El PSOE resolverá en tres meses la denuncia al alcalde de Almussafes tras declarar en Ferraz

Veinte días después de que se hiciera pública una denuncia por acoso laboral y sexual, el alcalde de Almussafes, Toni González, compareció telemáticamente este viernes ante el órgano del PSOE que está investigando el caso presentado por una militante socialista y empleada municipal. La declaración llega después de que González haya sido apartado de los órganos de dirección y suspendido provisionalmente de militancia, una situación que debería quedar despejada como muy tarde en este primer semestre del año.

"Estoy plenamente tranquilo", señaló González a través de un comunicado. Según su testimonio, durante la comparecencia se le trasladó que no hay pruebas en su contra, "únicamente el testimonio de la denunciante". Por su parte, González adelanta que va a presentar "pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas", y que achaca a una disputa salarial. El alcalde, que está asesorado legalmente, ha recogido interacciones en redes sociales en un extenso informe pericial de más de 50 páginas que, según fuentes próximas, acreditan que la relación era cordial.

"A partir de ahora hay que dejar trabajar al CADE, en cuya objetividad confío plenamente, y seguir trabajando, en cuerpo y alma y exclusivamente, por los vecinos y vecinas de Almussafes", concluye el breve comunicado, que subraya que se trata de un órgano interno, no un organismo judicial. La mención de esta confianza no es baladí: muestra que no ha roto los puentes con el partido pese a la tensión de las últimas semanas.

Más de una hora

La declaración, de una hora y diez minutos, forma parte de una fase de instrucción para la que este órgano dispone de tres meses que pueden ser prorrogados otros tres. Los hechos por los que se le han preguntado se remontan a años atrás, sobre todo de los años 2017 y 2018, señalan fuentes conocedoras de la comparecencia. Ahora los instructores pueden seguir indagando y recabando testimonios personales o documentales.

El CADE es el canal de atención de denuncias éticas que el partido tiene habilitado internamente para denunciar conductas reprochables. A partir de que finalice la investigación, el CADE tendrá tres meses, prorrogables tres más, para emitir un informe de conclusiones a partir del cual la Secretaría de Organización tomará sus decisiones, que se circunscriben únicamente al ámbito orgánico: desde la expulsión en caso de refrendar a la denuncia a la devolución de la condición de militante. Es un informe, además, que no se puede hacer público, según el protocolo en vigor.

El asunto de Almussafes, por tanto, podría demorarse varios meses, pero también podría resolverse anticipadamente si no fuera necesario agotar los plazos. En caso de resultar el veredicto favorable al alcalde se despejaría cualquier escenario de conflicto interno en la localidad (que se ha visto ampliado a la comarca y la provincia) antes de las próximas elecciones municipales en mayo de 2027.

Protección a la denunciante

Esta denuncia ha provocado un importante tensión en el PSPV, ya que los concejales (González gobierna Almussafes con una mayoría de más del 50 % de los votos) y la agrupación han tomado públicamente partido por el alcalde. La dirección autonómica, por su parte, ha exigido a la agrupación que no "estigmatice" a la denunciante. Y ha llamado al orden en más de una ocasión a través de la secretaria general, Diana Morant. Se está dando incluso ruido de escisión, tal como ocurrió en Ontinyent en 2019 con Jorge Rodríguez por el caso Alqueria.

Desgaste para el PSOE

Pero más allá de la federación valenciana, la gestión de estos casos de acoso está generando un importante desgaste al PSOE, en especial a la secretaría de Organización que encabeza la valenciana Rebeca Torró. La exconsellera puso en marcha a los dos días de llegar el canal de acoso sexual dentro del sistema CADE de denuncias internas, pero con un protocolo heredado y que ha demostrado disfunciones, según coinciden altos cargos del partido.

El canal es autónomo, independiente y confidencial; tanto, que el partido se ha enterado en algunos casos a través de denuncias en los medios de comunicación. El protocolo actual, de hecho, permite denuncias anónimas, e incluso se están instruyendo algunas sin conocer la identidad de los denunciantes.

El revuelo que vive el socialismo con los casos de acoso es considerable. No pasa semana sin que aparezca un nuevo caso, y han llegado a afectar a cargos como Francisco Salazar, estrecho colaborador de Sánchez en la Moncloa y en la sala de máquinas del partido, que también fue apartado.

Todo ello ha llevado al partido a revisar el protocolo con el objeto de reforzar sus pasos y dar seguridad a todas las partes, incluida la propia organización, que ahora mismo es ajena a todo el proceso. Entienden que "crea indefensión" al PSOE. Las fuentes consultadas recuerdan además que se trata de una vía que solo depura responsabilidades en el ámbito orgánico, no suple la acción de la justicia. De hecho, cuando una denuncia se judicializa el CADE puede decidir también dejar sus actuaciones en suspenso.

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