La Generalitat abre expediente por el caso de la joven trans enterrada con un nombre masculino en Aspe

La Generalitat ha procedido a la apertura formal de un expediente administrativo para investigar los hechos relacionados con la sepultura de Daniela, una mujer trans enterrada en el cementerio de Aspe (Alicante) bajo una identidad masculina. Esta resolución administrativa se produce tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que insta a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a incoar el procedimiento sancionador previsto en la Ley 23/2018 de la Generalitat.

La apertura del expediente supone un cambio en la actuación de la Administración autonómica, que inicialmente había desestimado la denuncia presentada por la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas. En aquel momento, la Conselleria alegó que la entidad no poseía legitimidad para intervenir en lo que consideraba una decisión del ámbito privado de la familia de la fallecida.

Petición de responsabilidades políticas

La decisión de la Generalitat ha generado reacciones en el ámbito parlamentario. El grupo Compromís ha solicitado formalmente este viernes dimisiones en la Conselleria de Igualdad, encabezada por Susana Camarero. El diputado y portavoz de Políticas LGTBI de la coalición, Francesc Roig, ha calificado la resolución judicial como un indicador de la "inacción" administrativa previa. Según Roig, el departamento "miró hacia otro lado" al negarse a investigar los hechos de oficio cuando se tuvo conocimiento de la situación.

Desde Compromís se recuerda que esta cuestión fue trasladada directamente a la consellera durante un Pleno de Les Corts sin obtener respuesta. La formación vincula la apertura del expediente no a una voluntad propia de la Conselleria, sino al cumplimiento del mandato judicial que insta a investigar si se produjo una infracción de la normativa vigente en materia de diversidad e identidad de género.

Marco jurídico y resolución judicial

El origen del caso se remonta a abril de 2022, tras el fallecimiento de Daniela en Santander. A pesar de que la joven había completado el cambio de su nombre en el Registro Civil, fue sepultada en Aspe con su necrónimo (nombre de nacimiento) y fotografías de su etapa anterior a la transición. La sentencia del TSJCV determina ahora que las asociaciones de defensa de los derechos trans tienen un interés legítimo para denunciar estos hechos, incluso cuando la persona afectada ha fallecido.

El tribunal insta a la Administración a evaluar si este "borrado de identidad" en una lápida constituye una infracción administrativa según el artículo 65 de la Ley 23/2018. Dicha ley tipifica como infracción los actos que supongan una discriminación por razón de identidad o expresión de género. El fallo judicial subraya que la protección de la dignidad personal debe prevalecer en el ejercicio de las competencias de la Generalitat.

Próximas fases del procedimiento

Con la instrucción del expediente ya en marcha, la Generalitat deberá recabar los testimonios de las partes implicadas y analizar las pruebas documentales sobre el cambio de nombre registral de Daniela. El procedimiento administrativo determinará si existe una responsabilidad sancionable y si procede la rectificación de los elementos de la sepultura para que concuerden con la identidad legal de la fallecida.

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