La corrupción sienta a 16 personas en el banquillo e investiga a un centenar en dos macrocausas pendientes

La actividad judicial de 2026 se retoma de manera intensa con dos causas de presunta corrupción que sentará en el banquillo a diecisés personas en los próximos meses. La primera cita será en la sección quinta de la Audiencia de València juzgará a partir del próximo 26 de enero de 2026 la pieza E del caso Taula por los contratos presuntamente amañados en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València que volverá a sentar en el banquillo a Marcos Benavent (ya condenado en otras dos piezas del caso Taula), y a Vicente Burgos, histórico dirigente del PP, exgerente de la Fundació Jaume II el Just y exmarido de Maria José Alcón, exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València, ya fallecida. También se juzgará a cuatro empresarios.

Contrato en la Fundación Jaume II el Just, el supuesto kilómetro cero de las mordidas del yonki del dinero

A Marcos Benavent se le juzga por ser contratado como director de actos institucionales de la Fundación Jaume II el Just entre el 14 de octubre de 2003 y el 30 de julio de 2007, por lo que cobró 164.676,08 euros brutos «sin que desarrollara actividad específica alguna». El contrato fue suscrito por Esteban González Pons, conseller de Cultura desde el 21 de junio de 2003 al 27 de agosto de 2004 y que presidía el patronato de la Fundación Jaume II el Just. Contra éste último no se pudo seguir la causa porque los hechos habían prescrito para el actual eurodiputado, vicepresidente tercero del Parlamento Europeo y vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular desde abril de 2022. A Vicente Burgos se le acusa de "ser consciente" del contrato zombi y consentir "que se le pagara a Marcos Benavent un sueldo público, sin asistir al trabajo".

Amaños en la Concejalía de Cultura que dirigía María José Alcón

En la Fundación Jaume II el Just es donde supuestamente inició Marcos Benavent su función de «recaudador» de mordidas presuntamente cobradas a cambio del amaño de contratos en la Concejalía de Cultura de València, durante la etapa de Maria José Alcón como la limpieza de las fachadas de la Llotja, la intervención en las Torres de Quart y la restauración de los puentes históricos de Serranos y la Trinidad y contratos en la vigésima séptima edición de la edición del festival de cine Mostra de València, que se juzgarán doce años después de que se denunciara el caso Taula y diez desde que estallara con las primeras detenciones en la operación Taula del 26 de enero de 2016.

Nuevo juicio contra Carlos Fabra por alzamiento de bienes

En Castelló sigue pendiente de señalamiento el último juicio contra el expresidente de la diputación Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, por el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente del PP en Castelló. El origen de esta investigación se remonta a seis años atrás, cuando supuestamente Fabra maniobró para ocultar parte de su patrimonio tras ser condenado a 4 años de prisión y al pago de 1,3 millones de euros por varios delitos fiscales.

Sigue la instrucción en el caso Azud, dos piezas en Taula y el recurso de Zaplana

Otro centenar de personas esperan en capilla a que finalice la instrucción de los casos que aún se siguen investigando como dos piezas separadas del caso Taula y el caso Azud, este último el que investiga . En este nuevo año que ahora retoma la actualidad informativa también podrían conocerse en el curso judicial 2025-2026 la resolución del Tribunal Supremo a los primeros recursos contra las cuatro sentencias condenatorias del caso Taula. Se trata, por orden alfabético de la pieza A por malversación en el Ayuntamiento de València (dos condenados y dos absueltos); las piezas B y F por los contratos zombis (cobrar sin trabajar) en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa (20 condenados y cinco absueltos); la pieza I de Thematica Events por fraude, prevaricación y malversación en la Diputación y el Ayuntamiento de València (7 condenados) y la pieza K en los los Ayuntamientos de Requena y Enguera (5 condenados). También se conocerá a lo largo de este año, pero no de manera inminente, el fallo del Tribunal Supremo a los recursos del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana y dos de sus testaferros, Francisco Grau Jornet y Francisco Pérez López "El Gasofa", que recurrieron la condena impuesta por la sección cuarta de la Audiencia de València en octubre de 2024. Zaplana fue condenado a diez años de cárcel y el pago de tres multas que suman 25 millones.

Recursos pendientes de resolución en la causa de Francis Puig

En las próximas semanas o meses también se conocerán las decisiones que adopten las secciones tercera y cuarta de la Audiencia de València sobre el futuro de dos causas mediáticas. De una parte la que afecta a los empresarios audiovisuales Francis Puig (hermano del expresidente Ximo Puig) y Juan Enrique Adell Bover, contra los que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia decretó el pasado mes de octubre la apertura de juicio oral por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña para el fomento del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 4, marido de la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. En este caso es la sección tercera la que debe pronunciarse sobre los recursos presentados contra el auto previo de incoación de procedimiento abreviado que concluyó la instrucción, ya que el auto de apertura de juicio oral de octubre no puede ser recurrido, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados.

Pendientes de la decisión de la Audiencia de València contra los dos archivos de la causa contra Mónica Oltra

De otra parte, la sección cuarta de la Audiencia de València también deberá resolver los recursos de las acusaciones populares contra el último y segundo archivo de la causa que ha investigado desde 2021 el tratamiento que se hizo desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al caso de los abusos de un monitor a una menor. El condenado Luis Eduardo Ramírez cumple desde febrero de 2025 una condena de cinco años de cárcel. El monitor era el exmarido de la exvicepresidenta y exconsellera, Mónica Oltra investigada junto a catorce personas acusadas más (inicialmente eran dieciséis) por estos hechos, aunque tras cuatro años de instrucción el juez decidió archivar la investigación, con el apoyo de la Fiscalía Provincial de València. Decisión que volvió a ratificar el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 15 en junio y que el juez sustituto ratificó en diciembre, al rechazar los recursos de las acusaciones populares, que ahora deberá resolver la sección cuarta de la Audiencia de València.

Además, el curso judicial también estará marcado por las declaraciones de la causa de la dana que abrirá el próximo viernes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que declarará como testigo el 9 de enero (por tanto obligado a decir verdad). Feijóo está citado porque aseguró haber estado informado "en tiempo real" por Carlos Mazón el 29 de octubre (y el día antes, aunque se desdijo en un escrito) y la información que el presidente de la Generalitat pudo recibir de Salomé Pradas durante la gestión de la emergencia por inundación que provocó la muerte a las 230 víctimas mortales de la dana. Los familiares de las víctimas siguen compareciendo ante el juzgado de primera instancia e instrucción.

Suscríbete para seguir leyendo