la investigación de la dana fue solicitar en el auto del 11 de febrero al Instituto de Medicina Legal que evaluara el estrés postraumático de los familiares que han perdido a sus seres queridos. En muchos casos han fallecido hasta dos y tres miembros de una misma familia. Muchas muertes del 29 de octubre se produjeron con despedidas telefónicas en directo, o con las víctimas desapareciendo en el torrente de agua fangoso ante la mirada de sus familiares. Situaciones que los supervivientes narran con desgarro y que acreditan con imágenes, vídeos y audios incorporados a la causa de la dana.  

De hecho, son las familias las que aportaron la clave sobre la que gira la investigación de la dana. «Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío. El consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta [el ahora conocido Es Alert] fue a las 20.11 [horas], errado en su contenido. Muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje o simplemente por encontrarse en la vía pública», aseguraba la jueza en un auto del 17 de febrero. En el que deslizaba una de las muchas frases demoledoras de la instrucción. «En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí». 

A partir de este momento fue cuando Mazón comenzó a distanciarse de de la toma de decisiones del Es Alert, aunque supusiera sutoenmendarse y admitir que llegó al Cecopi mucho más tarde de lo que había asegurado hasta entonces. El 27 de febrero el presidente de la Generalitat reveló que llegó al Cecopi a las 20.28 horas, tras asegurar durante cuatro meses que llegó «pasadas las 19 horas».  

La bomba informativa en la instrucción de la dana se produjo el 10 de marzo. La magistrada decana de Catarroja citó a declarar a los dos primeros investigados: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; y su número dos y exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. 

Un auto en el que la jueza citó una a una a las 228 personas fallecidas por la dana y ofreció un breve testimonio de las familias de 25 fallecidos. El auto del 10 de marzo también sirvió para desmontar el argumento del presunto «apagón informativo» esgrimido desde noviembre por la Generalitat para justificar los avisos tardíos de la emergencia. «Había sobrada información, el problema es que se ignorara», asegura la jueza.  La interlocutoria del 10 de marzo supuso el primer aldabonazo al «relato» de la Generalitat que aún intentado apuntar a la presunta falta de diligencia de la Aemet (Agencia estatal de meteorología) y la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) en la información que trasladaron de la emergencia el 29-O. 

«El problema residiría -apuntaba la magistrada- no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o Aemet) o autonómica (el 112 C. Valenciana) sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supiera por donde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión». Por ello, concluía, «las circunstancias del retraso [en enviar el Es Alert] deberán ser averiguadas». 

Desde marzo, el goteo de declaraciones de familiares y testigos ha sido incesante en la causa de la dana. El 11 de abril fue el turno de los dos investigados que sólo accedieron a responder a sus abogados. La exconsellera de Justicia e interior Salomé Pradas se escudó en su falta de experiencia para justificar las decisiones, o la falta de ellas, que se adoptaron en la gestión de la emergencia del 29 de octubre. Y defendió que se apoyó en los técnicos en todo momento. También protegió el presidente de la Generalitat Carlos Mazón y lo desligó de la toma de decisiones sobre el Es Alert y uno de los puntos clave: el retraso, que negó, en el envío del Es Alert de las 20.11 horas. La mayoría de las víctimas, si no todas, ya habían muerto cuando se envió a los móviles.

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso también derivó las responsabilidades a los técnicos. Declaró que no se tuvieron en cuenta las 19.000 llamadas al 112 por indicación de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias y funcionario de la Generalitat. "Dijo que no había que tener en cuenta las llamadas al 112 porque de un único accidente de circulación pueden llamar cincuenta personas", explicó. En su declaración ante la jueza Argüeso admitió tres errores, aunque ninguno le afectaba: la retirada de los bomberos de los barrancos, la falta de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que la delegada del Gobierno no estuviera presente en el Cecopi del 29 de octubre.

También fue destacada la declaración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que compareció el 14 de abril como testigo, y por tanto obligada a decir verdad. De su declaración de siete horas se supo que el Es Alert de las 20.11 horas del 29 de octubre iba a enviarse solo a municipios del río Magro hasta que Bernabé alertó al Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) del desbordamiento del barranco del Poyo a las 19 horas de aquella tarde, por lo que el mensaje ya se extendió a toda la provincia de València.

Según Bernabé, fue la entonces alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, la que la advirtió de los problemas en l'Horta Sud. Eran las 19 horas y Bernabé declaró que «la alcaldesa de Paiporta me dijo que estaba ahogándose la gente [en su municipio]». Fue en ese momento, cuando se retomó el Cecopi de manera telemática, a las 19 horas, cuando la Generalitat plantea la posibilidad de enviar el mensaje Es Alert, pero solo en los municipios de la ribera del Magro. Una propuesta a la cual Bernabé añadió otra: que el Es Alert «no fuera solo para zonas afectadas por [la presa de] Forata, sino que fuera para toda la provincia». A lo que la consejera Salomé Pradas, según la delegada del Gobierno, contestó que «esto estaba pasando en otras partes».

Otra declaración muy esperada fue la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel polo que rompió el 19 de septiembre su silencio de diez meses para declarar durante ocho horas ante la jueza, el fiscal y la cuarentena de abogados, entre acusaciones y defensas, de la causa de la dana. Polo defendió en sus respuestas que se anticipó al desastre en la presa de Forata en el río Magro pero derivó la responsabilidad del control del barranco del Poyo en la Generalitat Valenciana, la competente en el Plan especial ante el riesgo de inundaciones, defendió.

Aunque uno de los vuelcos a la investigación fue la entrega de imágenes del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) captadas por Emergencias y À Punt el 29 de octubre. RTVE hizo público el vídeo, con audio, que reveló detalles desconocidos hasta entonces del 29-O. Ocultas durante diez meses las imágenes revelaron que la investigada Salomé Pradas no tuvo una actitud tan pasiva como defendió en su declaración del 11 de abril. “La consellera daba instrucciones de extremos que también había que incluir en el mensaje» Es Alert. En otro vídeo, Pradas «dijo que antes de enviar el siguiente mensaje, ella tenía que verlo». «Dicho vídeo desmiente radicalmente la teoría no solo de que un funcionario le informara a las 20.00 horas de que existía el sistema Es Alert, declaración pública que Pradas explicó en À Punt, sino también la teoría de que el mensaje era una cuestión exclusiva de los técnicos, aseguraba la jueza en un uno de los autos posteriores a la recepción de los vídeos. En el mudo de À Punt emitido por RTVE (Radio Televisión Española) se escuchaba a Salomé Pradas dar indicaciones para el mensaje Es Alert y asegurar: «Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Lo llamamos? A Miguel Polo. A mí no me apetece llamarlo»,

Otro punto de inflexión ha sido la aportación a la causa de la dana por parte de la exconsellera Salomé Pradas de los mensajes que intercambió con Carlos Mazón pero sobre todo con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, durante la fatídica jornada del 29 de octubre. Cuenca (entonces secretario autonómico) dio órdenes a la consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia en ese momento. "Salo (...) De confinar nada, por favor. Calma". E insistía: "Salomé, per a confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada [del Gobierno, Pilar Bernabé]. Calma", aseguró Cuenca, al desconocer que el plan de inundaciones sí prevé el confinamiento en caso de emergencia. Y es lo que le respondió Pradas. "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley de emergencias". El secretario autonómico aún insistió en despejar la idea del confinamiento. "Llévate aço del cap per favor. Tranquila che (sic)", aseguró mezclando el castellano y el valenciano.

Unas expresiones que se contradecían con la primera declaración de Cuenca ante la jueza de la dana y que que provocaron una segunda declaración de Cuenca en el juzgado en el que el jefe de gabinete protegió a Mazón, negó ser un machista por cómo se dirigía a la exconsellera y alegó que los mensajes con Pradas estaban "descontextualizados". No obstante, la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra estimó la petición de la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, bajo la dirección letrada del abogado Manolo Mata, y acordó celebrar un careo entre el exsecretario autonómico del Gabinete de Presidencia y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, y la exconsellera de Justicia e Interior, que se celebrará el próximo 12 de enero

Prórroga de la instrucción hasta abril

A pesar del intenso trabajo aún queda mucho camino judicial por recorrer. La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó el 17 de septiembre prorrogar seis meses la instrucción de la causa, que comenzaron a contar a desde el 30 de octubre y finalizarán en abril. Aunque las prórrogas judiciales, ampliadas de seis en seis meses, no están limitadas. Una instrucción puede extenderse el tiempo que se considere necesario por el magistrado instructor.

Casi 70 testigos pendientes

Y aún queda un largo camino por recorrer. Están pendientes de citación casi 70 testigos y peritos, cuya comparecencia se ha acordado, aunque aún no tienen fecha de comparecencia agendada. Tambíén suponen un goteo incesante ante el juzgado los familiares de las 230 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre. Hay otros nueve fallecimientos posteriores al 29 de octubre que están en estudio, a petición de las familias, para confirmar que el fallecimiento se debió a las barrancadas o riadas que afectaron a seis comarcas valencianas.

Comparecencias de familiares de los fallecidos

Es la parte menos visible de la causa de la dana, por respeto a las víctimas, pero el equipo de la jueza de la dana del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, compuesto por la letrada de la administración de justicia, una gestora, dos auxilios judiciales y dos tramitadoras, tomarán declaración a un número de familiares directos o testigos de los fallecimientos que podrán rondar el millar de personas. El juzgado mantiene abiertas, actualmente, unas 400 piezas separadas por los 230 fallecidos a las que se suman las de los familiares directos y los lesionados o testigos de los fallecimientos. Hasta octubre, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza de la dana había tomado declaración a 350 testigos, en su gran mayoría familiares de las 230 personas fallecidas.

Testigos con fecha de declaración hasta enero

Respecto a los casi 70 testigos relacionados con la emergencias, 68 según ha contabilizado Levante-EMV salvo error u omisión, hay trece ya señalados hasta el próximo 22 de enero. Este día está citado Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, ahora en la Conselleria de Hacienda. La jueza de la dana lo ha citado porque la entonces consellera Salomé Pradas recurrió a él en las dos ocasiones en que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón le colgó el teléfono cuando la consellera intentó localizarlo (a las 19.10 y 19.36 horas), según aseguró la magistrada de la dana en el auto en el que citaba a declarar al núcleo duro del exjfe del Consell.

Sí están citados, pero siguen sin fecha, el chófer y los escoltas de Carlos Mazón que trabajaron con él el 29 de octubre de 2024. Y el director general de Comunicación de la Generalitat con Carlos Mazón, Francisco González. Son indicios que se recogen y afectan directamente al ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que al mantener su condición de diputado en las Corts Valencianes no puede ser investigado por el juzgado de Catarroja. Sólo en el caso de recabar indicios lo suficientemente contundentes contra el expresident, la jueza Nuria Ruiz Tobarra podría elevar al TSJCV una exposición razonada para solicitar la imputación de Mazón, en relación con los 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.

Dos días de declaración para Basset

Un testigo que tiene reservadas dos días de declaración es José Miguel Basset, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, a quien Salomé Pradas identifica como la voz crítica que consideraba inadecuado el envío del es Alert que se envió a las 20.11 horas por si provocaba un efecto estampida. Y que también debe aclarar la polémica retirada de los bomberos forestales de la vigilancia del barranco del Poyo, una polémica decisión que nadie asume.

Vicepresidenta y cargos de Emergencias

También están pendientes de fecha para declarar la vicepresidenta y exconsellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en relación con los 37 fallecidos usuarios de la teleasistencia que murieron el 29 de octubre; el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratillas; el director de la Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de Emergencias), Raúl Quiles; la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís. La jefa de gabinete de Salomé Pradas declarará el 19 de diciembre y el jefe de prensa de Salomé Pradas, aún sigue sin fecha adjudicada.

Alcaldesas y alcaldes además de trabajadores de Ilunion y la CHJ

En esta situación se encuentran un total de 25 alcaldes y alcaldesas, y dos ex regidoras, de los principales municipios afectados por la dana del 29 de octubre. Por los juzgados de Catarroja deberán desfilar los y las representantes municipales de municipios como València, Catarroja, Picanya, Paiporta, Cheste, Chiva, Utiel, Requena, Algemesí, l'Alcúdia, Riba-roja. Además de trabajadores de Ilunion, la empresa gestora del teléfono de Emergencias 112, o cargos intermedios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros.

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