La jueza de la dana pone fecha a la declaración del chófer, la jefa de prensa y el asesor de Carlos Mazón

La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ya ha puesto fecha a la citación del chófer, la jefa de prensa y el asesor pagado por el PP de Carlos Mazón, según una diligencia de ordenación notificada hoy a las partes. La citación se produjo a petición del abogado de una acusación particular, Ximo Esteve, y la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armand Galán.

El chófer de Mazón está citado para el próximo 20 de febrero, el asesor de Mazón Josep Lanuza deberá comparecer el 23 de febrero, y su jefa de prensa, Maite Gómez el 27 de febrero.

En la misma diligencia de ordenación se cita a un total de ocho personas: el coordinador de la Abogacía de la Generalitat, Ignacio Lleó de Nalda; el abogado general de la Generalitat, Álvaro Martrínez Ávila; el director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla; el director de la empresa pública Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de emergencias), Raúl Quilez; además del chófer del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón; la ex directora general de la Oficina de Prensa de Presidencia de la Generalitat y el director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat.

La magistrada consideró necesario citarlos si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Entiende la instructora que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat y que le ha permitido indagar sobre Carlos Mazón, aunque de forma tangencial.

"La argumentación que se aplicó respecto de la testigo Maribel Vilaplana, se puede extender a los escoltas y chófer" de Carlos Mazón, razona la magistrada. Por tanto, "en el análisis del proceso de decisión por parte de la consellera, Salomé Pradas, resulta relevante, dadas las funciones que se le atribuyen al presidente del Consell, funciones directivas y de coordinación, las conversaciones que mantuvo con el President de la Generalitat".

Por tanto, razona la jueza, "en ese proceso de decisión ha de atenderse al hecho de si efectivamente [los escoltas o el chófer] pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos". Sobre el cruce de llamadas que pudieron cruzar esa tarde el jefe del Consell y su consellera, la magistrada asegura que "ha de señalarse que hay un hecho indiscutible, la voluntad de la señora Salomé Pradas de mantener contacto con el presidente de la Generalitat". Una voluntad de contacto que "refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas".

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