El Consell activa su plan para desmontar el proyecto del Botànic de protección de la costa
El Ejecutivo autonómico comienza la derogación del Pativel para "adaptar" la situación del litoral "a cada municipio" frente al aviso de desregulación de la izquierda

Vista de Calp, uno de los municipios en los que el Pativel incrementaba la protección de suelo, captada desde el Peñón de Ifach. / Héctor Fuentes

El nuevo Plan de Ordenación de la Costera, bajo las siglas POC, ya está en camino. Es el proyecto con el que el actual Consell quiere sustituir al Pativel, impulsado por el Botànic, basándose en la nueva ley de la Costa aprobada por PP y Vox en las Corts hace un año, y que tendrá, entre otras consecuencias, que terrenos que actualmente cuentan con un nivel de protección, lo pierdan. Cuáles serán y en qué sentido es todavía un misterio para el que queda gran parte del desarrollo administrativo, pero su trámite ya ha comenzado y pone claramente el foco en revertir el plan costero de la izquierda.
Así queda reflejado en el documento con el que el Ejecutivo autonómico justifica el inicio del procedimiento a partir de la consulta pública previa, que ha finalizado este viernes y ya ha servido a PSPV y Compromís para alertar de sus pretensiones. Es el primer paso oficial, señalan fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, de un proceso del que aseguran que se lleva trabajando desde finales de 2024 y en el que con este primer plazo se busca recopilar la opinión de los sectores implicados para redactar el proyecto. No obstante, el objetivo queda claro en su justificación: "sustituir el Pativel por el POC con objeto de subsanar sus deficiencias".
Lo señala el texto firmado por el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, en el que incide en la necesidad de remodelar el Pativel "debido a la insuficiente calidad técnica y jurídica" y así "superar las dificultades que, claramente, no ha podido abordar con satisfacción". Para ello critica uno de los puntos clave del Pativel: la puesta en marcha de niveles de protección según su distancia respecto a la ribera del mar de manera genérica, mil metros, algo que para el Consell "produce una ordenación desordenada y una protección arbitraria".
En este sentigo, afea que no hay una "concreción del valor ambiental" de algunos suelos protegidos, advierte que algunos de estos no están "abiertos al mar, lo que hace discutible su protección" y critica la atribución "de distintos regímenes de protección a supuestos de hecho iguales", todas ellas cuestiones que, según considera el Ejecutivo autonómico, "hacen necesaria y oportuna la revisión del documento". Por estas referencias, y a falta de que su concreción se aterrice en el consiguiente decreto, para lo que todavía queda camino, se vislumbra que hay zonas que hoy están bajo protección que la perderán.
Batalla política
Y aunque para saber cuáles, bajo qué condiciones o si habrá otras que sí ganen protección habrá que esperar al texto, la batalla por el relato ya ha comenzado. Fuentes del departamento que encabeza Vicente Martínez Mus, este nuevo plan supone "una respuesta integral que permitirá superar el pasado y garantizar una protección real del litoral con seguridad jurídica" y "adaptará la situación costra y el grado de protección y de actividad a la realidad de cada municipio", algo que con la protección genérica de los mil metros en el litoral no ocurre.

Vista aérea de los terrenos de la partida del Brosquil en Cullera, con la montaña del municipio de la Ribera Baixa al fondo. / Vicent M. Pastor
La apreciación de la conselleria difiere de la advertencia que lanzan socialistas y valencianistas que consideran que el fin del Ejecutivo del PP es la contraria: desproteger el litoral para "impulsar megaproyectos urbanísticos" y favorecer "los intereses privados de las constructoras". Para ello, recuerdan que populares y Vox ya dieron un primer paso para "cargarse" los efectos del Pativel con la ley de Simplificación Administrativa en la que habilitaron poder construir terciarios hoteleros a 200 metros de la costa. En realidad, la batalla sobre el Pativel acumula ya una década en la actualidad autonómica.
Impulsado por el Consell de PSPV y Compromís en 2016, entró en vigor desde 2018. Desde entonces ha recibido duras críticas del PP y sectores económicos, unos reproches que han ido más allá de la cuestión verbal y que ha contado con 80 recursos que pedían su anulación y ha recibido media docena de sentencias en contra y por las que la conselleria recuerda que ha sido "muy polémico desde el principio". Sin embargo, la izquierda reivindica que en mayo de 2023 el Tribunal Supremo avaló el plan anulando la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana e incide en que la ley de la Costa se encuentra a un paso del Constitucional por parte del Gobierno central.
"Contrarreforma" urbanística
"Esta propuesta se sitúa en el marco de la contrarreforma que en materia de urbanismo y ordenación de territorio está llevando a cabo el PP", señala la síndica adjunta del PSPV, Maria José Salvador, exconsellera del ramo, que incide que con este tipo de cambios se desarrollan "políticas negacionistas del cambio climático" y "poniendo en peligro a la población al permitir construir en zonas inundables de la costa". "Pedimos que se mantenga en vigor el Pativel como única herramienta válida para preservar el literal que ha sufrido las mayores presiones urbanísticas", añade.
También critica la propuesta de cambios Compromís que incluso ha habilitado un página web ('Defensa el litoral') para fomentar la presentación de alternativas al POC dentro de esta consulta pública. Entre los argumentos que aporta lamenta el "ataque injustificado" al Pativel, critica que la autonomía municipal "no puede ser un argumento para justificar la desprotección", que el plan del Consell "ignora el cambio climático y los riesgos costeros" y reclama que cualquier modificación normativa sobre el litoral "respete los principios de no regresión ambiental, adaptación climática y protección de la biodiversidad".
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