Servicios Sociales niega el traslado de 80 enfermos de salud mental que viven con goteras

La reforma costó más de un millón de euros del Plan Convivint, pero el edificio lleva cerrado desde 2023, poco antes del cambio de gobierno que dio carpetazo al Botànic. Se anunció como el tercer centro público en València para personas con enfermedad mental crónica, gestionado directamente por el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (Ivass) pero ahora la Conselleria de Servicios Sociales asegura que para trasladar allí a enfermos mentales "se debería hacer una actuación de reforma", ya que "según la normativa vigente en materia de tipologías de centros de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, no sería posible autorizar el funcionamiento de este pabellón como un Centro Específico de Enfermos Mentales Crónicos". Así lo asegura la conselleria (que ahora lidera Elena Albalat) en respuesta al Síndic de Greuges durante la investigación que está llevando a cabo tras la queja presentada por familiares de usuarios y trabajadores que denuncian las precarias condiciones que tiene un centro que data de 1996, con goteras y humedades cuando llueve y temperaturas de 40 grados en verano, fuera de contrato y legalidad desde hace años y pendiente de una licitación que no llega.

Lo que fuera el antiguo psiquiátrico de Bétera cuenta con cuatro edificios, propiedad de distintas administraciones (aunque todo el terreno es de la Diputació de València). Dos de ellos (pabellones C y D) conforman el actual CEEM de Bétera, que cuentan con 80 usuarios de los que 41 son tutelados por la propia administración. Otro de ellos es el que reformó el Botànic y permanece cerrado (pabellón A) y el último (pabellón B) pertenece a la Diputació de València y alberga el Hospital de Salud Mental Provincial de Bétera de media y larga estancia.

El pasado mes de julio, Compromís anunció la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en Les Corts (registrada ya dos veces) para exigir al Consell "la apertura inmediata" del pabellón A. El Síndic recogía en un informe que "la falta de respuesta de la Conselleria nos impide conocer cuál es la razón de que exista un pabellón en el complejo (Pabellón A) reformado y sin uso y si se ha estudiado la posibilidad de que se ocupe por los usuarios de los pabellones del CEEM deteriorados, en tanto se realizan las reformas necesarias".

Sin embargo, ya ha llegado la respuesta de la conselleria, que se niega al traslado porque el edificio que costó más de un millón de euros y estaba previsto para personas con enfermedad mental crónica "no reúne las condiciones básicas de seguridad relativas a la protección contra incendios para uso hospitalario", por lo que "no puede albergar personas que deban ser ayudadas a evacuar, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación". Así, en los informes elaborados para la autorización de emergencia aseguran que el edificio que a día de hoy permanece reformado y cerrado sí cuenta con "las condiciones básicas de seguridad de utilización, excepcionando el requisito de la accesibilidad por el perfil de las personas usuarias".

Francesc Roig (Compromís): "Son excusas"

Para el diputado de Compromís, Francesc Roig, los informes presentados "son excusas". "No es comprensible que tengan un edificio acabado y pongan estas excusas. No es que lo digan los familiares y los trabajadores, es que hay informes de inspección diciendo que las deficiencias del edificio donde están malviviendo son terribles y que los usuarios no pueden estar así. Pero los cargos políticos (y han pasado ya varios, incluida la actual consellera Elena Albalat) han decidido no hacer nada", explica Roig.

Y añade: "Dicen que el edifico reformado no cumple las medidas de seguridad y desde Compromís preguntamos: ¿y las del actual edificio sí las cumple? Si hasta traen la comida de fuera pueden cocinar ahí. Se acumula agua en el falso techo, hay riesgo de cortocircuitos y algún día ocurrirá una desgracia mientras deciden qué hacer y quién debe hacerlo. El Ivass y la Conselleria dependen de la misma persona, que antes era Susana Camarero y ahora es Elena Albalat. El expediente de reversión pública está abierto y paralizado. Si quiere privatizar el centro, que lo diga y lo haga, pero mientras tanto debe trasladar a los usuarios porque va a ocurrir una desgracia cualquier día".

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