La Generalitat privatiza la tramitación y gestión de las nuevas VPO o viviendas de precio asequible

La Generalitat privatiza el proceso de tramitación y gestión de la construcción de viviendas de protección pública u oficial, las VPO de toda la vida, a lo largo de todo su proceso, según el "proyecto de decreto ley de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado". Una segunda segunda ley de simplificación administrativa aprobada en el último pleno del Consell de 2025 que, como contó Levante-EMV, modifica o suprime 96 normas autonómicas (38 leyes y 43 decretos) que regulan desde el urbanismo a la fiscalidad, los servicios sociales, la sanidad, la educación, la función pública o el medio ambiente. Sumado al anterior decreto, en total se retocan o derogan 149 normas y 1.300 artículos.

Uno de estos cambios legislativos también abre la puerta, como contó Levante-EMV, al Consell para ejecutar proyectos de interés autonómico (PIA) en suelo protegido y da la potestad a la Generalitat para autorizar estas actuaciones estratégicas en zonas no urbanizables aunque se oponga el ayuntamiento donde se ubiquen.

Y es que los 112 artículos del "proyecto de decreto ley de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado" dan para mucho. Una de las novedades es una nueva modificación de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) de 2014 y su texto refundido de 2021. La Conselleria de Territorio añade una nueva disposición adicional a la Lotup que prevé que hacer a través de las ECUV (Entidad colaboradora urbanística valenciana) que se encargarán de todo el proceso de calificación provisional y definitiva de las VPO o VPP, así como su desclasificación, en caso de incumplimiento. El cambio legal supone que las calificaciones favorables que conceda la ECUv se entenderán concedidas sin que intervenga la conselleria con una resolución aprobatoria.

En el primer decreto del Plan Simplifica se preveían "medidas de colaboración con notarias, registros de la propiedad, colegios oficiales profesionales de la Comunitat Valenciana y entidades colaboradoras de la administración pública (ECUV)”, que se articularían a través de convenios". Pero ahora, al dejar todo el proceso de calificación provisional y definitiva supone "privatizar el régimen de autorización y control de la declaración de VPO que deja en manos de los promotores las decisiones a tomar y a cargo de las ECUV la potestad de controlar el cumplimiento de la legalidad".

El nuevo decreto contra la hiperregulación añade otra disposición adicional a la Lotup que crea la nueva figura de los proyectos habitacionales locales (PHL) que permitirá a los ayuntamientos edificar viviendas "en suelos patrimoniales de su propiedad o que formen parte del patrimonio municipal de suelo" y destinados a edificios escolares, sanitarios o deportivos.

Sobre este nuevo macrodecreto mastodóntico, la Abogacía de la Generalitat vuelve a criticar que la Generalitat recurra a un decreto para cambiar un ramillete tan extenso de leyes. "Nos hallamos de nuevo ante una disposición de gran calado, que aborda modificaciones normativas en muy diversas materias, algunas de ella muy relevantes, con un contenido muy heterogéneo". Una práctica sobre la que ha advertido el Consell Jurídic Consultiu que defiende "la necesidad de evitar las más que frecuentes deficiencias técnicas que concurren en este tipo de leyes y los efectos negativos que pueden derivarse". Y sobre las que también ha advertido el Tribunal Constitucional que califica este tipo de normas de "deficiente técnica legislativa".

La síndica adjunta del PSPV en las Corts Valencianes y exconsellera de Política Territorial, Maria José Salvador, critica que "el PP con el decreto de simplificación dos, avanza en sus planes de convertir el territorio valenciano en el ‘todo urbanizable’ y consolida un modelo puramente especulativo con el suelo, bajo el pretexto de la necesidad de vivienda". Salvador lamenta que la Conselleria de Territorio "privatiza el proceso de calificación de la vivienda de protección pública, dejando en manos de los promotores la toma de decisiones y el control de la legalidad".

Igualmente, considera que la nueva figura de proyectos habitacionales locales "convierte suelo dotacional en un bien patrimonial, en un activo inmobiliario lucrativo que se pueda vender al mejor postor para construir vivienda que no tendrá periodo mínimo de calificación como protegida, donde podía ir un colegio".

Y por último lamenta que el Consell hace desaparecer "la obligatoriedad de cumplir unos estándares urbanísticos mínimos relativos a la cesión de suelo dotacional. Es decir, un modelo de ciudad con más especulación, menos suelos, más densificación, y menos dotacional público para zonas verdes, parques e instalaciones públicas".

La síndica adjunta del PSPV en las Corts defiende que "el modelo territorial debería ser fruto del consenso, pero el presidente de la Generalitat Juan Francisco Pérez Llorca ha decidido la fórmula del decreto ley que incluso la abogacía de la Generalitat cuestiona en su informe".

Suscríbete para seguir leyendo