Las 35 horas en sanidad, la eterna e incumplida promesa, y las múltiples excusas del conseller Gómez

"Tenemos un factor añadido [para las 35 horas] que es el estatuto médico, un problema que la ministra García ha abierto y ahora quiere que resolvamos las comunidades autónomas". Así se expresó el conseller de Sanidad, Marciano Goméz, este viernes en València, dos días después de que los sindicatos sanitarios -excepto CESM- protestaran frente a la Conselleria reclamando la reducción de su jornada laboral; y matizó sus declaraciones del martes en Requena, donde dijo que "en tanto en cuanto no se resolviera" la cuestión del estatuto, no las pondría. Este viernes añadió que no "se esperaría" a la negociación nacional y que la medida depende de la decisión de la mesa general; lo viene repitiendo desde hace casi dos años. Referirse al Estatuto Marco es un nuevo matiz de la postura cambiante de Gómez desde su llegada al Consell y un revés más para los más de 70.000 profesionales de la sanidad pública valenciana, quienes llevan toda la legislatura esperando una medida, cuya fecha prevista para implantarse en su totalidad era el 1 de enero de 2025, hace un año, y que, sin embargo, dista de convertirse en una realidad; está en pausa sine die.

El gobierno del Botànic acordó con los sindicatos, en marzo de 2023, su puesta en marcha progresivamente hasta culminar en enero de 2025. En vez de una jornada de 35 horas semanales en la práctica era más bien una reducción del total de horas trabajadas a lo largo de todo el año; serían 21 menos en 2023 y 42 adicionales en 2024. La primera justificación dada por Gómez, tras su nombramiento como miembro del Consell, fue la falta de una memoria económica y de una partida presupuestario, lo que le llevó a plantear la nulidad del acuerdo que, finalmente, realizó con el aval de la Abogacía de la Generalitat.

Los cambios de discurso de Gómez

Desde entonces, el político ha ido encadenando diferentes excusas para postergar su puesta en marcha. En noviembre de 2023, prometió una jornada real de 35 horas de lunes a viernes que entraría en vigor a partir del siguiente año. Modificó su discurso en marzo de 2024, cuando la negociación con los sindicatos se bloqueó, al referirse a enero de 2025 como fecha para comenzar a implantarla. Poco después, siguió defendiendo la medida, pero evitó hablar de plazos. Cambió de nuevo en abril de 2024, cuando el entonces president Carlos Mazón llegó a un acuerdo con los sindicatos en la mesa general para implantar las 35 horas en toda la administración autonómica. Gómez aprovechó ese pacto -"un interín" en su propia negociación, como explicó este viernes- para virar por tercera vez su discurso e introducir su obligatoriedad de "plegarse" a los tiempos generales, aunque el acuerdo permitía la opción de introducirse en los diferentes ámbitos de la Generalitat de forma asincrónica. "La mesa general está por encima de la sectorial y, cuando haya un acuerdo, lo aplicaremos", prosiguió Gómez este viernes, a la vez que defendió querer "estar bajo el paraguas de la mesa general" para "homogeneizar" las condiciones laborales de todo el funcionariado autonómico.

Con sus recientes declaraciones, el titular de Sanidad introduce una cuarta justificación y explota sus críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su falta de acuerdo con los facultativos de toda España por la negociación de un estatuto propio, por el que ya se han convocado cuatro huelgas de médicos en la Comunitat Valenciana, la última esta semana, pese al pírrico apoyo de los médicos valencianos; solo un 3 % se han sumado al último paro. Es cierto que el Estatuto Marco puede establecer un marco común para el personal sanitario de toda España, pero es igualmente cierto que la Generalitat puede, gracias a ostentar las competencias sanitarias, decidir una jornada propia. De hecho, todas las comunidades -a excepción de la valenciana, Madrid y Cataluña- ya cuentan, o están en proceso, de implantarla completamente.

'Fuga' de profesionales

Cuando el Botànic anunció el acuerdo, los cálculos hablaban de la necesidad de destinar 130 millones de euros más para hacer posible la contratación de entre 1.500 y 2.000 sanitarios adicionales necesarios para paliar la reducción de la jornada laboral. Era una obviedad que si cada sanitario trabajará 130 horas menos al año, será necesario ampliar una plantilla ya de por sí fatigada y saturada por el aumento de la carga asistencial desde la pandemia. "Lo peor no es el ninguneo a los trabajadores, sino la pérdida de competitividad de la sanidad valenciana -, esgrime el diputado de Compromís Carles Esteve-. Hemos pasado, en dos o tres años, de ser una autonomía de recepción de sanitarios a perder gente hacia otros territorios porque Gómez y el PP no quieren cumplir con la palabra dada". En la actualidad, las nuevas generaciones no solo valoran la retribución, sino la posibilidad de disfrutar de una mayor conciliación.

La oposición pronostica un cierre de legislatura sin la llegada de las 35 horas, una predicción cada vez más certera a un año y medio de las elecciones. "Marciano Gómez comenzó su gestión criticando el acuerdo del Botànic, pero acabará el mandato sin haber hecho absolutamente nada al respecto", defiende el socialista Rafa Simó, quien critica al PP por apostar por una "sanidad pública cada vez más débil".

"Falta de voluntad"

Los sindicatos sanitarios critican la "falta de voluntad negociadora y de diálogo real". Así lo defiende Omar Ruiz, secretario sanitario de CSIF, quien acusa a Gómez de pretender reorganizar horarios sin reforzar plantillas y exige la implantación "inmediata" de las 35 horas, así como la adopción de medidas para fortalecer la sanidad pública y mejorar las condiciones del personal. De hecho, pese a que la mesa general permite negociar de forma asincrónica, Eva Plana de UGT reconoce que "tal negociación todavía no se ha hecho efectiva", mientras se siguen perdiendo profesionales aquí que "prefieren irse a otra autonomía".

Una de las claves, ¿es la jornada de 35 horas viable? "Perfectamente -, esgrime la secretaria general sanitario de CCOO, Yolanda Ferrández-. Otras comunidades ya la han aplicado y aquí se sigue negando, bloqueando además la negociación colectiva". Por su parte, Marga Almajano de Intersindical la defiende como una medida "basada en criterios de bienestar laboral y calidad del servicio público" y señala su beneficio para "retener profesionales" y evita "la fuga de personal hacia la sanidad privada u otras comunidades".

Las consecuencias de la "inacción" de Gómez son, en su opinión "un castigo al personal sanitario, un empeoramiento de las condiciones laborales y un daño a la calidad asistencial". Y concluye: "Las 35 horas no pueden seguir siendo una promesa incumplida".

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