El Consell incluye en su macrodecreto de Simplificación una deducción de impuestos para las grandes fortunas

El macrodecreto de Simplificación administrativa del Consell no solo bajará el nivel de legislación, con la eliminación de varios artículos del conglomerado normativo autonómico, sino que también supondrá una rebaja fiscal. Eso sí, a un grupo muy selecto: el de aquellos valencianos que pagan el Impuesto de Patrimonio, un tributo que tras los últimos cambios de PP y Vox en los Presupuestos de 2025 solo abonan aquellas personas con una fortuna de más de un millón de euros sin contar la vivienda habitual, los bienes de carácter artístico-histórico reconocido o participaciones en empresas familiares.

Así, según los últimos ejercicios, unos 15.000 valencianos, alrededor de 0,3 % de habitantes de la Comunitat Valenciana, pueden ver en las 194 páginas que componen la segunda edición de este decreto-ley para reducir burocracia una vía para pagar menos impuestos. Será a cambio de que inviertan en "empresas emergentes", una medida que el Consell considera que servirá para "dinamizar" el tejido innovador. Para ello deberán fijarse en uno de los más de 700 artículos que modifica en su desarrollo: el 65.2, el que supone añadir un apartado extra (llamado 9bis) a la ley 13/1997 en la que se regulan los impuestos autonómicos cedidos, incluido, el de Patrimonio.

Este nuevo apartado incorpora por primera vez una deducción autonónomica a este tributo que aportó unos 220 millones a las arcas de la Generalitat. "Será de aplicación una deducción del 100 % de la parte de la cuota íntegra del impuesto que, de forma proporcional, corresponda al valor de las acciones o participaciones en Empresas Emergentes de la Comunitat Valenciana, así como al valor de los préstamos concedidos a favor de estas", señala el texto del decreto-ley.

Esto supone que se podrá evitar el pago del Impuesto de Patrimonio a partir de invertir en las llamadas 'Empresas Emergentes'. Es decir, ese dinero que se invierta en acciones o en préstamos puede ser restado de la cuota del tributo que se debía pagar. Estas 'Empresas Emergentes' son aquellas señaladas por la ley estatal que entre sus condiciones está ser de nueva creación (cinco años), tener un 60 % de la plantilla en España y "desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador". De hecho, el propio macrodecreto se compromete a impulsar su certificación autonómica.

La segunda edición del decreto-ley establece, no obstante, algunas limitaciones para esta deducción. Así, especifica que las acciones que se compren "deberán permanecer en el patrimonio de las personas contribuyentes durante un período mínimo de tres años". También se indica que en el caso de operaciones de financiación, "el plazo de vencimiento del préstamo deberá ser igual o superior a tres años, y no podrá amortizarse más del 40 % anual del importe del principal".

¿La última rebaja?

"Es una medida para fomentar el emprendimiento, evitando la fuga de talento y de empresas y fortaleciendo el tejido productivo", explican fuentes de la Conselleria de Hacienda. Según el departamento que encabeza José Antonio Rovira, el coste para la Generalitat de esta medida es "marginal" y calculan que, como máximo, se reducirá la recaudación de este tributo unos 375.000 euros, algo que contrasta con el "potencial dinamizador de la medida sobre el tejido innovador y el emprendimiento tecnológico" cuyo impacto alzan hasta los a los 225 millones.

La medida supone la primera deducción autonómica sobre el Impuesto de Patrimonio, que podrá comenzar a desgravarse en la renta que se hará en 2027. De hecho, se podría haber deducido ya en la siguiente, la que se realiza entre abril y junio, pero al haberse publicado el 30 de diciembre es complicado que las inversiones que se podían contabilizar en el ejercicio de 2025 se hayan hecho.

Más cambio supone el que se introdujo el pasado mes de mayo con la aprobación de PP y Vox en las Corts y sí que afectará sobremanera a los cotizantes de este tributo. En este sentido, populares y voxistas elevaron el mínimo exento de los 500.000 euros al millón, lo que reducirá considerablemente el número de cotizantes, de los 27.700 de principios de legislatura a cerca de 15.000 valencianos. Este tampoco era el primer cambio que vivía este tributo por parte de los excompañeros de Consell.

En la primera ley de Acompañamiento, en diciembre de 2023, ya revirtieron una subida que había impulsado el Botànic para entrar en vigor al año siguiente que afectaba a las 5.000 fortunas más elevadas. Falta ver si esta deducción sobre este impuesto que grava la riqueza será la última o si el compromiso de Juanfran Pérez Llorca con Vox "seguir trabajando para que esa reducción del impuesto [de Patrimonio] se produzca" ha de pasar por alguna bajada de uno de los tipos más altos de España, un 3,5 % para las fortunas de más de 10,6 millones, lo que, a su vez, impactará en las cuentas de la segunda autonomía más endeudada.

Suscríbete para seguir leyendo