Adiós a 2025: política, sexo y caídas en desgracia

Carlos Mazón Guixot (Alicante, 1974) ha sido el nombre del año en la política valenciana, quizá también en la española, protagonista de un viacrucis hasta su dimisión que ha encontrado amplio eco en la actualidad nacional. Tanto, que la presión política, social y judicial que le han rodeado ha eclipsado otros acontecimientos que también han atravesado este año marcado por la resaca de la dana.

Uno de ellos ha sido el definitivo descenso a los infiernos de José Luis Ábalos Meco (Torrent, 1959), que ha pasado de brillar en la ‘nomenklatura’ socialista a ocupar ‘escaño’ en el módulo 13, el de respeto, de la prisión madrileña de Soto del Real.

"Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo", dijo en una recordada comparecencia en el sala de prensa del Congreso de los Diputados, ya tras su caída en desgracia.

Esa soledad es la que ha marcado los últimos meses del exministro valenciano del PSOE. Ábalos lo ha sido casi todo en el PSPV, desde asesor municipal a aspirante a la secretaría general, y siempre influyente jefe de familia a la hora de negociar cuotas y cargos. También en el PSOE, como secretario de Organización y ‘superministro’ de Transporte en el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien acompañó en su resurrección cuando fue expulsado por el aparato y reconquista del poder. Del todo a la nada. De la escolta de fieles a compartir celda. Ábalos pasará el fin de año en una prisión madrileña, en compañía de su antiguo asesor Koldo García. Mientras, el PSOE le pide que devuelva el acta de diputado en el Congreso.

El pasado 27 de noviembre el magistrado del Supremo Leopoldo Puente los envió a la cárcel por riesgo de fuga, investigados por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Se investigan presuntos amaños en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Otro de los protagonistas de este año de traumas en la política valenciana también ha sido socialista. Durante el verano se vivió el abrupto final de la larga carrera política de José María Ángel Batalla (València, 1956), presidente del PSPV, por una cuestión que nada tuvo que ver con su desempeño político.

A punto de llegar a agosto, una investigación exprés de la Agencia Antifraude de la Generalitat concluyó que el entonces comisionado del Gobierno para la dana se había apoyado en una diplomatura presuntamente falsa para obtener una de sus plazas como funcionario público en la Diputación de Valencia. Unos hechos sucedidos cuarenta años atrás.

En concreto, se trataba de un título de Archivística y Biblioteconomía que la UV no impartía en el momento de ser expedido. Ángel acreditó que había accedido de manera correcta a la función pública, pero se le acusaba de haber escalado a categorías funcionariales que exigían un título superior del que carecía.

Menos de cuatro meses después, en noviembre, la justicia ya había dado carpetazo al asunto por prescripción, pero en los tiempos de la política abrasiva, Ángel ya había dejado su cargo y también se había jubilado como funcionario. Su condición de representante del Gobierno y su papel en la dana, pese a las buenas relaciones con su homólogo del Consell, Gan Pampols, le convirtieron en pieza de caza mayor.

El asunto tuvo gran resonancia en la prensa nacional, una escandalera mayúscula. Paradójicamente, el que sigue siendo un respetado gestor de Emergencias tras sus ocho años con el Botànic, fue una de las primeras víctimas políticas de la dana. La mujer de Ángel, la exdiputada socialista Carmen Ninet, también fue investigada por la diputación por su currículum y su acceso a los puestos en esta institución, y ha seguido sus pasos a la jubilación.

De otra caída en desgracia, la de Santos Cerdán (encarcelado por el caso Koldo y ahora en libertad), vino precedido el ascenso a los cielos de la política de la valenciana Rebeca Torró Soler (Ontinyent, 1981). La exconsellera en el Consell de Ximo Puig y secretaria de Estado de Industria con Pedro Sánchez es la número 3 del partido desde el pasado verano como nueva secretaria de Organización. Es la cuarta valenciana que ocupa esa plaza, tras Ciprià Ciscar, Leire Pajín y el propio Ábalos. Y literalmente desde el primera día ha estado apagando fuegos vinculados a los escándalos de tipo machista que no dejan de aflorar en un partido que, precisamente, tiene una de sus fibras sensibles en la igualdad.

Ha sido un año, en realidad, marcado por escándolos sexuales bajo la sombra del puño y la rosa. 2025 deja también la filtración de un audio que ya forma parte del reverso escatológico de la historia democrática española: “A ti te gusta más Ariatna”. “No sé, la Carlota se enrolla que te cagas”, se escucha en una grabación incorporada al 'caso Koldo' entre Ábalos y su asesor, hablando sobre escoger a unas mujeres.

Junto a esto, las denuncias por presunto acoso a altos dirigentes socialistas han dejado al partido en estado de shock: desde el hombre fuerte de Pedro Sánchez en Ferraz, Paco Salazar, al escándalo que este mes de diciembre ha estallado en el seno del PSPV, con una denuncia interna al alcalde de Almussafes, Toni González, y que amenaza con otra fractura en el partido en la provincia de Valencia.

La criticada gestión de todos estos asuntos ha terminado por salpicar a la dirección que comanda Rebeca Torró, y de paso a Pilar Bernabé, que tras su buen desempeño en la dana recibió el regalo (ahora envenenado) de la secretaría de Igualdad del PSOE.

Camps, la piedra en el zapato de Pérez Llorca

El año de las caídas en desgracia también ha dejado el regreso desde el pasado de un dirigente que en su día también sufrió su hundimiento público: la condena al ostracismo de los suyos y el reproche social. Es el caso de Francisco Camps Ortiz (València, 1962), que en estos momentos es un aspirante declarado a presidir el PPCV y a ser el candidato de los populares a la Generalitat en las elecciones de 2027.

Así lo está manifestando el propio Camps en su agitada agenda pública de actos, conferencias y encuentros con la militancia, donde está armando un suerte de revuelta desde las bases frente al PP oficial, primero el de Carlos Mazón y ahora el de Juanfran Pérez Llorca, al que señala como un dirigente impuesto por Madrid.

Camps, rodeado de un veterano grupo de fieles, ha cogido la bandera de la democracia interna y reclama la celebración de un congreso regional (aplazado desde el verano pasado) por primarias abiertas para escoger al nuevo líder regional. De momento no hay fecha. Esta tarea, la de apaciguar al expresident, será uno de los frentes que este año deba abordar el nuevo president de la Generalitat.

La guerra de la Cámara de Alicante

Uno de los hechos de gran trascendencia que ha quedado bajo el radar este 2025 es el conflicto político en Alicante por las obras ilegales en la nueva sede de la Cámara de Comercio, entidad de la que es empleado en excedencia Carlos Mazón (fue su director general) y que preside Carlos Baño, al que une una gran amistad con el expresident.

Se trata de unas obras sin licencia dentro del Puerto de Alicante, financiadas por la Generalitat, y en un edificio del empresario Enrique Ortiz que ha alquilado a la entidad cameral. El Ayuntamiento de Alicante, dirigido por el también popular Luis Barcala, paralizó las obras por las flagrantes irregularidades. Y el asunto ha escalado a conflicto institucional. Tanto que en pleno choque la cámara ha “desahuciado” al ayuntamiento de una sede que le tenía alquilada y donde se prestaban servicios municipales. Ante este choque de primera magnitud los diferentes poderes políticos, empresariales e institucionales de la provincia tomando partido.

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