La Sindicatura evita analizar el coste de la inmigración en su plan de trabajo de 2026

Informes sobre la contratación del Consell durante la dana en 2024 y 2025, auditoría de la cuenta de la Administración General de la Generalitat, un análisi específico de la ejecución del programa de prevención de cáncer de mama, una evaluación de la estructura de la ciberseguridad en el sector público instrumental o una fiscalización a los ayuntamientos sobre los recursos destinados a las personas sin hogar, sobre la implantación de la nueva tasa municipal obligatoria de recogida de residuos sólidos urbanos o la publicación de la realizada en Gandia, Bétera y Orihuela.

Son algunas las tareas que tiene por delante la Sindicatura de Comptes a lo largo de este 2026, una serie de informes, análisis, estudios y monográficos que aparecen como objetivo dentro de su Programa Anual de Actuación y en el que no aparece referencia alguna a conocer el "coste de la inmigración ilegal" para los servicios públicos de la Generalitat, una de las peticiones acordadas (y votadas) en las Corts por parte de PP y Vox a finales del año pasado y que esta institución deja, de momento, en manos del Tribunal de Cuentas.

Así queda reflejado en la carta enviada por el organismo que encabeza Vicent Cucarella a las Corts. En este documento, el utilizado habitualmente para informar que está disponible lo que va a realizar esta institución a lo largo de 2026, se avisa de que este programa ya está en marcha, que se ha añadido un apéndice con el plan estratégico para los próximos años y avisa que la petición del parlamento valenciano de llevar a cabo un informe sobre la inmigración no está incluido en el plan de este año.

"Por lo que se refiere a la petición cursada en su escrito del 6 de octubre de 2025, por el cual se remite certificación de la Resolución 321/XI sobre la fiscalización del coste de la inmigración ilegal aprobada por el pleno de las Corts Valencianes en su reunión del día 2 de octubre de 2025, de acuerdo con la información que se dispone, el Tribunal de Cuentas ha recibido una petición similar que se refiere a todo el ámbito nacional", expone el documento.

Tras esta introducción en la que queda claro que el organismo ha recibido la petición hecha por PP y Vox, el texto explica que por "razones de economía, eficacia y eficiencia aconsejan, para evitar duplicidades, que la Sindicatura de Comptes posponga su decisión a lo que disponga el Tribunal de Cuentas". Es decir, esta exigencia no se incorpora al plan anual de 2026 que ya está en vigor y deja la decisión a lo que acabe llevando a cabo el Tribunal de Cuentas a nivel estatal.

Áreas "de alto riesgo"

Populares y voxistas aprobaron a principios de octubre en la Comisión de Economía incorporar al Plan Valenciano de Estadística una desagregación de los datos por nacionalidad así como reclamar un informe del coste de la inmigración irregular. Fue una cesión clara del PPCV hacia su aliado parlamentario que ha hecho de todo lo relativo a la inmigración y a conocer sus gastos una bandera con la que justificar sus políticas más radicales. No obstante, pese a la petición, en las 26 páginas que componen el Programa Anual de Actuación no aparece mencionada la palabra "inmigración".

No solo eso. Tampoco hay referencia alguna a este fenómeno demográfico dentro del apéndice en el que se actualiza el Plan estratégico para el próximo trienio, hasta 2028. En este señala entre las "áreas prioritarias y de alto riesgo" aquellas relativas a la contratación, las subvenciones, la gestión de recursos humanos, la gestión de residuos, la contaminación atmosférica, la ciberseguridad o la implantación de la IA en la gestión, algo que apunta a todos los sectores mientras que para la Generalitat específicamente apunta a la "insuficiencia presupuestaria y gastos sin consignación", la gestión sanitaria o las "deficiencias en la sistematización y control por parte de los servicios centrales", pero nada relacionado con la inmigración.

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