La Iglesia pagará las reparaciones por los casos prescritos de pederastia bajo la supervisión del Estado. Para 115 valencianos, este acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) no es solo un documento político: es una luz de esperanza en un muro que parecía infranqueable. Son víctimas que, con nombres y apellidos o desde el anonimato protegido, conforman el mapa de los abusos sexuales de la Iglesia en la C. Valenciana. Hombres y mujeres que cargaban con el peso de una infancia destrozada en las aulas, los internados y las sacristías y se encontraron, al reunir el valor para señalar a sus agresores años después, con un sistema legal que les cerraba la puerta bajo el frío argumento de la prescripción del delito.

Ahora, el nuevo sistema de reparación pactado por ambas instituciones pone el foco precisamente en ellos: los casos sin recorrido penal. Y las cifras en nuestra tierra son demoledoras. Según el cruce de datos de la investigación de El País iniciada en 2018 que dio el pistoletazo de salida al reconocimiento de las víctimas y los registros actualizados, al menos 115 víctimas en la Comunitat podrían acogerse a este plan de indemnización económica y moral.

La punta del iceberg

Si bien estas 115 denuncias conforman la zona iluminada del mapa de los abusos —aquellos casos donde la víctima ha logrado superar el miedo, la culpa y el estigma social para señalar a su verdugo—, la realidad bajo la superficie es de una magnitud difícil de digerir.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó en 2024 una actualización de su informe sobre la pederastia en la Iglesia arrojando una estimación que hiela la sangre al sugerir que el 1,13% de la población adulta en España habría sufrido agresiones sexuales en el ámbito religioso. La extrapolación de estas cifras a nivel nacional habla de unas 440.000 víctimas potenciales, una estadística devastadora que, leída en clave valenciana, sugiere que por cada uno de los 115 denunciantes que hoy figuran en las listas oficiales existen cientos de personas que jamás han contado su historia y que probablemente nunca lo harán.

El propio informe de la institución advierte que se ha roto el silencio social y que el flujo de nuevos testimonios hacia la Unidad de Atención a las Víctimas no cesa, por lo que para la Iglesia el acuerdo firmado no puede interpretarse como un simple trámite económico para cerrar una etapa, sino como un examen de conciencia institucional ante una crisis que se extendió durante décadas bajo el manto del encubrimiento.

Valencia: Epicentro en las grandes congregaciones

El análisis de los datos disponibles revela que la provincia de Valencia es el epicentro de este dolor, acumulando 72 víctimas identificadas y dibujando un patrón que apunta directamente a la élite educativa religiosa y no solo a hechos aislados en parroquias rurales o entornos marginales.

La capital del Turia concentra casi la mitad de estos expedientes, con 31 víctimas registradas, y los focos se sitúan recurrentemente en instituciones de gran prestigio social donde las familias confiaban la educación de sus hijos. Según los testimonios recopilados durante años, los presuntos abusadores eran trasladados de colegio en colegio en lugar de afrontar la denuncia policial, una práctica que permitió la reincidencia. Destacan en la capital los numerosos testimonios vinculados a la Compañía de Jesús, a los Salesianos de la calle Sagunto (San Antonio Abad) o a los Escolapios, nombres que resuenan en la memoria colectiva de la ciudad.

Pero el mapa del trauma se extiende por toda la provincia con puntos negros definidos. El caso del colegio Montesión en Torrent es uno de los expedientes más graves y voluminosos de toda España por la concentración de víctimas en un solo centro; hasta 8 antiguos alumnos de varias promociones alzaron la voz para denunciar abusos y una opacidad que fue la norma durante años. A este drama se suma la situación en Xàtiva, donde se registran 6 víctimas y cuatro de ellas señalan directamente a los Claretianos. Especialmente simbólico resulta el caso del Seminario de Moncada, el corazón de la formación del clero diocesano, donde al menos 2 víctimas han denunciado abusos, lo que cuestiona la supervisión interna en la propia fábrica de sacerdotes de la época. También municipios como Paterna y Carcaixent aparecen señalados en la cartografía del abuso con casos vinculados a centros de La Salle (2 víctimas en cada localidad), completando un recorrido del horror que abarca desde l’Horta hasta la Ribera.

Alicante: Depredadores múltiples y la sombra de Orihuela

En el sur de la Comunitat, la cifra de denunciantes asciende a 31 personas y la provincia de Alicante presenta una particularidad por la presencia de registros agrupados que sugieren la acción de abusadores en serie que actuaron con impunidad.

La ciudad de Alicante suma 14 víctimas con denuncias que apuntan nuevamente a grandes congregaciones como los Jesuitas (4 casos identificados) y los Salesianos, aunque la situación en la comarca de la Vega Baja es especialmente alarmante y reveladora del modus operandi eclesial de aquellos años.

En Orihuela, los datos reflejan 8 víctimas, pero lo impactante desde el punto de vista criminológico es que 6 de ellas aparecen vinculadas a un mismo registro o contexto, y varios de ellos fueron en el seminario menor, una conducta que difícilmente pudo pasar desapercibida para los superiores del momento. En el interior industrial, la ciudad de Alcoi registra 4 víctimas y confirma que la red de colegios religiosos de la zona tampoco fue ajena a estas prácticas delictivas que ahora, décadas después, buscan una reparación que vaya más allá de las palabras.

Castellón: Internados bajo sospecha

Por su parte, la provincia de Castellón contabiliza 12 víctimas y muestra un patrón muy vinculado a la estructura de los internados que funcionaron durante las décadas de los setenta y ochenta. La capital de la Plana contabiliza 5 víctimas, destacando las 3 denuncias asociadas a los Padres Carmelitas, mientras que en la Plana Baixa la localidad de Borriana aparece en el listado con 2 víctimas en el colegio Salesiano y Segorbe, sede episcopal histórica, suma otras 2 denuncias.

Casos dispersos en Vila-real o Vall d’Uixó completan el cuadro provincial de una tragedia que durante demasiado tiempo permaneció oculta bajo el secreto de confesión, el miedo al escándalo o la presión sobre las familias para lavar los trapos sucios en casa.

¿En qué consiste la reparación?

El acuerdo rubricado entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la Conferencia Episcopal establece la creación de una Comisión Mixta que estudiará las solicitudes de estas víctimas cuyos casos han prescrito.

El Plan de Reparación Integral (PRIVA) contempla tres pilares fundamentales a los que podrán optar estos 115 valencianos. En primer lugar, una reparación económica financiada por la Iglesia. A ello se suma el apoyo psicológico y psiquiátrico, con tratamiento especializado para superar secuelas que han lastrado la vida adulta de muchos afectados.

Finalmente, el reconocimiento moral y simbólico, quizás la parte más intangible pero necesaria para cerrar la herida: que la institución admita oficialmente, por escrito y ante la sociedad, que los hechos ocurrieron, que fueron injustificables y que falló en su deber de protección.

Para las víctimas de los Maristas, de los Salesianos o de los seminarios diocesanos que alzaron la voz hace años y solo recibieron silencio administrativo o desprecio, este acuerdo llega tarde ya que la mayoría de sus supuestos verdugos están fallecidos, pero es la primera vez que el Estado y la Iglesia firman un documento que les da la razón, valida su sufrimiento y les devuelve la dignidad arrebatada.

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