Compromís exige dimisiones en la Conselleria de Igualdad tras el "revés judicial" por el caso de la joven trans de Aspe

El caso de Daniela ha saltado de los tribunales a las bancadas de Les Corts. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que obliga a la Generalitat a incoar un expediente sancionador por el entierro de la joven trans con su nombre masculino, ha desatado una ofensiva política. Compromís ha solicitado formalmente este viernes dimisiones en la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, acusando al equipo de Susana Camarero de "ponerse de perfil" ante un caso de transfobia.

Para el diputado y portavoz de Políticas LGTBI de Compromís, Francesc Roig, el fallo judicial no es solo una victoria moral para el colectivo, sino una enmienda a la totalidad de la gestión de la Generalitat. "Ante este revés judicial, alguien debería asumir responsabilidades políticas por su inacción", ha señalado Roig. La formación denuncia que el Gobierno del PP no solo está "recortando las leyes que defienden los derechos LGTBI", sino que ahora la justicia les condena por negarse a aplicar las normas que todavía siguen vigentes.

La Conselleria de Igualdad, por su parte, critica que el procedimiento se inició en la legislatura anterior, en la que precisamente gobernaba el Botànic. Además, asegura que está revisando el expediente y " realizando las actuaciones preparatorias para atender la resolución y abrir expediente que permita analizar y determinar si ha habido hechos discriminatorios".

El silencio de la Conselleria

La polémica no es nueva en el parlamento valenciano. Roig recuerda que ya trasladó la situación de Daniela a la consellera Camarero durante un Pleno de Les Corts, pero asegura que la responsable del área "no se dignó ni a contestarme". Según el diputado, esa actitud muestra una "insensibilidad extrema" ante un caso que combina torturas en entornos religiosos, suicidio y un último agravio institucional en el cementerio de Aspe.

Daniela, que se quitó la vida en abril de 2022 tras años de sufrimiento que incluyeron el internamiento en un convento de Cantabria para recibir terapias de conversión, había logrado legalizar su nombre de mujer en el registro civil antes de morir. Sin embargo, su familia decidió enterrarla bajo su necrónimo y colocar fotografías de su etapa masculina que ella detestaba. Cuando las entidades trans denunciaron este borrado de identidad ante la Generalitat, la Administración se negó a investigar los hechos, alegando que no había base legal o legitimidad para intervenir. Ahora, el TSJCV ha sentenciado que esa respuesta fue incorrecta.

Inacción ante la transfobia

"La Generalitat miró hacia otro lado y se negó a investigar los hechos a pesar de la gravedad", insisten desde Compromís. La coalición celebra que la justicia haya reconocido finalmente la legitimidad de asociaciones como Euforia para defender la memoria de las personas trans cuando sus familias biológicas atentan contra ella. Sin embargo, recalcan que este paso debería haberlo dado de oficio la propia Conselleria de Igualdad en aplicación de la Ley 23/2018.

La crítica de Roig va más allá de la gestión administrativa y se enmarca en un contexto de pactos políticos. "Trabajaremos para acabar con el gobierno que hace de la transfobia su bandera", declaró el portavoz, acusando al PP de haber "regalado a la extrema derecha los derechos de las personas LGTBI a cambio de continuar en el poder".

Un precedente contra el olvido

La exigencia de dimisiones pone el foco en los altos cargos responsables de la Dirección General de Diversidad, a quienes Compromís señala por no haber activado los protocolos sancionadores previstos en la ley valenciana. La sentencia del TSJCV es clara: tratándose de actos de discriminación por razón de género, la Administración tiene la obligación de atender la denuncia y procesarla, algo que el equipo de Camarero evitó hacer hasta que ha sido forzado por los jueces.

Mientras el expediente sancionador se abre paso por imperativo legal, la sombra de la joven trans, cuya tumba sigue a día de hoy marcada con un nombre que no era el suyo, continúa siendo el recordatorio de un sistema que, como denuncian las entidades y la oposición, falló estrepitosamente en vida y pretendió ignorar la violencia tras su muerte.

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