Reacciones al "regalo millonario" de las concesiones sanitarias
La Administración "no tuvo más opción que proceder a liquidar los ejercicios pendientes, teniendo en cuenta que no podía modificar un contrato de forma unilateral saltándose el dictamen del Consell Jurídic de 2012 que establecía el cálculo de la cápita”, argumenta la portavoz de Sanidad del PP en las Corts

Hospital de Denia
H.García
El diputado de Compromís en Las Cortes Valencianas, Carles Esteve, se ha sumado a las criticas de los socialistas tras publicar Levante-EMV que el último informe reciente de la Sindicatura de Comptes alerta de un enriquecimiento injusto de las empresas concesionarias de las áreas de salud privatizadas bajo el llamado modelo Alzira, a causa de la sobrestimación de la cápita que en 2025 el gobierno del PP hizo sobre la gestión de estos hospitales durante la pandemia de la Covid-19. Esteve ha destacado que esta advertencia del Síndic no hace más que reafirmar y corroborar las denuncias que Compromís ya hizo públicas el pasado mes de diciembre, cuando revelamos que el Consell del PP aprobó un rescate encubierto de más de 107 millones de euros a Ribera Salud mediante aumentos injustificados de la cápita en las liquidaciones de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 en los departamentos de Dénia, Torrevieja y Elx-Crevillent (Vinalopó).
"Cómo venimos denunciando el gobierno del PP está regalando dinero público a una empresa privada cómo Ribera Salud, con incrementos de la cápita (cuantía preestablecida por cada persona que corresponde a ese departamento, utilice o no la sanidad pública) que están próximos al 10%, muy por encima de lo que permitían los contratos. Ahora la Sindicatura de Comptes lo confirma: se está produciendo un enriquecimiento injusto que se puede consolidar durante el resto del contrato y la prórroga ya aprobada para el Hospital del Vinalopó.
"Intolerable"
Según Esteve “este regalo de dinero público no solo ha servido para consolidar beneficios extraordinarios a Ribera Salud, sino que se ha aprobado sin esperar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, como critica la misma Sindicatura y en contra del criterio de la Intervención delegada en la Conselleria de Sanidad, su departamento propio de control interno”. "Es intolerable que mientras deteriora la sanidad pública con listas de espera interminables y carencia de inversión en atención primaria, el Consell del PP priorice rescatar empresas privadas". Para Compromís la Generalitat "está perpetrando un robo en toda regla". Compromís asegura que "vamos a hacer todo el que esté en nuestras manos para acabar con este modelo privatizador, de chiringuito del PP, regalándole millones de la sanidad pública a empresas privadas para aumentar su beneficio en perjuicio de la salud de la mayoría".
La respuesta del PP al informe de la Sindicatura llegó, tras la informació publciada por Levante-EMV, por parte de la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez, quien señaló que “las liquidaciones sanitarias están fiscalizadas y resueltas con criterios técnicos y objetivos”. Matínez ha señalado que “la Conselleria de Sanidad procedió a resolver liquidaciones de ejercicios pendientes con las empresas concesionarias asumiendo la responsabilidad de un deber de la Administración y, en todo momento, ha liquidado siguiendo criterios jurisprudenciales y del propio Consell Jurídic Consultiu. Además, la Intervención de la Generalitat siempre ha fiscalizado favorablemente las liquidaciones”.
Pagos fiscalizados
Nieves Martínez ha señalado que “la Administración no tuvo más opción que proceder a liquidar los ejercicios pendientes, teniendo en cuenta que no podía modificar un contrato de forma unilateral saltándose el dictamen del Consell Jurídic de 2012 que establecía el cálculo de la cápita”.
La diputada popular ha continuado explicando que “la Intervención fiscalizó de conformidad todas las liquidaciones, haciendo la observación de que se realizara la consulta al Consell Jurídic respecto a la repercusión del gasto COVID, ya que solo el CJC está legitimado para modificar el criterio de cálculo de la capita. La Conselleria realizó esa y, en función de su respuesta, esta Administración actuará en consecuencia para defender hasta el último euro de los valencianos. Eso sí, sin chapuzas ni atajos, como hizo el Botànic, que puedan dificultar posteriormente la defensa de los intereses de la Administración”.
“Una vez más -ha añadido- queda demostrada la transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión de las liquidaciones practicadas por parte de la Conselleria, y cuya finalidad es garantizar que los valencianos no dejen de percibir ni un solo euro que les corresponda”. La portavoz popular ha explicado que “la determinación de la cápita que se debe abonar a las concesionarias es un proceso totalmente objetivo, es un ajuste matemático, que no se negocia, al igual que las liquidaciones, en las que se aplican criterios técnicos y objetivos establecidos en resoluciones judiciales y por la Intervención General de la Generalitat”.
Nieves Martínez ha afirmado que “durante los ocho años del Botànic se resolvieron 26 liquidaciones con las concesionarias, mientras que sólo en los 18 primeros meses de esta legislatura 23. Estas últimas liquidaciones se han resuelto con un saldo a favor de la Generalitat de más de 300 millones de euros”. Martínez ha concluido que “por tanto no hay ninguna irregularidad ni ningún regalo o pelotazo. Lo que hay es cinismo e hipocresía por parte de los socialistas al hacer unas acusaciones gratuitas sin ningún fundamento”. Se refería Martínez a las declaraciones del portavoz de Sanidad en las Corts, Rafa Simó, que ha reclamado la comparecencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que aclare esta operación en la que, “aprovechando el efecto de la covid, se ha regalado decenas de millones a las empresas que han gestionado la sanidad de los valencianos como un negocio”
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