Chabolismo del siglo XXI: 150.000 familias viven sin luz, agua, calefacción o alcantarillado

En la Comunitat Valenciana aumentan las familias que viven al límite. Alrededor de 1,2 millones de valencianos tienen dificultades en el ámbito de la vivienda, entre los que destacan el millón de hogares que no puede afrontar gastos imprevistos; los más de 450.000 que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada; los más de 38.500 que no disponen de sistema de evacuación de aguas residuales; o los más de 19.000 sin agua caliente.

Así consta en el informe sobre Exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana realizada por la Fundación Foessa, que cifra en 150.000 las familias que viven en un lugar inadecuado ya sea en una estructura temporal o chabola (se estiman unas 10.000 familias, aunque este dato solo responde a personas que consten en el censo por lo que se estima que la cifra puede ser mucho mayor) o en una vivienda "no apropiada", es decir, que no reúne las condiciones mínimas al carecer de suministros y equipamientos básicos o tener deficiencias graves en la construcción.

"En la Comunitat Valenciana, un 7,8% de la población, lo que supone alrededor de 410.000 personas, atraviesan una situación de vivienda inadecuada. Entre estas situaciones, las que se encuentran más extendidas son disponer de una vivienda totalmente inadecuada para vivir (por estar la vivienda en estado ruinoso o en un entorno altamente degradado, por no disponer de suministros o por carecer de unos equipamientos mínimos para la higiene y salubridad), una circunstancia que afectaría al 6,9% de la población. En términos generales, en torno a un 13,3% de la población de la Comunitat Valenciana estaría afectada por al menos una de las situaciones residenciales que se acaban de describir, lo que implica que alrededor de 700.000 personas estarían en una situación de vivienda insegura o vivienda inadecuada", afirma el informe.

Es más, la investigación asegura que cuatro de cada diez personas (39,1%) enfrentan problemas vinculados a una vivienda insegura (es decir, que no saben si podrán seguir residiendo ahí a corto o medio plazo o porque es una vivienda donde existe el maltrato) y casi tres de cada diez (29,8%) residen en una vivienda inadecuada. "La situación es más favorable entre las personas que se encuentran en una situación de integración precaria, donde esos porcentajes son mucho menores. En cuanto a las personas que se encuentran en exclusión moderada, quienes residen en una vivienda inadecuada duplican a quienes lo hacen en una vivienda insegura (24% frente a 11,2%)", asegura el informe.

Las crisis se ceban con la pobreza

La crisis financiera de 2008, la pandemia y fenómenos climáticos como la dana en la Comunitat Valenciana ilustran cómo las crisis, lejos de afectar por igual al conjunto de la población, profundizan las desigualdades existentes. Así, mientras miles de familias enfrentaban desahucios o deterioro habitacional, otros actores aprovecharon estas coyunturas para adquirir vivienda devaluada.

El informe asegura que, en este escenario, las políticas públicas "han tenido un papel claramente insuficiente. La escasa regulación de los precios del alquiler, la falta de un parque público de vivienda y la debilidad de los mecanismos de protección frente a la pérdida de la vivienda han permitido que la lógica del mercado imponga sus condiciones sobre un derecho reconocido formalmente pero sistemáticamente vulnerado. Esta situación ha dado lugar a un paisaje residencial fragmentado, donde el crecimiento de las situaciones de vivienda insegura e inadecuada convive con un aumento paralelo en las rentas extraídas del suelo y la propiedad, intensificando la polarización social en torno a la vivienda".

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