El número de interinos de la Generalitat multiplica por seis el máximo legal que fijaba la UE para 2025

El día de los inocentes de 2021, el Gobierno de España aprobaba la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En su preámbulo, la norma se hace eco de la posición europea, que prevé la adopción de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de nombramientos temporales. En ese contexto, la norma fijaba como objetivo de la reforma situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 % en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas. Para ello, se tomaban medidas como fijar la cobertura de vacantes o programas de carácter temporal en un máximo tres años. Y se autorizó la convocatoria de unos procesos específicos de estabilización de empleo temporal que debían estar finalizados a 31 de diciembre de 2024.

Han pasado cuatro años desde aquella ley y lo cierto es que la foto fija ofrece un panorama desolador. Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, a 31 de diciembre de 2024, y según la información certificada por las conselleries, de las 168.563 personas empleadas de la Generalitat, 86.202 eran temporales. Es un 51,1 %, más de seis veces más de ese 8 % que tenía como objetivo la ley 20/2021.

Bajando al detalle, la sindicatura constata que el nivel medio de temporalidad del empleo público de la Generalitat continúa siendo "muy elevado y excesivo", sobre todo en Sanidad, donde se sitúa en el 72,4 %. Es una tendencia que no ha dejado de crecer en estos años, pese a la entrada en vigor de esta ley. En 2021 era del 67 %; del 69,2 % en 2022 y del 71,6 % en 2023.

La conselleria lo justifica por la naturaleza de la función sanitaria, ligada a que la cobertura asistencial de la población exige cubrir las ausencias de profesionales, y se recurre a figuras temporales. A ello se suma la pandemia, que obligó a aumentar plantillas circunstancialmente, y al agotamiento y jubilaciones anticipadas, que agudiza el círculo vicioso de la cobertura con interinos. Por otro lado, en el personal docente la tasa de interinidad es del 30,9 % y en personal de justicia está en el 35,1 %, por debajo de la media, aunque muy lejos también del objetivo que fijaba la normativa básica.

Conviene subrayar un matiz. En el momento de este informe de la Sindicatura, a 31 de diciembre de 2024, todavía estaban en una última fase muchos procesos de estabilización puestos en marcha a partir de aquella ley. La celebración de exámenes, baremación o adjudicación sí se han llevado a cabo, pero es posible que esta foto fija aún no contemple la radiografía real que posiblemente sí ofrezca una reducción del índice de temporalidad. El resultado del proceso se conocerá con los datos de finales de 2025 o incluso los de 2026. Se dan casos de muchos procesos, por ejemplo en Sanidad, donde todavía se están escogiendo plazas.

Se sigue recurriendo a temporales

De todas maneras, la cifra del 51,1 % de temporalidad al cierre de 2024 evidencia que, incluso en los últimos años, la Generalitat ha seguido acudiendo a la contratación temporal. Un año antes, se encontraba en el 49,6 %. ¿A qué se debe? A que los límites de la tasa de reposición no permiten cubrir las necesidades reales de la administración para compensar todas las jubilaciones que se están produciendo, y las Ofertas Públicas de Empleo que salen se quedan por debajo de lo necesario, resumen fuentes sindicales. La ley de 2021 probablemente reducirá el grado de interinidad estructural, la de larga duración, pero difícilmente se va a rebajar la temporalidad global.

En su plan estratégico de recursos humanos 2024-2027 de la Administración de la Generalitat (que excluye Sanidad y Educación), el Consell ya presta mucha atención al "problema" de la temporalidad en la función pública, que según recoge el documento se ha incrementado un 108 % en la última década, pasando del 35,3 a casi el 55 %.

En ese sentido, el gobierno presidido entonces por Carlos Mazón se llegó a plantear medidas de choque como la unificación de exámenes de las macrooposiciones en un mismo día, con el objetivo de impedir que los aspirantes se presentaran a varias y ganasen más de un puesto, lo que obliga a cubrir las vacantes rechazadas con interinos e impide reducir la temporalidad. El plan quedó en un cajón tras sondear a los sindicatos.

Pese a las cifras de interinidad heredadas, que rondaban ya el 50 % en 2023, la Generalitat era ambiciosa, tal vez demasiado a tenor de los resultados, en su plan contra la temporalidad. En una entrevista a Levante-EMV a los pocos meses de llegar al cargo, el director general de Función Pública, Javier Lorente, se marcaba el reto de rebajar los índices a "entre un 13 y un 15 %" en 2024 y alcanzar ese 8 % (o incluso menos) que exige Bruselas en este 2025, cuyos datos todavía se desconocen.

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