El Síndic alerta de un negocio millonario de las concesiones sanitarias con el Consell del PP por la covid

El informe de fiscalización de la Generalitat que acaba de publicar la Sindicatura de Comptes alerta de un posible beneficio extraordinario de las empresas concesionarias de áreas sanitarias privatizadas con motivo de la pandemia. En concreto, lo hace cuando señala que en las liquidaciones los ejercicios 2020 y siguientes, la Covid-19 pudo provocar “una posible sobreestimación de la cápita [la cantidad por ciudadano que paga la conselleria a la empresa por gestionar la sanidad] que se consolidaría durante el resto del contrato y un enriquecimiento injusto a favor de las concesionarias”.

Así se desprende del apartado en que analiza la relación entre la Generalitat y las empresas que gestionan estas áreas de salud, el conocido como modelo Alzira, que con el anterior Consell del Botanic empezó a revertirse al sistema público pero que llegó a atender a una parte importante de población valenciana. Ahora mismo solo el departamento de Elx-Crevillent continúa bajo régimen de concesión (prorrogada por el Consell de Mazón este año hasta 2030), pero todavía siguen negociándose liquidaciones pendientes de los departamentos de l’Horta-Manises, Torrevieja, Dénia o La Ribera, este último el que dio origen al modelo Alzira.

De inicio, la sindicatura subraya que varias de las concesionarias no han interpuesto recursos contra 23 liquidaciones aprobadas este 2025, algo poco habitual, parece, “y han procedido al pago o al cobro de las cuantías correspondientes”. La explicación podría ser esta. En los años de la pandemia, entre 2020 y 2022, la cápita que cobraban las empresas gestoras por parte de la conselleria se incrementó “considerablemente”, con lo que se redujeron los saldos de las liquidaciones a favor de la administración, “pasando en algunos casos a ser a favor de la concesionaria”, como en Dénia y Elx-Crevillent, ambas áreas gestionadas por Ribera Salud.

La duda estriba en que la Viceintervención general de la administración sanitaria ha planteado algunas observaciones en los informes que ha emitido este año sobre las liquidaciones aprobadas, en febrero y mayo de 2025, por parte del Consell de Carlos Mazón. En los informes señala que las liquidaciones se han realizado aplicando un dictamen de 2012 del Consell Jurídic Consultiu, que venía a decir que el cálculo de actualización de la prima debía considerarse no el presupuesto inicial de asistencia sanitaria (que es lo que dicen los pliegos del contrato), sino sobre el gasto real.

Desarrollando el argumento, la Viceintervención añade que con la pandemia se vivió una circunstancia excepcional de emergencia que motivó “gastos extraordinarios” y, de aplicarse esa fórmula de actualización de la prima “se arrastrarían y consolidarían durante todo el contrato y sus prórrogas”.

Por tanto, este organismo de control de la conselleria reclama que “para evitar un posible enriquecimiento injusto del contratista, el órgano de contratación debe trasladar este supuesto extraordinario y excepcional al Consell Jurídic Consultiu con el objeto de modular la fórmula de actualización de la prima en estos ejercicios”. Lo que pretende Viceintervención es que el Jurídic interprete la fórmula de actualización de la cápita, ante el efecto excepcional de la pandemia de covid sobre esta.

¿Cuál es el problema? Que la Conselleria de Sanidad ha aprobado las liquidaciones en febrero y mayo de este año y ha solicitado después el dictamen del Consell Jurídic en junio, cuando debería haberse procedido al revés. “Consideramos que este dictamen debería haberse solicitado antes de la aprobación de las liquidaciones”, ya que si posteriormente han de anularse se aboca a la administración a “un proceso de revisión de oficio especialmente complejo”. Después de aprobar algunas liquidaciones con más de una década de retraso, ahora se ha decidido no esperar la aclaración del Jurídic. Ese informe aclaratorio del Jurídic aún no se había emitido en septiembre de 2025, cuando la Sindicatura cerró su fiscalización.

Un cambio de criterio millonario

Bajando al detalle de algunas concesionarias, la Sindicatura constata que en el caso del área sanitaria de Torrevieja las liquidaciones de los ejercicios 2020 y 2021 incluyen un ajuste muy elevado de cápita, 25 millones de euros, a favor de la concesionaria, muy superior a otros ejercicios. Y vuelve a insistir en que los informes de la Viceintervención señalan que en estos ejercicios “podría darse un enriquecimiento injusto a favor del contratista” por el efecto de la pandemia.

En Dénia ocurre algo similar. En febrero de este año 2025 se han aprobado seis liquidaciones (de 2017 a 2022) por 51 millones a favor de la administración. Eso sí, las liquidaciones de 2020 a 2022 son muy inferiores al resto, “dado que incluyen un elevado ajuste de la prima a favor de la concesionaria” por el efecto de la pandemia, “que podría dar lugar a un enriquecimiento injusto a favor del contratista, tal y como señala la Viceintervención y está pendiente un nuevo informe del Consell Jurídic”. En 2022, último año liquidado, salen 6,5 millones a favor de la empresa.

Y lo mismo ha ocurrido en las liquidaciones de Elx-Crevillent. En febrero de 2025, la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez ha aprobado 10 liquidaciones (de 2013 a 2022) por un importe de 39,6 millones a favor de la administración, pero en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 “han pasado a ser negativas, es decir, a favor de la concesionaria, a diferencia de los restantes ejercicios”. En esos tres años se han aprobado 24,1 millones a favor de la empresa. “El motivo es el elevado ajuste de la prima por cápita a favor de esta por el efecto excepcional de la pandemia sobre los indicadores de referencia, que ha afectado a todas las concesiones (excepto La Ribera)”.

Y añade el informe de la Sindicatura: “El informe de la Viceintervención sobre estas liquidaciones señala una sobreestimación de la cápita que se consolidaría durante el resto de contrato y sus prórrogas, así como un posible enriquecimiento injusto a favor del contratista, por la aplicación estricta del pliego ante esta situación excepcional”.

Respecto a esta concesión de Elx-Crevillent (la única que queda y que se ha prorrogado este año hasta 2030), el informe del síndic ya advierte que "previsiblemente dará lugar a liquidaciones a favor de la concesionaria" los próximos años. "El efecto del Covid-19 sobre la cápita se consolida, por lo tanto, en la prórroga suscrita", concluye. La prórroga de esta concesión se firmó el 22 de mayo de 2025, antes de solicitar y conocer el dictamen del Jurídic sobre la actualización de la cápita, tal como recuerda el síndic.

Sin vigilancia de la rentabilidad

Además de esto, la Sindicatura de Comptes advierte de que la cláusula 4.9 de los pliegos de las concesiones prevé que se encarguen auditorías cada cinco años "para verificar que la tasa interna de rentabilidad de cada concesión no supere el 7,5% de las inversiones realizadas". Según el informe, "la conselleria no ha cumplido esta cláusula de vigilancia en la ejecución de ninguno de los cinco contratos de concesión". Aunque los responsable de la conselleria manifiestan que tienen previsto realizar esta comprobación tras la aprobación de las liquidaciones pendientes.

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