Denuncian irregularidades en la aplicación de la Ley de Extranjería en la Comunitat Valenciana

La Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Migrants ha denunciado irregularidades en la aplicación de la Ley de Extranjería en la Comunitat Valenciana, especialmente en los procedimientos de regularización por arraigo sociolaboral y socioformativo. La plataforma, que agrupa a diversas entidades que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, advierte de que "se están exigiendo requisitos que no contempla la normativa estatal".

Según la Mesa, una norma de rango inferior estaría imponiendo condiciones adicionales a las recogidas en la propia Ley de Extranjería, lo que, de confirmarse, supondría una vulneración del principio de jerarquía normativa recogido en la Constitución. En este sentido, recuerdan que la ley establece que el informe de inclusión social elaborado por las oficinas Pangea no es ni vinculante ni obligatorio para acceder a la documentación que permite residir y trabajar en España.

Sin embargo, la entidad denuncia que la Generalitat Valenciana está exigiendo este informe como un requisito imprescindible para la regularización, condicionándolo además a la realización de una formación reglada o a la asistencia a una denominada “escuela de acogida”. Para la Mesa, esta práctica convierte el informe en una condición indispensable para la obtención de los permisos de residencia y trabajo, a pesar de que la legislación no lo establece así.

La plataforma también alerta de la existencia de criterios desiguales y arbitrarios en la emisión de estos informes. En palabras de su portavoz, Yessica Díaz Soto, se está produciendo una aplicación discrecional de la norma: “¿Por qué no se valoran otros certificados de cursos y talleres realizados en ONG, así como otras pruebas de integración, como pertenecer a una asociación o ser usuario de una biblioteca pública?”, cuestiona.

Ante esta situación, la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Migrants considera que la práctica actual es injusta y contraria a la ley. Por ello, exige una revisión de la aplicación de la regularización por arraigo sociolaboral y socioformativo para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar que la inclusión social de las personas en situación administrativa irregular se valore de manera justa y equitativa.

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