Crónica
Una herencia legislativa eclipsada por el Ventorro
Mazón cumple en fiscalidad, Educación o reducción de burocracia con el apoyo de Vox y deja promesas pendientes y un clima político muy polarizado

Pérez Llorca y Mazón se saludan tras la votación de investidura del nuevo ‘president’ / Kai Forsterling
Carlos Mazón no será recordado por su legado legislativo al frente del Consell. El expresident ha cumplido algunas de sus promesas electorales con las que llegó al Palau en 2023, pero su acción política se truncó para siempre el fatídico 29 de octubre de 2024. Ese día -y los anteriores- no supo medir el riesgo de una dana de la que los científicos llevaban tiempo alertando, como él mismo acabó reconociendo casi un año después. Pero lo que ha terminado por eclipsar su herencia política ha sido la gestión posterior de la crisis, marcada por los cambios de versión, las medias verdades o, directamente, las falsedades en las que incurrieron Mazón y su equipo para justificar que mantuviera su comida en El Ventorro pese a todo. Una huida hacia adelante que no le ha servido, como pretendía casi hasta el final, para preservar su puesto en el Consell ni en el partido y que por el camino ha disparado la crispación en todos los ámbitos, desde la calle hasta las instituciones.
La hoja de ruta del popular estaba bien definida en un documento de nombre ya ambicioso, un «programa de gobierno» y no un «programa electoral». Un concepto vertebraba las más de 200 páginas: el «cambio» tras ocho años de gobierno de izquierdas. Las medidas a implementar eran muchas, y Mazón ha ido cumpliendo con las que situó como prioritarias, sobre todo en materia de fiscalidad, Educación y simplificación administrativa. Los avances en otras áreas clave como Sanidad o Vivienda son más discutibles, mientras queda un gran debe en el haber del exjefe del Consell: la ley de señas de identidad, una norma simbólica y que lleva casi tres años prometiendo pero que, finalmente, se deja en el tintero.
El Mazón que accedió a la presidencia de la Generalitat hace dos años y medio proyectaba centralidad y se definía como liberal. «Tiendo la mano a todos, no solo a los partidos políticos, sino al conjunto de la sociedad, porque el verdadero éxito sin duda será caminar todos juntos», dijo en su investidura. En cambio, poco después cerró un pacto exprés con Vox que marcó el inicio de legislatura con cinco leyes que partieron las Corts en dos. A partir del 29-O el escoramiento de Mazón hacia la derecha se agudizó por su dependencia de los de Santiago Abascal, y terminó por asumir importantes cesiones a cambio de tiempo.
Si en algo ha cumplido Mazón ha sido en política fiscal, su propuesta estrella. Su primera medida fue precisamente la supresión del Impuesto de Sucesiones, que llamaba «impuesto la muerte». Luego han venido deducciones en IRPF por múltiples gastos, flexibilizaciones en Patrimonio, eliminación de la tasa a las nucleares, bonificaciones a jóvenes en vivienda o para fomentar el relevo en el campo. Rebajas que han reducido sensiblemente la recaudación por esas vías pero que ha sido compensada por el tirón del ladrillo.
En Educación también cumplió con el referéndum lingüístico en los colegios, a cambio eso sí de abrir una guerra con la comunidad educativa, y con la extensión de la gratuidad entre los 0 y 3 años. El plan Simplifica, otro proyecto personal de Mazón, también ha salido adelante y tendrá continuidad con Pérez Llorca.
Aunque de escaso impacto en la vida cotidiana, la gran promesa incumplida por Mazón ha sido la ley de señas de identidad, que prometió recuperar tras ser abolida por el Botànic en 2015 y con la que aspiraba a eliminar subvenciones a quienes defiendan la unidad de la lengua o hablaran de ‘Països Catalans’. En el ámbito lingüístico, sin embargo, sí ha dejado huella en forma de guerra contra la AVL o con la eliminación del requisito lingüístico en la función pública.
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