El Consell niega la "privatización" de las VPO y defiende su segundo proceso de 'simplificación'

La Conselleria de Vivienda niega la “privatización” del proceso de tramitación y gestión de la construcción de viviendas de protección pública u oficial y defiende que la nueva legislación impulsada por el Ejecutivo autonómico (y que todavía requiere del apoyo de las Corts) amplía garantías y agiliza los plazos. Así responde el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, a las críticas formuladas por el PSPV a través de la síndica adjunta en las Corts, Maria José Salvador, tras la aprobación del segundo macrodecreto de simplificación administrativa del Consell.

La polémica viene por la incorporación de una disposición adicional a la Lotup en esta segunda normativa de simplificación que prevé que las ECUV (Entidad colaboradora urbanística valenciana) puedan encargarse de todo el proceso de calificación provisional y definitiva de las VPO o VPP. El cambio legal supone que las calificaciones favorables que conceda la ECUv se entenderán concedidas sin que intervenga la conselleria con una resolución aprobatoria. Es en su interpretación donde existe el choque.

Para los socialistas supone dejar "en manos de los promotores la toma de decisiones", mientras que fuentes del Consell reivindican que esta propuesta es "una armonización de la legislación vigente con el nuevo decreto de VPP aprobado por el Consell en diciembre de 2024". "El Consell no privatiza nada", insiste Fernández quien señala que con la nueva normativa se "amplían las alternativas a los promotores públicos o privados de viviendas protegidas para la solicitud de calificación". En este sentido, destaca que existen "tres vías para solicitar la calificación de viviendas protegidas: mediante certificado ECUV, a través de un colegio profesional o con la evaluación directa de los servicios territoriales", mientras que en el Botànic "solo había una".

El secretario autonómico recuerda, además, que fue el propio Botànic quien introdujo en 2019 la posibilidad de presentar licencias urbanísticas mediante certificados de entidades colaboradoras. “Si hablamos de privatización, conviene no olvidar que la colaboración del sector privado en la verificación y control urbanístico se incorporó por primera vez con una ley aprobada bajo un gobierno socialista”, afirma. En este sentido, defiende que el nuevo sistema “mantiene todas las garantías y la seguridad jurídica”, ya que las certificaciones ECUV deberán cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente, y permitirá evitar que los expedientes de calificación paralicen el inicio o la entrega de las obras.

"Iniciativa excepcional"

Fernández acusa a Salvador, exconsellera del ramo, de “reiterar su incapacidad para proponer soluciones reales a los problemas de acceso a la vivienda” y sitúa el origen de la actual crisis habitacional en “ocho largos años de parálisis” durante los gobiernos del Botànic. “Es lamentable que quien ejerció las competencias de vivienda venga ahora a cuestionar a un gobierno que ha tenido que adoptar medidas urgentes para revertir la grave situación heredada”, afirma.

En cuanto al procedimiento normativo, Fernández rechaza que el Consell esté utilizando de forma indebida los decretos para modificar leyes. “Es falso que el Consell utilice como instrumento normativo el decreto, las medidas se han articulado mediante un decreto ley, que es el instrumento adecuado, permite modificar normas con rango de ley y, además, deberá ser ratificado por las Corts”, subraya, en respuesta a las advertencias de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu sobre el uso reiterado de esta fórmula legislativa.

Respecto a la creación de los proyectos habitacionales locales (PHL), la actual Conselleria de Vivienda rechaza de plano que se trate de una medida especulativa. “Es una iniciativa excepcional y justificada por la necesidad de vivienda protegida”, explican fuentes del departamento. Según el texto del decreto, estos proyectos solo podrán desarrollarse en solares de equipamiento no ejecutado o del patrimonio municipal de suelo y estarán promovidos por los ayuntamientos o por la propia Generalitat. Además, los municipios dispondrán de un plazo de tres años para adaptar su planeamiento y garantizar el equilibrio de las dotaciones públicas.

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