Una nueva sentencia del TSJ apuntala la indemnización de 330 millones que debe pagar Benidorm por Serra Gelada

Nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Benidorm sobre la millonaria indemnización que debe abonar por el plan urbanístico APR7 de Serra Gelada. Se trata de un proceso paralelo pero relacionado con el que el Supremo ha ordenado el pago de 330 millones a los propietarios de los terrenos, en virtud de los convenios urbanísticos firmados.

Y el Consistorio permanece a la espera de la que en principio sería su última bala, el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, aunque al mismo tiempo la Corporación estudia un posible recurso ante el Supremo por esta última sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado la razón a los dueños en su recurso contra el acuerdo plenario del 27 de febrero de 2023 que anulaba los convenios urbanísticos que dan pie a los aprovechamientos por los que finalmente debe abonar el Consistorio la millonaria compensación. Y lo hace revocando el fallo en primera instancia dictado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, de 20 de septiembre de 2024, que desestimaba el recurso de los afectados, la familia Puchades.

El fallo del TSJ afirma que no se pueden anular los convenios que han dado pie a una indemnización millonaria reconocida en sentencia firme

Así, el TSJ lo que hace es dar la razón a los propietarios, al existir desde el pasado abril sentencia firme, ya que el Supremo rechazó entonces el recurso del Ayuntamiento contra otro fallo del TSJ, de mayo de 2024, contra la sentencia que reconocía el derecho de los dueños de recibir una compensación de 283 millones más intereses por el suelo protegido de Serra Gelada, en forma de indemnización por no poder construir en tres parcelas de su propiedad que suman dos millones de metros cuadrados.

El Ayuntamiento, dentro de todo este proceso y tras dictaminar en primera instancia a su favor los tribunales en 2022 ante la petición de indemnización de las empresas de esta familia, puso en marcha el proceso para anular los convenios que habían dado pie a esta solicitud, cuando entonces en una primera instancia los tribunales habían desestimado la millonaria compensación que reclamaban los dueños. Pero los propietarios recurrieron tanto ese primer fallo con este acuerdo plenario, siendo respaldados por partida doble por el TSJ.

Según recoge la última sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, explica que la Sala, "teniendo en cuenta todos los condicionantes del caso que nos ocupa, vamos a seguir el criterio de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo núm. 287/2020 de 27 de febrero de 2020 que establece que cuando existe sentencia firme no cabe revisión de oficio".

Los servicios jurídicos municipales estudian el nuevo fallo del TSJ y el alcance y posibles consecuencias del mismo, para establecer cuáles han de ser los siguientes pasos a adoptar

Y lo justifica señalando que "la razón radica en dos factores: seguir la doctrina reiterada del Tribunal Supremo en los términos que hemos expuesto, salvo que modifique esta doctrina el propio Tribunal el resultado de declarar la nulidad de los convenios no alteraría la situación creada por la sentencia firme de la sentencia de esta Sala y Sección Primera 343/2024 de 23 de mayo de 2024".

Situación absurda

Y recuerda que "en efecto, si anulamos los convenios, como quiera que no podemos alterar una sentencia firme, daría como resultado una situación un tanto absurda, se anularía los convenios y permanecerían las indemnizaciones que no son objeto de revisión y tienen como respaldo una sentencia judicial firme".

Es por ello que con fecha 19 de diciembre de 2025 ha aceptado el recurso planteado por las empresas Murcia Puchades Expansión SL y Atricap Investment SL, aunque la sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Supremo.

Reacción del Ayuntamiento

Tras darse a conocer esta sentencia, el alcalde, Toni Pérez, ha dado este lunes una rueda de prensa para valorar un caso que pone conrta las cuerdas las arcas municipales. Así, el primer edil popular ha anunciado que servicios jurídicos del Ayuntamiento de Benidorm ya estudian el nuevo fallo del TSJ y el alcance y posibles consecuencias del mismo, para establecer cuáles han de ser los siguientes pasos a adoptar para “tal y como hemos hecho en todo momento, seguir defendiendo el interés general y de los vecinos y vecinas de Benidorm en esta causa”.

Vamos a seguir defendiendo el interés general y de los vecinos y vecinas de Benidorm en esta causa

Toni Pérez

— Alcalde de Benidorm

Pérez ha informado que, aunque la sentencia ha sido notificada oficialmente este lunes al Consistorio: “Tuvimos conocimiento de la misma el pasado viernes, convocando inmediatamente una junta de portavoces para trasladar la información a los tres grupos municipales, con la máxima diligencia y transparencia con la que lo hacemos siempre”.

Este mismo lunes, una vez recibida la notificación oficial, el fallo también se ha incorporado dentro de los despachos extraordinarios de la Comisión Informativa de Régimen Interior, dando cuenta administrativa de la misma a la Corporación.

La sentencia dictada por la Sección Primera no es firme y contra la misma puede presentarse recurso en un plazo de 30 días naturales a partir del martes. En ella, el TSJ revoca el fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que declaró la nulidad de los convenios firmados en su día por el Ayuntamiento y los propietarios y que, como han hecho otros juzgados en primera instancia, avalaba la actuación municipal en "defensa del interés general".

El alcalde ha insistido en manifestar que “los servicios jurídicos municipales son los que van a marcar el camino de lo que hay que hacer a partir de ahora, estudiando la repercusión de este fallo y los pasos que debe seguir el Ayuntamiento” y que, una vez que existan informes, “se informará debidamente, como hemos hecho siempre y desde la máxima transparencia y diligencia, a los portavoces municipales, a la Corporación y a la ciudadanía”.

"Prudencia y sensatez"

Asimismo, ha vuelto a pedir “prudencia y sensatez” y ha señalado que, “aunque estamos ante una circunstancia preocupante, todavía hay causas pendientes de ser juzgadas. Y sea cual sea el resultado final, se ha trabajado con mucho sentido común y siguiendo el criterio técnico”, ha agregado.

“Somos el único gobierno capaz de afrontar las posibles soluciones a una sentencia sea cual sea, una vez que este asunto sea definitivo y firme”, ha concluido Pérez.

Entre las cuestiones judiciales que aún están abiertas, se encuentra el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Constitucional y sobre el que todavía no hay pronunciamiento. Tampoco lo hay sobre la petición municipal de suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia 343/2024 del TSJ sobre este mismo asunto.

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