La contaminación del suelo y de un acuífero, entre los temores ante la planta de biometano de San Antonio de Requena

Malos olores, emisiones de gases tóxicos y contaminantes o problemas de salud, pero también contaminación del suelo. Son algunos de los argumentos contra la instalación de una nueva planta de biometano en San Antonio de Requena que esgrime la entidad Acció Ecologista-Agró, que ha presentado alegaciones al proyecto y ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente que deniegue la Declaración de Interés Comunitario por “incumplir los requisitos legales”. En cuanto al impacto sobre el suelo, temen sobre todo el hecho de que la planta se emplaza sobre un acuífero de Alta Vulnerabilidad a la Contaminación, donde el Plan General de Ordenación Urbana del municipio prohíbe la implantación de actividades que puedan generar vertidos al subsuelo. 

“A pesar de ello el proyecto no define el destino ni el tratamiento de las aguas residuales generadas”, indican desde la entidad ecologista. Aseguran que el proyecto de la planta tampoco acredita que haya suficiente disponibilidad de agua, ni que la instalación no comprometerá el abastecimiento urbano. Todo eso teniendo en cuenta, añaden, el “mal estado cuantitativo” en que se encuentra la masa subterránea de la comarca. “La ausencia de esta información supone una infracción sustantiva de la Ley de Aguas”, inciden.

Problemas de salud pública

Desde AE-Agró señalan, además, que la cercanía de las plantas a núcleos de población puede causar problemas de salud pública. Los gases como el amonio, el metano o el ácido sulfhídrico, señalan, pueden causar irritación respiratoria, dolores de cabeza y diversos problemas graves de salud; la exposición, tanto de trabajadores como de vecinos, a metales pesados y patógenos; y la posible proliferación de insectos y roedores en zonas de cultivo.

Pero también hablan de impacto en el paisaje vinícola de Utiel-Requena. Destacan que la planta se proyecta dentro del ámbito ’Paisaje de relevancia regional PRR 28 viñedos de Utiel Requena’ identificado por la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) como “paisaje cultural de alto valor y sistema agrario productivo de gran significado histórico, patrimonial e identitario”. En este terreno, consideran que la implantación con estructuras de 22 metros de altura “rompe el paisaje agrario predominante de viñedo y contraviene las premisas del Plan de Acción Territorial (PAT) para la preservación de los Paisajes Agrarios Culturales del Vino, entre los que se incluyen los viñedos de Utiel-Requena”.

“Todo lo expuesto podría afectar la actividad vitivinícola y el turismo rural, comprometiendo la experiencia sensorial ofrecida en las rutas enoturísticas y la reputación de los vinos de la zona, especialmente si se comercializan bajo sellos de calidad o Denominación de Origen Protegida (DOP) Utiel-Requena”, añaden.

Solo 12 puestos de trabajo

Según Acció Ecologista-Agró, la planta de biometano proyectada “no acredita la existencia de un interés comunitario real, directo y prevalente”, requisito indispensable para la concesión de una Declaración de Interés Comunitario según la normativa urbanística valenciana. Creen que no satisface las necesidades colectivas de la población ni resulta imprescindible su implantación en ese punto en concreto. A juicio de la entidad, el proyecto “responde a un interés privado de naturaleza económica, orientado a la obtención de beneficios empresariales mediante la valorización de residuos y la producción energética”, sin que estos beneficios reviertan de manera directa, concreta y acreditada en la comunidad local. 

Por el contrario, dicen, la población de San Antonio de Requena y los municipios colindantes asumirán las externalidades sin los beneficios. Desde la entidad ecologista añaden que la previsión de creación de apenas 12 puestos de trabajo directos, cuando la instalación esté funcionando a pleno rendimiento, “resulta insuficiente para justificar la alteración del régimen del suelo rústico y la transformación irreversible del territorio”.

Piden una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria

Dada “la magnitud y la complejidad de los riesgos e impactos derivados”, Agró considera que el procedimiento ambiental simplificado propuesto por la empresa que construirá la planta no es suficiente. Por ello, la organización ha solicitado a la Conselleria que exija a la promotora la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013.

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