“Hay que huir de las soluciones mágicas”: los consejos de los administradores de fincas para evitar estafas en la reconstrucción

Puertas rotas, garajes sin desinfectar, buzones con un palmo de lodo, trasteros arrasados. Es el escenario habitual para miles de vecinos de más de una treintena de comunidades de propietarios de la zona cero de la dana. Catarroja, Paiporta, Massanassa… La Asociación de Damnificados Dana Horta Sud ha recopilado decenas de casos de vecinos que temen que una empresa de reformas de fuera de la Comunitat Valenciana les haya estafado. Una sospecha que también ha llegado a oídos del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, que se muestran preocupados y recomiendan a las comunidades de propietarios huir de las “soluciones mágicas”.

“Ha afectado a más gente de la que pensamos inicialmente”, reconoce Sebastián Cucala, presidente del Colegio. No sabe con exactitud cuántas comunidades podrían estar afectadas, ni preveían que ocurriera algo así. Pero sí tiene claro qué líneas se deberían seguir para evitar caer en ese tipo de malas prácticas.

Huir de soluciones mágicas y servicios llave en mano

Asegura que el órgano colegiado se reunió con la asesoría jurídica “como comité de crisis” días después de la catástrofe. Juntos, redactaron una circular para todos los administradores de las comunidades afectadas. “Queríamos llamar a todos a huir de las ofertas que se pudieran recibir de soluciones mágicas o tremendamente atractivas para las comunidades”, indica Cucala. Ya habían empezado a escuchar de algunos compañeros que algunas compañías de reformas empezaban a ofrecer en la zona cero “un servicio llave en mano”, por el que ofrecían “hacerlo todo sin que nadie tuviera que coordinar las obras ni a diferentes gremios”.

Lo primero, dice, es entender cómo la empresa ha podido apropiarse de los fondos que las comunidades de vecinos recibían en concepto de ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros. Lo ha hecho, al menos en muchos casos, en virtud de contratos firmados con las comunidades. En esos contratos se ha firmado la subrogación de los derechos de la indemnización del Consorcio, explica Cucala. Es decir, un mecanismo contractual por el cual los ingresos de las ayudas del Consorcio iban a para a la empresa. “Este tipo de soluciones deja a la comunidad atada de pies y manos porque entrega toda la solución a una compañía a la que es cierto que no tienen que pagar de su bolsillo pero que recibe un cheque en blanco”, afirma el presidente de los administradores colegiados.

Recomiendan un director de la obra externo

Para evitar ese poder casi absoluto, los administradores colegiados recomiendan, en lugar de suscribir ese tipo de contratos, contratar a un técnico externo para que actúe como director de obra y “defienda los intereses de la comunidad”. Además, añade Cucala, un director de obra externo hace más sencillo verificar si los trabajos pactados se van ejecutando.

Además, si se formaliza la relación con empresas de reformas mediante contratos, desde el Colegio insisten en que este debe reflejar cuál va a ser el contenido de la obra, los plazos de ejecución y unas penalizaciones en caso de incumplimiento. Si la comunidad no tiene el dinero suficiente como para acometer obras muy costosas, cree el presidente de los administradores colegiados, es mejor acudir a la financiación de los bancos, que “abrieron líneas de financiación específicas con periodos de carencia para los damnificados por la dana”. “Desaconsejamos la subrogación, que en ningún caso se acepte esa modalidad, sino que es mejor funcionar con reparaciones avaladas por las certificaciones emitidas por el arquitecto al frente de la obra”, dice.

La circular con esos procesos se envió, y los administradores colegiados compartieron esas recomendaciones con las comunidades que administran en la zona cero. “Lo que pasa es que una cosa es lo que asesora el administrador y otra es la toma de decisiones, que se adopta en junta de propietarios”, advierte Cucala. “Éramos conscientes de que la situación de desesperación y devastación de las comunidades era caldo de cultivo fácil para quien se quisiera aprovechar de esa situación”, reconoce. A quien le haya ocurrido, Cucala recomienda acudir a la vía judicial, después de agotar todas las vías para reclamar a la empresa que haga las obras que tiene comprometidas.

Pasaron las semanas, luego los meses, y por los canales de contacto entre administradores colegiados se empezaron a escuchar preguntas primero, quejas después. “Empezamos a detectar que se preguntaba por si había habido problemas con una empresa determinada”, indica Sebastián Cucala. La recurrencia de las preguntas les hizo pensar “que no iba a haber una solución fácil ni rápida”. Así ha sido.

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